Estafaron personas humildes con el Salario Social Complementario: fueron condenados

Rosario de Lerma. Uno de los estafadores era titular de ATRES y también asesor de una senadora nacional. Fiscalía señaló que hubo una «violencia moral» para concretar los delitos. Anteriormente habían calificado a la causa como una persecución política.

Tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES), con asiento en Rosario de Lerma, fueron condenados por el delito de defraudación a la administración pública.

Los dirigentes captaban personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de tramitar beneficios sociales del Estado Nacional, específicamente el Salario Social Complementario. A cambio de esas gestiones, exigían un pago mensual o bien se quedaban con la totalidad de dos salarios, en ese entonces de $8.500.

Además, las víctimas eran obligadas a realizar tareas para la organización. “Debían prestar distintas tareas laborales, desde atender la sede de la asociación, hacer empanadas para la venta y vender rifas- caso contrario eran obligados a comprarlas ellos mismos-, hasta participar de actos políticos y realizar campañas de afiliación”, explicó la fiscal subrogante Paula Gallo.

Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, si los beneficiarios estafados no cumplían con las demandas de los dirigentes de ATRES eran amenazados con perder dicho subsidio, además del bolsón alimentario, para lo cual bloqueaban las tarjetas de cobro. De esta manera, y junto a otras maniobras de amedrentamiento, se ejercía un dominio absoluto sobre los afectados.

Sebastián Rodríguez/ Fiscales.gob.ar

«La fiscalía, al comenzar a intervenir y entrevistar a las víctimas, notó que algunas de ellas se resistían a explayarse sobre las maniobras por temor a perder el pago del subsidio, lo que evidencia el efecto de la violencia moral que se ejerció sobre ellos por parte de los dirigentes gremiales«, indicó el MPF.

El Juzgado Federal de Garantías Nº 2 dictó penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional, impuso el pago de $489 y reglas de conducta, entre ellas someterse al control del Patronato de Liberados y no tener contacto con las víctimas. De ese monto, las personas estafadas recibirán 5 mil pesos cada una.

Por otra parte, la fiscal señaló que se acordó también el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma, pues las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio. Fue tras el aval de directivos del Hospital Joaquin Corbalán.

En marco del acuerdo de juicio abreviado, la fiscal subrogante también solicitó el decomiso de bienes que fueron secuestrados en allanamientos realizados en la sede gremial de ATRES del departamento salteño y en la casa de los ahora condenados, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y una tablet.

Uno de los condenados fue el titular de ATRES y de la Federación de Trabajadores Agragios, además de asesor en el Senado de la Nación. Si bien no trascendieron nombres oficialmente, este medio supo que se trataría de Cándido Ojeda, quien luego fuera echado por la legisladora Nora Giménez. Las otras dos condenadas serían Carolina Reartes y Valeria Calizaya.

Esta condena es la segunda que se aplica este año en Salta por casos similares, pues en abril pasado el fiscal general Eduardo Villalba, de la misma unidad fiscal, alcanzó la condena de cuatro dirigentes deportivos de la localidad de Embarcación, quienes bajo la misma modalidad estafaron a numerosos beneficiarios que percibía el Sueldo Social Complementario. En ese caso también se impusieron condenas, tareas comunitarias y la donación de leche especial para niños y niñas.

La postura de ATRES

Según dijo Reartes tiempo atrás, las acusaciones formaron parte de una embestida del Poder Judicial, los medios de comunicación concentrados y poderosos grupos económicos que pugnan el rol de ATRES en la actividad.

“Venimos hace ya más de quince días que nos vienen ‘volteando’ en todos los medios, tanto en radio como en televisión, y hemos salido en un par de diarios también, donde se acusa a la organización, a los dirigentes, y a mi persona, de robo, de corrupción, nos acusan de estafa hacia trabajadores”, había señalado la dirigente gremial.

Además, según detalla el sitio Sindical Federal, Reartes apuntó: “Logramos hacer tantas cosas que, a estos terratenientes, a estos grupos económicos, que tenemos aquí en la Provincia, les molesta”. En ese sentido, mencionaron haber conseguido diferentes beneficios para los y las trabajadores, entre ellas el beneficio del programa Intercosecha con un aumento de más del 100%, un convenio en el Hospital zonal para que puedan trabajar allí, y la firma de un convenio con los productores a cambio de quince hectáreas para las cosechas.

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