En pleno conflicto educativo-sanitario, Diputados da luz verde a una ley anti piquetes
El texto fue aprobado con 33 votos a favor y 21 abstenciones. ¿Qué es lo que se propone para “conciliar” las manifestaciones y la libre circulación? Los entretelones de una sesión que quedará para la historia: el rol del ministro Villada, la bajada de línea de Amat Lacroix y el desmayo de Ralle.
Docentes del interior protestan por mejoras salariales y laborales
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que pretende establecer un marco regulatorio sobre la protesta social en Salta. El texto fue presentado hace varios meses por las legisladoras Cristina Fiore y Socorro Villamayor, pero ingresó ayer sobre tablas (es decir, sin tratamiento previo) y el oficialismo impuso su mayoría para aprobarlo con 33 votos.
El tratamiento tuvo lugar mientras docentes y personal de la salud mantienen sus reclamos por mejoras salariales y laborales. Por esta razón y la presentación sobre tablas hubo fugas en el oficialismo: de las 21 abstenciones, 13 fueron de los bloques “Justicialista Gustavo Sáenz Conducción”, “Mas Salta”, “Salta Tiene Futuro”, “Unión Salteña”, “Salta Independiente” y “Memoria y Movilización Social”.
BUUFO pudo saber que el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, había visitado Mitre 550 horas antes de la sesión. Es de suponer que Villada fue el embajador del Poder Ejecutivo para que se tratara este proyecto con rapidez con el objetivo de que la Legislatura otorgara la herramienta legal para lo que pudiese suceder en días venideros.
Tanto fue la presión social y política que el presidente de la comisión de Educación y titular del bloque «Justicialista Gustavo Sáenz Conducción», German Darío Ralle, oriundo del departamento de General Güemes, tuvo inconvenientes con su salud: en plena sesión fue auxiliado en la enfermería de la Cámara.
¿De qué trata el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y pasó en revisión al Senado?
La ley busca «conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas«.
Para realizar dicho reclamo, el proyecto pretende que se informe 24 horas antes a la Comisaría de la zona dejando datos sobre quiénes estarán a cargo de la movilización, que calles recorrerán, cuanto tiempo durará y cuáles son los motivos que la originan.
La autoridad de aplicación deberá establecer medidas para garantizar «el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos» y «la circulación de personas y/o vehículos» por un carril.
Si lo antedicho no se cumple, la iniciativa señala que las protestas «no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada» la manifestación y «será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justica». Tras ello, se propone la intervención del Poder Judicial.
En definitiva, propone modificar el inciso c) del artículo 77 de la Ley 7135 – Código Contravencional de la Provincia que establece arresto de hasta 20 días o multa de hasta 20 días a:
- “c) El que impida, altere u obstaculice la circulación de personas y vehículos por la vía pública o espacios públicos; o facilite o proporcione, de manera onerosa o gratuita, los medios necesarios para la comisión de dichas conductas.
- La sanción se elevará al doble cuando las conductas precedentes afectaren el tránsito por puentes, vías de acceso y vías selectivas del transporte público o sean cometidas por funcionarios públicos.
- El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.
La iniciativa fue presentada sobre tablas por el presidente de la Cámara baja Esteban “Tuty” Amat Lacroix, quien bajó al recinto y tomó la palabra para garantizar los votos luego de que varios legisladores oficialistas anticiparan su abstención. Cuando lo hizo, Amat Lacroix, que también preside la Cámara del Tabaco, planteó argumentos en defensa del sector agro.
El reclamo de trabajadores de la educación y de la salud hizo que diputados que están de acuerdo con regular las protestas no quisieran dar su voto a favor. Es decir, hubo voces que advirtieron nada más que el contexto, pese a que se trata de una suerte de legalización a la represión de las manifestaciones.
La lista de quienes se abstuvieron: Roque Cornejo, Julieta Perdigón, Santiago Vargas, Matías Monteagudo, Daniel Sansone, Ana Laura Córdoba, Gustavo Orozco, Pablo Raúl Alejandro Gómez, Bernardo Biella, Bettina Navarro, María del Socorro López, Sofía Sierra, Franco Hernández Berni, Marcela Leguina, Nancy Jaime, Marcelo Paz, Adrián Valenzuela, Azucena Salva, David Leiva, Jorge Restom y Jorgelina Juárez.