El Gobierno anuló los contratos de concesión de Macri por el peaje en autopistas
Fue a través de un decreto de Alberto Fernández, del ministro Katopodis y del jefe de Gabinete, Juan Manzur. «Son contratos que son absolutamente distorsivos», había señalado el Presidente. En el caso estuvo involucrado el salteño Bernardo Saravia Frías, ex titular del Tesoro en el gobierno de Macri, además de Iguacel, Dietrich y otros funcionarios.
El presidente Alberto Fernández impulsó la anulación de los contratos de concesión de las autopistas de Acceso Norte y Oeste en Buenos Aires que había firmado el expresidente Mauricio Macri en una maniobra que ha generado un perjuicio al Estado y beneficiado a empresas extranjeras vinculadas a exfuncionarios macristas que operaron en el proceso de ambos lados del mostrador.
A través del Decreto 633/2022, el gobierno del Frente de Todos ha señalado que los términos de la negociación que llevó a cabo el gobierno de Macri son «lesivos al interés general en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad«. El documento lleva la firma del Presidente, del ministro de Obras Publicas, Gabriel Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
La norma instruye a Vialidad Nacional a » interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad». En un acto oficial el presidente Alberto Fernández advirtió que los contratos «son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios«.
El periodista Ari Lijalad de El Destape sintetiza la maniobra macrista de la siguiente manera: «La historia de estas renovaciones de las concesiones de los peajes arranca en los 90 con Carlos Menem, sigue en 2006 cuando Néstor Kirchner les rechazó la dolarización de las tarifas, en 2015 cuando CFK les negó una renegociación ante las enormes ganancias y los aún más enormes incumplimientos que ya tenían y llega a Macri, que descartó los informes que establecían que era “realmente absurda” una renovación y les entregó a sus ex (¿ex?) socios un negociado que superó los 1.000 millones de dólares».
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Los contratos fueron posible gracias al visto bueno del ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien impulso la denuncia contra Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en torno a la obra pública en Santa Cruz. Iguacel ignoro un informe técnico que rechazaba la renovación del contrato, pero el exministro Guillermo Dietrich dio el visto bueno. Allí opero también Ricardo Stoddart, que venia de trabajar para las empresas beneficiadas, y el ex titular del Tesoro, el salteño Bernardo Saravia Frías.
Cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral acuso por defraudación al Estado a Saravia Frías, Iguacel, Dietrich y Nicolas Dujovne, describió las triquiñuelas como “un acuerdo previo de naturaleza clandestina” que generó “un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso”. Los ejes iban por:
- La prórroga de las concesiones por diez años más a las empresas que controlan el peaje en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste en Buenos Aires: las firmas Autopistas del Sol S.A. (de Sideco, Grupo Macri) y Grupo Concesionario Oeste. En este punto, no llamaron a licitación, como estipula la ley, y contrataron a un consultor externo para que avalara los pliegos, lo que le correspondía al Ministerio de Hacienda;
- El pago de casi 500 millones de dólares por parte del Estado a las empresas, que antes de pasar por Tribunales de la Argentina- como manda la ley- denunciaron supuestas inversiones no amortizadas ante el CIADI, un tribunal internacional que depende del Banco Mundial, pagándole incluso un valor que podría haber sido menos costoso para el Estado si se hacía el litigio siguiendo el debido proceso;
- La venta de las acciones que Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin antecedentes en el rubro llamada Natal Inversiones S.A. El fallo del juez describe cómo los papeles incrementaron su valor desde la llegada de Macri a la Casa Rosada: de un exiguo precio saltó a $14,50 en diciembre de 2015 y más adelante- devaluación, tarifazos y renegociación del contrato de por medio- treparon a $75,50, el precio de adquisición por parte de Natal a la firma Sideco de los Macri.
En concreto, pese al rol del Poder Judicial en la causa, Macri reconoció deuda de las empresas y un crédito sin explicar en detalles como han llegado a legitimar y calcular dicha deuda; los montos fueron dolarizados para maximizar las ganancias de las firmas; y finalmente se hizo una concesión hasta 2030 para garantizarles- con tarifas dolarizadas- el contrato para cobrar los peajes en dos autopistas por la que circulan millones de personas.
Alberto Fernández señalo ayer al anunciar la medida: «Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado«.