Intercepción de celulares y movimientos bancarios: así recolectaron las pruebas contra la banda de Penitenciarios y Presos

• Funcionarios penitenciarios y detenidos de Villa Las Rosas armaron una organización para negociar beneficios carcelarios y pasar elementos al penal a la carta.
• La Fiscalía detectó más de 100 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados. Uno de los casos involucra a Lautaro Teruel, hijo de un cantante de Los Nocheros.

La Unidad Fiscal conformada para llevar adelante la acusación en contra de las 20 personas que fueron imputadas por armar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal de Villa Las Rosas presentó una serie de pruebas que involucran a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos alojados en esa unidad carcelaria y familiares.

Los encargados de explicar el funcionamiento de esa estructura delictiva fueron el comisario Juan Pablo Sánchez de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el subcomisario mayor Ariel Barrera, jefe de la Unidad de Investigación del área de narcocriminalidad.

Sánchez y Barrera detallaron que gracias al entrecruzamiento de datos obtenidos con la intercepción de más de seis celulares pudieron “determinar con precisión las funciones que cada uno de los implicados ocupaba” en la banda conformada por internos y familiares y por celadores, jefes de pabellón, encargados de seguridad externa y miembros de la Junta Correccional (el órgano que aprueba o no beneficios carcelarios).

El aprovechamiento de cada quien era claro: las personas detenidas y sus allegados pagaban a los funcionarios para obtener favores durante el cumplimiento de sus penas, como ser traslados o ingreso a granjas, introducción de elementos varios a los lugares de detención (celulares, alimentos, pertenencias) y hasta atención médica preferencial, revelaron fuentes del caso.

Los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis “Cachorro” Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.

El representante del Ministerio Público Fiscal identificó al oficial José Luis Alarcón, alias “Cachorro”, como uno de los responsables de coordinar el ingreso de elementos prohibidos- como celulares- a través de familiares de internos. A su vez, el jefe de seguridad externa Sergio Faustino Moya fue señalado por la coordinación de traslados irregulares de internos y favores gestionados mediante personal de mantenimiento.

De acuerdo con Sánchez, Moya “continuaba operando incluso desde la alcaldía de Ciudad Judicial y que exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de alimentos o pertenencias, apropiándose de una parte de lo ingresado de forma ilícita”, y en paralelo se desempeñaba en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta Capital, desde donde también gestionaba beneficios de forma irregular a cambio de dinero.

Sobre las conversaciones interceptadas, la prensa del MPF citó los diálogos del interno Manuel Méndez con su madre, “en las que se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario”. “En uno de los audios, según relató el testigo, Méndez mencionaba haber conseguido «diez puntos de conducta», a pesar de no cumplir con ninguna norma, y se reía junto a su madre del manejo que ejercía sobre los agentes para conseguir privilegios e ingresar elementos sin control”, añaden.

Otro de los acusados, Baldomero Darío Córdoba, era el nexo externo en el circuito delictivo con una tarea: se encargaba de “canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios”. Entre los casos mencionados se encuentra el de Lautaro Teruel, hijo de uno de “Los Nocheros” condenado por abuso sexual en perjuicio de dos mujeres, una de ellas menor de edad en el momento de los hechos. Teruel habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a las gestiones de Córdoba y Bisceglia.

Si bien los involucrados buscaban que los pagos se hicieran en efectivo para no dejar huellas, hubo una transacción que quedó documentada en una cuenta bancaria que estaba bajo los radares de la investigación. Se trata de una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta a nombre de la esposa de Bisceglia.

Cuando la Fiscalía consultó al funcionario penitenciario si había más solicitudes vinculadas a Teruel, respondió que “se gestionaba cualquier trámite que pudiera mejorar sus condiciones de detención, incluyendo atención médica preferencial”. En suma, Sánchez dijo que lograron establecer una trazabilidad financiera con más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados.

Por su parte, Barrera precisó que la intervención de los celulares le permitió detectar “la comercialización de estupefacientes” en el interior del penal e identificó a proveedores, contacto logístico, funcionarios penitenciarios encargados del ingreso de la sustancia y el interno responsable de la distribución.

La audiencia de debate del juicio se extenderá por un tiempo. Está prevista la declaración de unos 180 testigos, según detallan fuentes judiciales.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces Federico Diez (presidente) y Javier Aranibar (vocal) y la jueza Paola Marocco (vocal). Por el Ministerio Público interviene la Unidad Fiscal encabezada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y conformada por los fiscales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt y la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

A los penitenciarios se los acusa por exacciones ilegales agravadas -concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

En tanto que los otros implicados serán juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.