Jarsún y Exeni y el dipu-policía Orozco quieren comprar pistolas Taser

El saenzismo se mete en un debate que surgió en Buenos Aires. De la propuesta del miembro de la RAP y el empresario de los fiambres, no hay muchas luces. En cambio, el del hombre de Rosario de la Frontera, que enfrentará juicio por torturas y apremios ilegales de cuando era oficial, podría encajar en la crisis institucional que asola a la Jefatura de Policía. Repudio de organismos de derechos humanos.

Por Carlos Córdoba

El asesinato a cuchilladas de un efectivo de la Policía Federal reavivó el debate por el uso de las pistolas Taser en el seno de las fuerzas. Si bien el hecho ocurrió en Buenos Aires y no se trató de un caso delictivo, sino más bien de un individuo que no estaba en sus cabales, la discusión en torno a la implementación de estas armas de electrochoques llegó a Salta.

Los diputados Ignacio Jarsún, de Rosario de Lerma, y Omar Exeni, de Capital, pidieron al gobernador Gustavo Sáenz que compre las pistolas Taser con el fin de  “equipar a nuestra policía”. En tanto Gustavo Orozco, legislador de Rosario de la Frontera y ex miembro activo de las fuerzas, también sumó su propuesta para adquirir esas armas, aunque atada a un reglamento que especifica cuándo y cómo usarlas.

De esas iniciativas surgen algunas preguntas: ¿Cuáles son las intenciones de quienes impulsaron este debate en la provincia? ¿Es viable la compra de esas pistolas en la situación económica actual? ¿Cuánto valen? ¿Los policías salteños realmente necesitan portar una Taser? ¿Por qué?

Son varios los que piensan que Jarsún y Exeni ven mucha televisión y que justamente por eso se les ocurrió esa idea. Otros creen que estaban aburridos por el cierre de los gimnasios- aunque tengan elementos en sus casas para no perder el ritmo- y acordaron subirse a ese colectivo como una travesura. Quien esto escribe prefiere ahondar en la cuestión. Resulta que, más allá del espíritu de la propuesta, los diputados sumaron a su jefe político a una discusión que no le favorece. No le favorece desde el punto de vista de la gestión: hay problemas más urgentes en la vida cotidiana de la sociedad, entre ellos el clímax en la institución policial por mejoras salariales, atención médica y plan de viviendas.

Es que, en medio de la crisis sanitaria, económica, laboral, fiscal, climática, tecnológica y educacional que atraviesa la provincia, el oficialismo legislativo propone comprar pistolas que cuestan alrededor de 3.000 dólares cada una, es decir unos 230.000 pesos. Con el presupuesto de 30 Taser se podría colocar una red de oxígeno- no con tubos- en un hospital del interior provincial y, así, brindarles asistencia respiratoria a varias familias, por ejemplo. Desde ese punto de vista, las arcas públicas no se prestan para incursionar en tales inversiones.

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Ahora bien, sorteado el costado económico de la iniciativa y el sentido de la oportunidad, huelga decir que hay un trasfondo de tipo ideológico. El progresismo suele esquivar al debate en torno a la Seguridad o bien lo encara desde una postura que pondera la reminiscencia dictatorial entre las fuerzas y que tiende a generar exclusión. De un lado, los derechos humanos. Del otro, la maldita policía. Se genera así una falsa dicotomía que generaliza y deja en manos de la derecha punitivista las problemáticas en torno a las fuerzas de seguridad, que son ciudadanos y también votan.

«Nacho» Jarsún quizás entiende su posición ya que integra la Red de Acción Política (RAP), usina ideológica estadounidense financiada por grandes empresas transnacionales, pero lo más probable es que no encuentre eco en la institución como sí pueden tenerlo otros, al pasar de una iniciativa que ya sentó malos precedentes en el mundo. Son los mismos Jarsún y Exeni que votaron en contra del testeo masivo para Covid-19 a personal sanitario. Ahora quieren sacar rédito político sumándose a una medida rimbombante en la agenda pública.

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Gustavo Orozco es diputado por Rosario de la Frontera y antes de llegar a su banca fue jefe de la Brigada de Investigaciones en esa localidad. Está denunciado junto a otros de sus camaradas por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales (colegiado). Recientemente la Corte de Justicia definió qué juez debe tramitar el juicio, luego de una serie de maniobras que dilataron en el tiempo la causa. Hace unos días, mientras se profundizaban los reclamos, intentó emitir una señal que calme los ánimos en la familia policial, incluso generando las sospechas de un posible reemplazo de Norma Morales, a cargo de la Jefatura de Policía. Y ahora encontró una nueva rencilla.

