El Senado aprobó la Ley de Economía del Conocimiento y giró el texto a Diputados

Comprende incentivos fiscales a empresas y emprendedores en la industria del software y servicios tecnológicos. Hay especiales beneficios para empresas que incorporen personas con discapacidades, profesionales de ciertas ramas científicas, mujeres que logren su primer empleo registrado y para quienes vivan en zonas desfavorables.

El Senado de la Nación aprobó anoche el proyecto de Ley de Economía de Conocimiento que promueve el diseño, la adaptación y el desarrollo productivo de software y servicios tecnológicos. Será a través de incentivos fiscales, con foco en grupos en situación de desventaja laboral, para quienes viven en “zonas desfavorables” y para profesionales de carreras vinculadas a la ingeniería, las ciencias exactas y naturales.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad tras más de dos horas de debate, aunque Juntos por el Cambio se ausentó en la votación. El régimen tendrá vigencia desde el 1º de enero de 2020 para las empresas adherentes y hasta el 31 de diciembre de 2029.

De esta manera el texto ya volvió a la Cámara de Diputados, donde fue tratada originalmente, con los retoques que hizo el oficialismo en la Cámara alta. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo y se crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.

Los detalles

La ley promueve la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología; bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear; entre otros rubros.

Podrán acogerse a los beneficios aquellas empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país, con documentación en regla y que acrediten que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades en cuestión.

Para los nuevos emprendimientos, se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas. Además, se tendrá que acreditar la realización de mejores continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para microempresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.

Cuando la inversión sea destinada a la capacitación de desocupados menores de 25 años y mayores de 25 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.

Asimismo, se deberá acreditar las exportaciones de bienes que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas en un porcentaje respecto a la facturación total del último año. Será de al menos 4% para las Micro Empresas, de 10% para las Pymes y de 13% para las grandes empresas.

Las entidades beneficiarias de la ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. Esos bonos podrán ser utilizados por el término de veinticuatro meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales, en particular el impuesto al valor agregado, pero no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la incorporación de la empresa al régimen de la ley.

El texto señala que el beneficio ascenderá al 80% de las contribuciones patronales cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales debidamente registradas de mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad o personas residentes en “zonas desfavorables”.

Proyección

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló en reiteradas oportunidades que la economía del conocimiento es uno de los sectores que permitirá no sólo reactivar la industria nacional generando empleo, sino y complementariamente exportar valor agregado y generar divisas.

Así, en sintonía con la política macroeconómica del Frente de Todos, el presidente de la comisión de Comunicaciones y Medios, Alfredo Luenzo (Chubut), explicó que “es necesario potenciar una de las ventajas competitivas que tiene la Argentina, maximizándola con políticas” de Estado y “competir con estados que avanzaron a pasos agigantados en esta cuestión”.

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, criticó los cambios realizados en la Cámara alta. “La limitación a las exportaciones no es entendible. Tampoco lo que se hizo con el uso del bono fiscal”, dijo el ex ministro de Educación durante el gobierno de Cambiemos.

En ese sentido, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti explicó que “es de sentido común” que “en este momento de la historia debíamos parar la pelota”. “No buscamos hacer del Estado un socio bobo de aquellos que ya no necesitan la ayuda del Estado. Son tan grandes que pueden generar rentabilidad con menor apoyo”, apuntó.

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