Indígenas y legisladores kirchneristas impulsan prórroga a la Ley de Emergencia Territorial

La normativa, que vence el mes próximo, prohíbe el desalojo de las comunidades y promueve un relevamiento técnico-catastral-jurídico. Referentes indígenas, organizaciones y legisladores oficialistas confirmaron que trabajarán para lograr la prórroga y obtener mayores recursos.

Referentes originarios frente a la Legislatura de Salta exigiendo la prórroga a la Ley 26.160 en el Congreso Nacional - Foto Dr. Vilca Condorí

Este martes hubo un «abrazo» al Congreso de la Nación en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una jornada protagonizada por comunidades indígenas para visibilizar sus reclamos bajo la consigna «Prórroga y presupuesto necesario de la Ley 26.160 ya» que también se realizó en Salta, frente a la Legislatura.

La Ley de Emergencia Territorial Indígena prohíbe los desalojos de las comunidades, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad y obliga a los organismos estatales un relevamiento catastral de las tierras y sus habitantes. Fue aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner y prorrogada sucesivamente. Ahora vence en noviembre.

Habida cuenta la fecha del vencimiento de la normativa y la amenaza empresarial, los pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y legisladores del Frente de Todos impulsan un conjunto de acciones para lograr la cuarta prórroga de la normativa en cuestión y obtener mayores recursos para su ejecución.

«El compromiso de nuestro bloque es que antes del 23 de noviembre, que vence esta prórroga, podamos sancionar la norma y seguir acompañando a las comunidades indígenas no solo en esta demanda sino en todas las necesarias para mejorar su calidad de vida«, afirmó a Télam la diputada Paula Penacca tras una reunión con referentes indígenas y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el Parlamento.

Ya la senadora nacional Nora Del Valle Giménez pidió la incorporación de la prórroga a la ley para la próxima sesión de la Cámara Alta que cuenta con dictamen de comisión. «Consideramos que antes de su vencimiento podremos contar con el proyecto aprobado«, sostuvo la legisladora por Salta.

Según datos del INAI, mencionados por Télam, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país solo 745 cuentan con el relevamiento técnico-jurídico-catastral culminado. Esto significa que más de la mitad de las comunidades originarias espera la titularización de las tierras donde viven ancestralmente.

Penacca dijo que el oficialismo trabaja el proyecto de la senadora salteña para actualizar los presupuestos para que el INAI pueda cumplir con las demandas de la ley. En tanto que algunos pueblos originarios consideran que se necesita una ley de propiedad comunitaria indígena.

El caso Salta

Comunidades del norte salteño han denunciado en reiteradas oportunidades la avanzada empresarial sobre sus tierras, algo que se logra con la presunta connivencia de autoridades judiciales. Por tales motivos emprendieron movilizaciones hacia la Capital para expresar su reclamo ante el gobernador Gustavo Sáenz.

En agosto pasado referentes indígenas de comunidades que habitan en el municipio Salvador Mazza (Pocitos) del departamento San Martín anunciaron una caminata hasta Grand Bourg para expresar su repudio a los desalojos sufridos. «Nosotros no tenemos títulos de propiedad comunitaria, entonces nosotros parecemos usurpadores en nuestra propia tierra«, apuntó entonces Mariela Salgado de la comunidad guaraní El Milagro en diálogo con el programa Sapo de Otro Pozo (FM Noticias 88.1).

Anteriormente los pueblos originarios Wichi, Chorote, Chulupí, Tapiete, Qom, Guaraní, Chané, Kolla y Diaguita de Santa Victoria Este también emprendieron una marcha a pie hasta la capital provincial. Para evitar que lleguen a Casa de Gobierno y su reclamo adquiera mayor visibilización, Sáenz pidió a funcionarios que interceptaran a la comitiva en el interior.

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¿Cuáles son los objetivos de la Ley?

  • Declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.
  • Suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.
  • Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.

¿Cuál es el resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral?

  • Una Carpeta Técnica que se entrega a cada comunidad cuyo relevamiento ha sido culminado, que contiene los siguientes componentes:
  • Un Cuestionario Socio Comunitario (CUESCI), con los datos brindados por la Comunidad acerca de la situación actual en la que vive;
  • En las Comunidades Indígenas que acreditan ocupar tierras de manera actual, tradicional y pública, se entregan: Cartografías de ocupación con dichas características; cartografías de caracterización catastral y, de acuerdo al caso, diferentes mapas que reflejen las características de ocupación y la superposición con los titulares registrales, en caso de existir dichas cartografías se realizan con el insumo surgido durante el trabajo de campo del equipo técnico operativo en la comunidad. Si la situación territorial anterior a dicho trabajo era otra o posteriormente varía, esa realidad no se ve reflejada en las mismas;
  • Un Informe Histórico Antropológico que contiene el relato de la historia de cada Pueblo y cada Comunidad y la descripción de su relación con la tierra;
  • Un Dictamen Jurídico o Informe Legal que reúne todos los antecedentes legales de la comunidad, la información catastral y dominial de la tierra relevada y sugiere a la Comunidad posibles estrategias administrativas o judiciales para encaminar, a futuro y por otro medio, su reclamo;
  • Una Resolución Administrativa que da por realizado el relevamiento y, en caso de corresponder, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad.

La Carpeta Técnica es una herramienta que, en conjunto con otros elementos y con una futura Ley de Propiedad Comunitaria, posibilitaría encaminar la regularización de las tierras.

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