Insólito: la CGT de Salta respaldó a Sáenz tras la aprobación de la Ley anti-protestas

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Salta parece estar a la deriva, pues sus dirigentes se reunieron con Gustavo Sáenz para expresar el apoyo al Gobierno tras la sanción de la Ley que limita la protesta social garantizada por la Constitución.

Del encuentro participaron el titular de la CGT, Carlos Rodas (Bancarios), el secretario gremial Martin Guaymas (Camioneros), y los referentes sectoriales Abel y Arnaldo Ramos (Asociación de Trabajadores de la Salud-ATSA), Fabián Guerrero (Panaderos) y Gustavo Soto (Unión Personal Civil de la Nación).

Según fuentes oficiales, el movimiento obrero acordó que realizara “todos los aportes necesarios a la reciente ley sancionada que regula la protesta social”. Un proyecto que se aprobó casi sin debate el pasado martes en Diputados y el jueves en el Senado.

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Asimismo, la CGT y el Gobierno coincidieron “en la necesidad de poder conciliar el ejercicio de los derechos de los trabajadores, consagrados por la legislación vigente, con los derechos ciudadanos, en el uso del espacio público y de la libre circulación”.

Los dirigentes sindicales y Sáenz también acordaron que, “en un marco de convivencia, es legítimo que se puedan” realizar protestas “cualquiera fuera su naturaleza como una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de peticionar ante las autoridades”.

No se explica qué se entiende por “marco de convivencia”, que bien podría quedar a la interpretación de la Policía habida cuenta que la ley establece que se debe informar a la comisaria de la zona- 24 horas antes- sobre la realización de una manifestación.

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En cambio, el parte de prensa oficial resalta “el permanente dialogo que siempre ha caracteriza (sic) la relación entre los trabajadores salteños y el Gobierno de la Provincia de Salta”. Fue un encuentro para exhibir respaldo en medio de fuertes críticas.

Además de Sáenz estuvieron el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, y el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes.

A contramano del apoyo de Rodas de la CGT y otros gremialistas, las Mujeres Sindicalistas de la CGT emitieron un comunicado para expresar su enérgico repudio a la ley anti-derechos que además de ser inconstitucional, “tiene errores de tiempo, de modo y de fondo”.

“No es momento de imponer, sino de consensuar. Esta ley aumenta el grado de confrontación. El modo en que fue tratada, entre las sombras, sin que los sectores involucrados puedan participar y emitir opinión, ya que no se trató en comisión en ninguna de las Cámaras, remite a prácticas nefastas que no queremos repetir”, señalan.

Y concluye con un pedido concreto: “Desde nuestra posición como Mujeres Sindicalistas de la CGT, vamos por un nuevo contrato social, proponemos como primera medida dejar sin efecto, derogar o vetar esta ley infame. Esta ley es ilegítima, nace muerta, atenta contra los derechos ya adquiridos históricamente por el pueblo”.

¿De qué trata el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y pasó en revisión al Senado?

El proyecto que obtuvo media sanción ayer busca “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión” con “la libre circulación” y la “preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada”.

Para realizar dicho reclamo, el proyecto pretende que se informe 24 horas antes a la Comisaría de la zona dejando datos sobre quiénes estarán a cargo de la movilización, que calles recorrerán, cuánto tiempo durará y cuáles son los motivos que la originan.

El proyecto habilita al Ministerio de Seguridad a establecer medidas para garantizar «el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos» y «la circulación de personas y/o vehículos» por un carril.

Si lo antedicho no se cumple, la iniciativa señala que las protestas «no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada» la manifestación y «será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justica». Tras ello, se propone la intervención del Poder Judicial.

En definitiva, busca modificar el inciso c) del artículo 77 de la Ley 7135 – Código Contravencional de la Provincia que establece arresto de hasta 20 días o multa de hasta 20 días a:

• “c) El que impida, altere u obstaculice la circulación de personas y vehículos por la vía pública o espacios públicos; o facilite o proporcione, de manera onerosa o gratuita, los medios necesarios para la comisión de dichas conductas.
• La sanción se elevará al doble cuando las conductas precedentes afectaren el tránsito por puentes, vías de acceso y vías selectivas del transporte público o sean cometidas por funcionarios públicos.
• El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.