El Senado aprobó el proyecto de ley que suspende concursos y quiebras

La iniciativa pasó a Diputados para su revisión tras las modificaciones al texto. Se excluyó a empresas que hayan formado activos en cuevas fiscales, que hagan operaciones con el dólar y a aquellas que iniciaran sus procesos posterior al 20 de marzo, como la cerealera Vicentin.

El Senado de la Nación aprobó ayer el proyecto de ley que suspende, entre el 20 de marzo y hasta el 30 de junio de 2021, el cómputo de plazos en procesos de concursos y quiebras. Acompañaron la medida el Frente de Todos y bloques aliados, mientras Juntos por el Cambio votó en contra y emitió dictamen en minoría.

Como el texto obtuvo modificaciones, la iniciativa regresó a la Cámara de Diputados para su revisión. Entre esos cambios se encuentra la extensión del plazo de vigencia del 31 de marzo al 31 de junio para suspender procesos de concursos preventivos y quiebras. “Extender este plazo es propicio porque va a tender a la recuperación de las empresas”, explicó la senadora correntina Ana Almirón, presidenta de la Comisión de Legislación.

Además, se excluyó de los beneficios a aquellas firmas que iniciaron los procesos posterior al 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, también quedaron afuera las empresas que formaron activos en el exterior, especialmente a países de baja o nula tributación (es decir cuevas fiscales), y aquellas que realicen operaciones en los denominados «dólar contado con liqui» o MEP.
De esta manera se evita que empresas como Vicentin o Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, puedan acogerse a la norma y acceder a beneficios, toda vez que están bajo la lupa de investigaciones judiciales y del Congreso. Fue una incorporación del oficialismo que pugnó Juntos por el Cambio.
Por otro lado, el proyecto también establece que en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en sesenta días adicionales.

Además, el texto suspende “en pleno derecho y sin requerimiento de parte los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos«. Se prohíben también «nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios».

«La pandemia para las empresas venía de los cuatro años anteriores”, consideró Almirón al informar sobre el proyecto de ley, y remarcó que “alrededor de 25 mil pymes se perdieron en los años del gobierno de Mauricio Macri”. También enumeró programas tales como el ATP o los créditos lanzados para amortiguar el impacto en las pymes, con lo cual pronosticó una recuperación de las empresas en poco tiempo.

“Nunca un gobierno como el actual hizo tantas cosas malas para que la economía no funcione», achacó la senadora radical Silvia Elías de Pérez (Tucumán), quien auguró que más de 50 pymes cerraron en los últimos meses.

El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, aseguró que “en 2019 el 61 por ciento de las empresas fueron a concurso preventivo” y destacó que “once empresas quebraban por día hábil”. “Eso fue consecuencia del fracaso del programa económico que tenía el gobierno de Macri. Muchos empresarios se dedicaron a la especulación financiera”, apuntó el formoseño.

«Los procesos preventivos no sólo son para el deudor sino también para el acreedor, que son dadores de trabajo, tienen capital de trabajo y están en la actividad productiva también. No podemos hacer un jubileo de las deudas de otros que jugaron a la timba financiera. Tenemos que empezar y poner un límite», sostuvo en chubutense Mario País.
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