Intervención del IPSS: las claves para entender el decreto del Gobierno

• La Provincia intervino la obra social provincial y designó al contador Emilio Savoy por 180 días.
• Una deuda que asciende a 25.000 millones de pesos, reclamos de los profesionales y una polémica que envuelve a Gladis Sánchez: los condimentos de la decisión. 

A través de un decreto (N°108), Gustavo Sáenz dispuso la intervención del Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS) por el plazo de 180 días y encomendó al contador Emilio Savoy “recuperar el equilibrio y eficiencia de los servicios que presta a sus afiliados”.

La decisión del Gobierno de la Provincia se produjo en medio de serios problemas económicos-financieros y ante numerosas sospechas de irregularidades en el manejo de la institución que contiene a casi 300 mil afiliados.

En el decreto gubernamental se hace alusión al déficit de las obras sociales del país en general y del IPS en particular y sostienen que el mismo “se profundizó por la alta variabilidad de insumos y medicamentos” propia de la coyuntura económica.

“Lo que buscamos es solucionar el problema, regularizar la situación de los servicios del IPS para que la prestación vuelva a ser normal. En ningún caso existe la posibilidad de una privatización ni nada por el estilo”, afirmó Savoy.

Además, el interventor del IPSS dijo que revisarán “todos los convenios” que tiene la obra social para determinar “cuáles son realmente convenientes para el Estado” y anticipó que pedirán a los profesionales que atienden con la obra social que presten colaboración.

DEUDA MILLONARIA

Luego de que se conociera la decisión del gobierno, Savoy dijo al diario El Tribuno que la deuda del IPSS asciende a la modesta cifra de 25.000 millones de pesos. Ese dinero es parte del reclamo de diversos prestadores, particularmente los cuerpos colegiados de profesionales.

Por caso, vale mencionar las medidas de fuerza que adoptaron el Circulo Medico de Salta (corte de crédito) y la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta (declaró el estado de alerta institucional como forma preventiva al corte de crédito).

“La falta de previsibilidad en el pago de los fondos- ya de por si atrasados- afecta gravemente la estabilidad económica de nuestros profesionales y pone en riesgo la continuidad de la atención a los pacientes”, sostuvieron desde la AFKS.

En las últimas semanas los reclamos a la obra social perforaron la frontera de la institución que estuvo al mando de Gladis Sánchez y comenzaron a picar cerca de las paredes de Finca las Costas, lo que motivó la intervención de Sáenz.

Otro de los puntos críticos para Sánchez tuvo lugar al cierre del periodo legislativo 2024. Fue cuando la diputada Sofia Sierra denunció vínculos entre la ahora extitular del IPSS y una empresa constructora que se hizo de licitaciones publicas en el marco de la «Emergencia Hídrica».

“Desde que se puso en marcha esta emergencia, la empresa ganadora de casi todas las contrataciones abreviadas por la emergencia es Todo Construcción SRL”, apuntó la legisladora del PRO, tal como informó BUUFO. 

Y siguió: «¿Saben de quien es la empresa Todo Construcción SRL? De la doctora Gladis Sánchez, la presidenta del IPS. Ella es la dueña de la empresa que gana todas las contrataciones dentro de la Ley de Emergencia por escasez de agua”.

Así las cosas, la intervención del IPSS abre la puerta al saneamiento de una institución que cumple un rol fundamental en la salud de la ciudadanía salteña, y cuyo manejo venía siendo cuestionado desde distintos frentes. 

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