El tucumano José Alperovich fue procesado por abuso sexual

Alperovich es considerado responsable de nueve hechos ocurridos entre 2017 y 2018 tanto en la provincia de Tucumán como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, se le fijó un embargo de 2.501.500 de pesos. La víctima: su sobrina y excolaboradora.

El juez criminal y correccional Osvaldo Rappa procesó al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, por distintos hechos de supuesto abuso sexual que habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia norteña de la que es oriundo, entre 2017 y 2018.

La acusación está a cargo del fiscal porteño Santiago Vismara y de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

En su fallo, el juez consideró que Alperovich es penalmente responsable del delito de «abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades» (dos de esos casos, en tentativa). Y también dictó procesamiento por «abuso sexual agravado por haber sido con acceso carnal» en seis oportunidades.

Rappa sostuvo que los delitos endilgados fueron cometidos «mediando abuso de poder y autoridad«, lo que » “por sus circunstancias y tiempo de duración le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”.

El Juez consideró que la víctima “estaba inmersa en un contexto de abuso sexual, intrafamiliar y de acoso laboral por razones de género por parte del imputado, quien valiéndose de la posición de poder que ostentaba, violentó la integridad sexual de la denunciante en al menos nueve oportunidades, causándole un detrimento físico y psíquico”.

Además, en la resolución judicial que difundió el Ministerio Público Fiscal de la Nación este miércoles al mediodía, al ex mandatario tucumano se le fijó un embargo por 2.501.500 de pesos.

Vale recordar que Alperovich fue denunciado en 2019 por su sobrina, quien se desempeñaba como colaboradora. Al principio hubo una controversia por la competencia, pues los hechos habrían ocurrido en la CABA y Tucumán. Finalmente la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitar en en tribunales porteños.

Cuando declaró, Alperovich rechazó los hechos que se le imputan, habló de “conspiración” y evitó responder preguntas, según informaron al diario La Nación fuentes con acceso al caso. “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”, comentó Alperovich a través de su cuenta de Twitter.

Tras conocer la resolución judicial, desde el entorno de la víctima indicaron a La Gaceta: «Esta noticia nos ha movilizado, aunque esperábamos que sucediera porque se habían cumplido los 10 días hábiles que tenía la Justicia luego de que declarara (Alperovich), el 22 de abril. Estamos procesando todavía la información y reorganizando todo de cara a lo que se viene».

Perspectiva de género

El juez Rappa sostuvo la importancia de abordar el proceso penal con perspectiva de género, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.

“La violencia contra la mujer es una de las formas más extendidas de discriminación y de vulneración de derechos humanos que sucedió a lo largo de la historia. Alude a patrones de conducta socialmente naturalizados, establecidos y arraigados profundamente por años, y es recién en las últimas décadas en las que se ha tomado real dimensión de este problema que compromete la vida, la integridad psicofísica, la dignidad y la libertad de las mujeres”, resaltó.

Asimismo el magistrado añadió que “juzgar con perspectiva de género, implica un esfuerzo intelectual por comprender la complejidad social, cultural y política reinante entre ambos géneros, para visualizar allí las situaciones de opresión de uno sobre otro, basadas en una relación de desigualdad”.

Y continuó diciendo que la perspectiva de género “es importante para instruir un proceso judicial, para valorar la prueba y, en definitiva, para decidir un caso, ya que, es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, para las personas del género femenino que recurren a los tribunales a solucionar los problemas que la discriminación por el hecho de ser mujer les ha causado”.

En ese sentido, el funcionario judicial hizo referencia a la asimetría de entre la víctima y el imputado al señalar que «basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la Provincia de Tucumán luego de haber sido Gobernador durante tres periodos consecutivos, e integrante de un miembro de su familia ­aunque fuese lejano”.

Así, el Juez reflexionó: “El desequilibrio de poder y la asimetría constituyen elementos básicos en la violencia laboral, pero no necesariamente siempre vinculados a niveles de jerarquía, sino también considerando otros elementos como la capacidad psicológica de influencia y manipulación y la presión de grupo ejercida contra la trabajadora. El ámbito laboral es un escenario donde se reproducen las desigualdades en la distribución de poder entre varones y mujeres generando situaciones de tensión y violencia”.

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