Guiño a los desmontes: Salta flexibiliza controles de cambio de suelo

Salta, Julio de 2013. Fotos Aereas del desmonte en la Finca San Francisco, Provincia de Salta. (c) Greenpeace

La Secretaría de Ambiente exime a empresas la realización de una audiencia pública y habilita uso ganadero de hasta 1.500 hectáreas. Especialistas señalan que la norma es ambigua y no especifica qué sucederá con áreas protegidas. «Las van a hacer pelota», advierte una especialista.

El Gobierno de Gustavo Sáenz flexibilizó los controles en materia medioambiental respecto a los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS). Es que, según la Resolución Nº 000333 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Alejandro Aldazabal, las empresas que presenten proyectos con «baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social» quedarán exceptuadas de la celebración de una Audiencia Pública.

Además, el organismo dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, que conduce Martín De los Ríos, establece que para los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal, «cualquiera sea la superficie de los mismos», la obligatoriedad de presentar Declaración Jurada de Aptitud Ambiental. En este caso, se aumentan las exigencias para desmontes menores a 300 hectáreas. 

Sin embargo, en su artículo 3º, la resolución exime de la realización de audiencia pública a las propuestas inferiores a 1.500 hectáreas netas de intervención inclusive. Y agregan que tiene un alcance para «cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo con ganadería integrada en un futuro».

Fuentes consultadas por BUUFO explicaron que de la normativa en cuestión lo más importante es lo que no está escrito; es decir, no especifican qué sucederá con el ordenamiento territorial y las zonas donde está vedada la tala de árboles, una problemática que se profundizó incluso en pandemia.

Por el contrario, dicen, el texto es ambiguo y deja a libre interpretación de los funcionarios de turno la aplicabilidad de la norma toda vez que señala, por un lado, que alcanza a «cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo con ganadería integrada en un futuro» y, por el otro, cuando califica de «baja intervención e intensidad» sobre el bosque y las comunidades involucradas.

Es decir, para unos puede haber un aumento de exigencias al aplicar el pedido para deforestación menores a 300 hectáreas, mientras para otros se trata de una flexibilización al no requerir audiencia pública. La falta de claridad de la normativa abreva las dudas, y siembra sospechas.

«¿Cómo van a medir una baja intervención o intensidad? Todo lo que se haga se va a encuadrar en ese artículo», dijo a este medio una docente universitaria con conocimiento en la materia. Y agregó: «Antes que nada tendrían que decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el amarillo«.

La categoría 2-Amarillo permite el aprovechamiento forestal, pero no así los desmontes. Al momento de reglamentar la norma de ordenamiento territorial, el gobierno salteño contabilizó 5.393.018 hectáreas en esa definición.

Ordenamiento territorial en 2009

Si bien la Secretaría de Ambiente minimiza el impacto de emprendimientos ganaderos de hasta 1.500 hectáreas, hay quienes advirtien que sería perjudicial no sólo para las zonas boscosas sino también para las comunidades aledañas. «¿Qué creen que son 1.500 ha, un potrerito? Las van a hacer pelota», dijo a este diario una especialista.

«En definitiva, para mí, esta normativa es una herramienta que han inventado a las apuradas para destrabar algunos pedidos de desmonte que deben querer liberar. El problema de fondo es muy grave ya que tienen que resolver qué van a hacer en el amarillo», señaló la fuente consultada.

En los argumentos, Aldazabal evoca la necesidad de «emitir un acto administrativo a fin de adecuar y definir con claridad las herramientas, instrumentos y/o institutos que deberán exigirse para la realización de dichas actividades». Además, sostiene que como autoridad de aplicación ambiental deben «definir mayores exigencias respecto de los requisitos que deberán observarse al momento de la presentación de los distintos planes de manejo» fijando un marco protectorio mínimo que no sea más permisivo que el establecido en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.

No obstante ello, paradójicamente se trata de una norma que flexibiliza el control para ciertas actividades en el marco de los planes de cambio de uso de suelo y, como se dijo, no especifica marco protectorio sobre las zonas amarillas. En declaraciones a la prensa a principios de año, el Secretario de Ambiente aseguró que serían «celosos custodios» del ordenamiento territorial. Resta saber si tal definición de política ambiental sigue vigente.

Este medio intentó comunicarse con autoridades gubernamentales, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.

Otro de los fundamentos esgrimidos por la cartera que conduce el ex titular del PRO en la provincia, Martín De los Ríos, es el Acuerdo Escazú ratificado recientemente por el Congreso de la Nación. Se trata de un convenio regional para América Latina y el Caribe que promueve el Acceso a la Información sobre el medio ambiente en los Estados firmante, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

Los argumentos que se citan en la Resolución serían contrarios a las decisiones finales si se exime la realización de audiencias públicas. ¿Cómo es que se menciona el Acuerdo Escazú para avanzar en una flexibilización contraria al espíritu del mismo?

La organización ecologista Greenpeace denunció que entre el 15 de marzo y el 15 de abril se desmontaron 6.565 hectáreas en todo el país, de las cuales 1.194 hectáreas de árboles fueron tumbadas en Salta.

Esta ONG apuntó a uno de los casos más graves: las 130 hectáreas taladas en la finca San Francisco, ubicada en el departamento San Martín, cuyo propietario es Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural de Salta y miembro de la Asociación de Productores de Granos del Norte. «Los desmontes en dicha estancia ya habían sido denunciados por Greenpeace en 2013″, explicaron.

«Es irresponsable y hasta suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Es hora de que, de una vez por todas, paren las topadoras”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Como sea, la administración Sáenz pareciera continuar con la política ambiental de sus antecesores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, períodos en los cuales se han desmontado miles y miles de hectáreas de bosques.

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