Insólito: La Oficina Anticorrupción fue condenada por no entregar información requerida

El juez Lavié Pico señaló que no brindar documentación solicitada por la Auditoría General de la Nación es un acto arbitrario e ilegítimo. Los antecedentes y las declaraciones de Laura Alonso, su titular.

La falta de transparencia y democracia institucional durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo un capítulo con la condena del juez Enrique Lavié Pico a la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso.

El magistrado dio un plazo de 15 días para que la OA entregue toda la información y documentación que desde hace un año le oculta a la Auditoría General de la Nación, que busca analizar el funcionamiento institucional.

“La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia”, afirmó el juez en su decisión.

Anteriormente la AGN emitió un amparo contra el organismo que conduce Alonso y depende del Ministerio de Justicia porque se topó con numerosas trabas para acceder a información referida a funcionarios públicos, como ser las declaraciones juradas.

Lo que se le pidió a la OA, que se negó a brindar, es información sobre el trabajo en el organismo entre 2016 y 2018, manuales de procedimientos y guías de trabajo y un listado de denuncias radicadas ante la justicia, las recibidas y su estado actual.

El juez Lavié Pico sostuvo que en las sociedades democráticas es fundamental que las autoridades “se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”. La AGN está facultada por el Poder Legislativo a monitorear el funcionamiento de cualquier organismo de la administración pública pudiendo exigir datos, documentos, antecedentes e informes.

Sin embargo, la OA no funciona con tanta probidad; o al menos eso podría considerarse a la luz de los hechos. La propia Laura Alonso llegó a su cargo sin tener título como abogada, una condición que fue flexibilizada por el propio gobierno. Asimismo, se supone que ese cargo debería estar ocupado por alguien “neutral”, siendo que su titular fue diputada por la alianza de gobierno.

Por su parte, Alonso admitió a principios de este año que no impulsan causas contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, a pesar de ser uno de sus objetivos principales. Pero sí actúan en las que acusan a ex funcionarios del kirchnerismo.

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