“Ente Regulador cómplice”: siguen las protestas en Orán por el tarifazo de EDESA
La ciudadanía norteña anticipa un corte en ruta nacional 50 y la presentación de un amparo en contra de las subas en la tarifa eléctrica. Señalan que el Gobierno implementa medidas insuficientes por tres razones: la segmentación nacional, la exclusión de comercios y el corto plazo de rebajas.
Los habitantes del departamento Orán continúan protestando en contra del tarifazo en la energía eléctrica que aplicó la empresa prestataria del servicio EDESA, cuyos incrementos superaron el 100% en algunos casos.
Si bien el Gobierno redujo el valor de la tarifa en la zona junto con los departamentos de San Martin, Anta, General Güemes, Rivadavia y los municipios El Galpón, La Candelaria y El Potrero, gran parte de los usuarios afirman que es insuficiente.
En primer lugar, señalan que la merma del 50% para usuarios con tarifa social y del 30% para usuarios residenciales no contempla a los comercios. Esta exclusión pone en jaque las economías de los pequeños locales y sus dueños se debaten entre cerrar, pagar salarios o la boleta de luz.
A su vez, dicha tarifa diferencial para zonas cálidas no tiene en cuenta la segmentación que se aplica desde el Gobierno Nacional. Desde el Ente Regulador de Servicios Públicos no aclaran si han utilizado o no esos datos, simplemente informaron que alcanza a 70 mil familias.
Pero también hay un factor que tiene que ver con las altas temperaturas y el plazo comprendido para las rebajas tarifarias: el Gobierno dispuso que sea desde noviembre a febrero, cuando en realidad desde septiembre hay días con 35° de temperatura.
Con esos tres argumentos que versan sobre el precio de la energía eléctrica, sumado el pésimo servicio, la ciudadanía norteña anticipó que realizaran un corte en la ruta nacional 50 el jueves. Al mismo tiempo, se presentaría un recurso de amparo ante el Poder Judicial y el Ente Regulador, organismo al que acusan de ser cómplice de EDESA.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, ordenó que la Policía intervenga en la zona para evitar cortes de ruta. De acuerdo a información de la prensa oranense fueron afectados todos los policías de la Unidad Regional.
Antes de que se agudizaran las protestas en el norte provincial, Domínguez implementó- con aval del gobernador Gustavo Sáenz- el “protocolo anti-piquetes” que de alguna manera legaliza la represión a la protesta social.
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