Elevan a juicio la causa por el homicidio de la docente Rosa Sulca

La Fiscalía acusa a una menor de edad por el asesinato y a un mayor de edad por encubrimiento agravado. Además, están imputados dos supervisores de las llamadas del 911 y cinco policías. Todos los detalles de un caso que enfrentó al Ministerio Público Fiscal y a la cartera de Seguridad.

La jueza Ada Guillermina Zunino elevó a juicio la causa por el homicidio de la docente Rosa del Milagro Sulca por cuyo asesinato está imputada una menor de edad y también Martín Oscar Laime, alias «Loro», por encubrimiento agravado. El hecho, que ocurrió en abril del 2020, causó gran conmoción en la sociedad y dejó acusaciones cruzadas entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad.

Sucede que la profesora Sulca llamó al 911 para advertir que la estaban «matando«. Luego, una voz femenina intentó desestimar el pedido de auxilio asegurando que se trataba de su tía que tenía problemas de salud. La Policía acudió a la casa de Villa Mitre, tocaron la puerta y como nadie atendió, se fueron. Horas más tarde se confirmó lo denunciado por la víctima, que yacía sin vida con 17 apuñaladas en el torso.

Todo eso se pudo conocer tras la filtración de la grabación de la llamada en medio de un clima de tensión en la investigación. El jefe de fiscales Abel Cornejo creó una Unidad Fiscal y designó a su cargo a Pablo Rivero y Verónica Simesen de Bielke para que investiguen la responsabilidad tanto de los civiles que entienden en el Sistema de Emergencias como de los efectivos policiales que intervinieron vagamente.

Cornejo, además, escribió una carta en la cual afirmó: «Jamás en 36 años de vida profesional escuché la grabación de una mujer anunciando desesperadamente que la estaban matando, ultimando a puñaladas de un modo cruel, salvaje y brutal. Queremos llegar a descubrir a todos los responsables de este nuevo femicidio y que nos dejen investigar libremente los anteriores. No escatimaremos esfuerzos ni voluntad para hacerlo». Habló del agravante por motivos de género que, finalmente, fue descartado.

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, por su parte, desplazó a la cúpula de la comisaría 4º y echó culpas al personal civil del 911: dijo que los policías no escucharon el pedido de auxilio y que solo recibieron la alerta, que es un código interno. El diputado provincial y expolicía Gustavo Orozco (denunciado por torturas y apremios ilegales) acusó al jefe de fiscales de una «cacería de brujas» y amenazó con un pedido de juicio político (que nunca fue).

Como sea, irán a juicio el despachante policial Héctor Roberto Herrera, el jefe de Despacho de Emergencias, Gustavo González, el supervisor Domingo Corbera y los policías Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra. Todos ellos están acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no han cumplido «con la función asignada con la consecuencia de la muerte evitable de Rosa del Milagro Sulca».

Además, los supervisores de demanda ciudadana Marcelo Tintilay Cordeyro y Gabriela Moyano deberán enfrentar cargos por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Según las fiscalas penales Ana Salinas Odorisio y Simesen de Bielke, que ahora están a cargo de la acusación, ninguno supervisó las llamadas que ingresaron al sistema de emergencias 911 y por lo tanto, no actuaron en consecuencia con la gravedad de la situación.

La jueza Zunino sobreseyó a Pablo Exequiel Verón– que en principio fue acusado por el asesinato de la docente– porque «no se advierte indicio probatorio alguno que permita aseverar que el acusado haya participado en la comisión del hecho investigado». Cabe recordar que Verón, de 18 años, fue imputado por el fiscal Guillermo Torres Rubelt, quien agravó los cargos por violencia de género y dejó entrever que se trataba de un femicidio. Tras la investigación y la reconstrucción del hecho se pudo comprobar que Torres Rubelt estaba errado.

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También sobreseyeron a los operarios de «Demanda Ciudadana» Pablo Ezequiel Bisón Enriquez y Héctor Fabián Tolaba, quienes habían sido imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte «ya que de las tareas investigativas, surge que ambos actuaron de acuerdo al protocolo de trabajo vigente«.

Finalmente, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, Gabriela Valeria Moyano Casasola, Héctor Roberto Herrera, Gustavo González, Normando Domingo Corbera, Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra fueron sobreseídos por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Deben enfrentar los otros cargos que se le endilgan.

La jueza dispuso librar oficio a la Mesa Distribuidora de Expedientes Penales, a los fines de que se proceda a efectuar el sorteo pertinente, para designar el Tribunal de Juicio que los juzgará, informó Fiscales Penales.

El femicidio, relatado en primera persona

Según fuentes de Fiscalía, la secuencia cronológica del caso fue así:

  • Sulca llamó a las 2:37’ de la madrugada del martes 28 de abril al Sistema de Emergencias 911 y advirtió, lisa y llanamente, que la estaban matando. Luego, una voz se interpuso, dijo ser familiar de la mujer y le endilgó problemas de salud mental, mientras se escuchaban sus gritos de fondo;
  • Dos policías llegaron a su casa de Villa Mitre a las 2:51′ , tocaron la puerta y como nadie atendió, se fueron a las 2:52′,
  • A la tarde del día una vecina llamó al 911 porque vio las luces de la casa de Sulca prendidas pero no registró sus movimientos cotidianos. Esta vez, los policías ingresaron a la vivienda de Amalia Aybar 1480 y se toparon con el cuerpo sin vida de la mujer.

Las posiciones

Para la defensa, los efectivos actuaron acorde a las normativas internas y protocolos establecidos para las intervenciones policiales ante un llamado al Sistema de Emergencias 911.

En cambio, para la Unidad Especial se trata de un crimen que podría haberse evitado y por eso acusan a los efectivos que intervinieron de no haber salvaguardado la vida de la docente, lo que constituiría la comisión de los delitos endilgados.

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