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Sobre el tema:

Con un proyecto de diez artículos, el dipu-policía Orozco quiere que la Policía de Salta se adhiera al Protocolo del uso de Armas de la Capital Federal e incursione en la aplicación de pistolas Taser, las cuales deberán disparar dos dardos de acero inoxidable a seis metros mínimos, tener láser y linterna además de fecha, hora y estado de la batería, y contar con botones ambidiestros. La propuesta es que la utilicen quienes ocupen cargos de Inspector, Ayudante, Subayudante o Auxiliar Mayor y que hayan sido instruidos para su empleo en tres casos particulares, según se desprende del artículo 2º:

  • Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien represente o manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o autolesionarse;
  • Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas;
  • Para impedir la comisión de un delito de acción pública

Luego, el proyecto describe lo que entiende como “peligro inminente” y avalaría el uso de esas armas no letales: cuando se desarrollen “conductas amenazantes que pongan en peligro la integridad física del agente o de terceras personas”; si hay “conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas”; “cuando el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”; y cuando “sea estrictamente necesario el cumplimiento de sus deberes en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Orozco sostiene que la adquisición de estas armas busca la “defensa de la vida de todos los ciudadanos y sobre todo evitar muertes injustas” y en sus argumentos, el texto señala que “a ningún policía se lo forma para que se convierta en homicida porque sin dudas abatir a un ser humano por más delincuente que sea, creo que deja secuelas imborrables en el personal”. En definitiva la norma es, cuanto menos, ambigua por su definición, ya que la deja a libre interpretación, y económicamente complicada.

Así las cosas, los diputados oficialistas Jarsún, Exeni y Orozco proponen al Ejecutivo que realice un importante gasto en plena crisis económica sin siquiera aportar una idea acerca de la financiación del mismo. Horacio Rodríguez Larreta puede hacerlo si quiere porque el producto bruto interno de la Capital Federal es el más grande de Argentina y de Latinoamérica, en cuanto a distritos autónomos se trata. En cambio, Salta tiene un presupuesto altamente dependiente de fondos nacionales.

Salvadas las diferencias en cuanto a la profundidad de las iniciativas y las intenciones detrás de cada quien (generar capital político y/o instalar un debate ideológico), la idea de usar estas pistolas invita a pensar si es que realmente son necesarias en la provincia.

Habría que analizar cuántos oficiales han sido heridos en los últimos años, en qué condiciones y lugares, entre otras cosas, para poder fundamentar la “eficacia” y “eficiencia” hipotética del uso de las Taser que se quiere. O al menos preguntarles a todos funcionarios policiales cuántos de ellos sienten y creen, con la mano en el corazón, que van a sus trabajos con altas posibilidades de ser asesinados día a día. Además, bueno sería entrecruzar la evolución del delito y sus magnitudes para aunque sea imaginar el “peligro inminente” que posibilitaría a las pistolas- si hubiere un policía justo allí- impedir la comisión de un delito.

En el caso de Salta, no hay estadísticas- o al menos no están disponibles públicamente- actualizadas para tener en cuenta a la hora de debatir si Taser sí o no. Aquí, ahora, no existen más que expresiones de deseo. Los fundamentalistas de la mano dura no exponen un diagnóstico y ya arrojan una solución.

De momento, la Asociaciación de Derechos Humanos Coca Gallardo y la Comisión de Familiares de Detenidos-desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, repudiaron el proyecto de Jarsún y Exeni señalando que el uso de las armas Taser “es un claro retroceso en materia de derechos humanos” ya que “entre 2001 y 2012 Amnistía Internacional denunció al menos 500 muertes en los Estados Unidos a causa de su implementación”. Y agregó, además, que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas recomienda “abandonar el uso de armas eléctricas Taser” ya que “causa un severo dolor que constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”, según el informe del organismo internacional.

Por su parte, y de forma paradójica, el propio Orozco también cita a la ONU. Dice que “desalientan el uso de las armas de fuego y establece que la fuerza se usará cuando los demás medios legítimos resulten ineficaces, y el uso de la fuerza no acarre consecuencias más lesivas”. Hay que decir que este medio no sabe si el proyecto fue presentado o todavía no; aseguran que tiene la tinta fresca.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, explicó en FM Radio Con Vos que la discusión pública tras el hecho del policía Roldán que reflotó el debate por el uso de las pistolas Taser es “correr el eje del problema”.

Hasta ahora, no hubo una posición pública del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, a quien los organismos de derechos humanos han criticado desde su asunción por ser un negacionista de la última dictadura. De igual forma, la escalada de casos de coronavirus en las fuerzas y el malestar de vecinos que motorizaron reclamos por robos marca la mirada crítica hacia esa cartera.

Si bien es cierto que la administración Sáenz no se destaca por la eficiencia a la hora de priorizar gastos (sino no hubiera gastado más de un millón de pesos por día en publicidad que aparentemente no le sirvió), avanzar en el sentido propuesto por los diputados sería como pegarse un tiro en el pie. Un tiro que, justamente, no sería eléctrico pero que podría equivaler a un shock en la discusión pública ante una oposición que tiene los cubiertos en las manos.

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