Imputabilidad a menores | Nanni, Zottos, Grande y Olmedo votan desigualdad, pero piden mano dura

La discusión acerca de penalizar a menores de 15 años ganó terreno en la agenda pública. Los legisladores salteños manifestaron su acuerdo, a pesar de que en Salta los casos de adolescentes en conflicto con la ley son muy escasos.

Por Emiliano Frascaroli

Brindar contención social a través de políticas a favor de la educación, el deporte y la generación de trabajo o más bien castigar la desigualdad. La discusión acerca de qué hacer con los menores de edad que tienen conflicto con la ley está dividida en dos. Una postura apunta a la prevención, es decir a la generación de oportunidades y posibilidades para los distintos estratos sociales, y otra socava la pena sobre un acto consumado e impulsado por la falta de prevención.

Es cierto que gran parte de la sociedad siente ese “hartazgo” por la inseguridad- que crece al compás de la crisis económica-, por lo cual las posturas de distintos espacios y referentes políticos buscan atender ese descontento y plasmarlo en un programa de gobierno de cara a las próximas elecciones. Tal es así que Cambiemos recogió el guante y ahora busca polarizar entre quienes piden mano dura y quienes no, cuando en realidad el objetivo es sacar del centro de la escena la distribución de los ingresos.

Los legisladores nacionales Andrés Zottos, Alfredo Olmedo y Miguel Nanni manifestaron públicamente su posición a favor de la baja de la edad de imputabilidad a menores. Martín Grande Durand no hizo saber su postura, aunque se presume que acompañará a su espacio político, que en definitiva es quien lo impulsa. Curiosa forma de combatir la inseguridad la de los diputados: en el Congreso votan a favor de leyes que perjudican a las mayorías y en la televisión acomodan un discurso para capitalizar votos, incluso desconociendo la realidad de su Provincia.

La directora de Justicia Penal Juvenil, María Juncosa Llimos, fue consultada al respecto y brindó detalles sobre la situación local. “La realidad es que, a nivel general, y salió un informe que hizo Unicef hace muy poco, donde señalan que los hechos cometidos por los menores son muy bajos en porcentaje, si bien los hay, pero la realidad es que es muy bajo”, explicó la funcionaria provincial a El Intra.

Además, Juncosa Llimos agregó: “En particular en la provincia de Salta nosotros tenemos muy pocos casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, más varones que mujeres, y también la realidad es que su mayoría son de 16 y 17 años”. A su vez, la encargada de la política en lo que refiere al sistema penal juvenil local especificó que al momento son 66 jóvenes los que tienen conflicto con la ley penal y tan sólo 6 casos del total son de menores de 16 años.

Si bien el Gobierno volvió a la carga con el tema de la baja de edad de imputabilidad, no ha presentado el proyecto final que enviaría al Congreso para ser tratado. No obstante, algunos especialistas ya salieron al cruce del oficialismo por considerar una medida sustancialmente mediática que no traerá efectos en lo que demanda la sociedad, que es la seguridad. De hecho, se interponen también los derechos de los niños, niñas y adolescentes vigentes en tratados internacionales de los cuales el Estado Argentino forma parte.

“Es sabido que la baja de la edad de punibilidad en países latinoamericanos, mediante reforma legislativa, no tuvo impacto en la reducción de los delitos cometidos por adolescentes, en tanto solamente se modificó la normativa para establecer cambios en el debido proceso del sistema penal juvenil, sin introducir políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida (efectividad de derechos económicos y sociales) del sector social del que proviene la mayoría de los  adolescentes que comenten delitos: pobres, varones en su mayoría, que han cometido principalmente delitos contra la propiedad, con fuerte déficit escolar, con familias desintegradas y de baja inserción en el mercado laboral formal”, detalló el especialista en derecho de familia y justicia de la niñez Gustavo Daniel Moreno en el diario Tiempo Argentino.

El cambio en el sistema penal juvenil puede ser una necesidad latente, aunque esto no quiere decir que bajar la edad sea una modificatoria que logre frenar la inseguridad. Y mucho más si los datos palpables advierten que los casos de delitos cometidos por menores de 18 años son ínfimos en el porcentaje total.

La solución está en una reforma jurisprudencial que atienda los derechos fundamentales de las personas por medio de la contención y en miras de la reinserción social. El Gobierno debiera buscar soluciones para disminuir la brecha de desigualdad y así garantizar que un pibe vaya a la escuela y que sus padres tengan trabajo en lugar de que salgan a robar por encontrarse en un laberinto sin posibilidades ni oportunidades. 

¿Y si los legisladores salteños prueban votando leyes en el Congreso que se encaminen hacia la igualdad social en lugar de aprobar el ajuste a la inversión pública, la destrucción del empleo y el deterioro de la educación? Tal vez así no necesiten utilizar sin un poquito de vergüenza una problemática social con fines políticos.

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