El Senado aprobó ley para que la deuda con el FMI la paguen fugadores

La iniciativa del Frente de Todos fue aprobada por 37 votos afirmativos contra 31 negativos. El proyecto tiene por objetivo pagar los 44 mil millones de dólares que adquirió el gobierno de Macri en 2018.

El senador neuquino Oscar Parrilli defiende el proyecto de ley - Foto Prensa Senado

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior de manera irregular, es decir sin declarar ante la AFIP.

La iniciativa del senador neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) fue aprobada por 37 votos afirmativos contra 31 negativos. Parrilli sostuvo que algunos legisladores no acompañan el proyecto «simplemente porque apoyan a los evasores» y señaló que el objetivo principal es «sacarse de encima al FMI».

Vale recordar que en 2018 el expresidente Mauricio Macri contrajo una deuda con el FMI por 44 mil millones de dólares en condiciones perjudiciales para la Argentina. Tal deuda fue renegociada por el actual presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, donde se acordaron metas a cumplir.

El interbloque Juntos por el Cambio rechazó la propuesta porque consideran que se trata de «un blanqueo encubierto». Por caso, sobre esa línea se posicionó el salteño Juan Carlos Romero.

«¿De dónde quieren que se saque para pagar la deuda que nos dejaron, de los discapacitados, de los planes sociales o quieren que le saquemos plata a los jubilados? Acá traemos la idea de un fondo y que aporten quienes tienen bienes no declarados en el exterior», apuntó el formoseño José Mayans (Frente de Todos).

Foto prensa Senado
Foto: Prensa Senado

La norma establece que dicho fondo- constituido en dólares- tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. Será administrado por el Ministerio de Economía de la Nación y supervisado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa del Congreso.

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El texto aclara que deberán pagar las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas con tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.

Los alcanzados por esta ley deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados. Si la declaración y el pago se hacen de forma espontánea y voluntaria, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia la norma, se aplicarán beneficios, eximiciones y otras liberaciones. Pero en el caso de declarar los bienes después de los 6 meses, la alícuota subirá al 35%.

También se establece un artículo por el cual el Ministerio de Economía, antes de tomar un nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año» enviar un informe al Congreso de la Nación sobre “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.

Por su parte, se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.

El objetivo del colaborador será cooperar con la AFIP para detectar bienes ocultos o no declaradios y/o maniobras de evasión fiscal. Así, el Ministerio de Justicia deberá crear un programa para definir los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, el anonimato y la recompensa de quienes se acojan a la figura.

Según el texto, el monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. El colaborador recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas públicas.

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