El interventor de Salvador Mazza dijo que el contrabando de granos se hace hasta por tren
Se trata de Adrián Zigarán, quien sostuvo que por la zona circulan aproximadamente 400 camiones diarios, muchos de ellos cargados con granos que se exportan clandestinamente a Bolivia. Tiempo antes fue desbaratada una banda que era comandada por gendarmes del Escuadrón Aguaray. El contrabando perjudica la economía nacional.

En la zona norte de Salta que conecta al país con el Estado Plurinacional de Bolivia es común ver cómo pasan camiones cargados con mercaderías de todo tipo. Algunos de ellos transportan los combustibles que el vecino país adquiere y no puede importar sin pasar por Argentina por la falta de un puerto con salida al mar. Otros, en cambio, se dedican a contrabandear granos.
“Los camiones vienen al pueblo porque es su destino final. Traen muchos granos y también vienen con mucha mercadería (…). Tenemos un tren que circula 5 kilómetros de (Salvador) Mazza a Bolivia, que también trae mercadería de exportación boliviana. Muchos camiones con esos granos salen a través del ferrocarril este”, indico el interventor de ese municipio fronterizo Adrián Zigarán.
Según estimaciones de Zigarán, por la zona circulan aproximadamente 400 camiones por día, muchos de los cuales parten de la zona centro del país con el objetivo de exportar clandestinamente la soja o el maíz sin tributar al fisco. De allí que no vayan al puerto de Rosario de Santa Fe y opten por la frontera norte, teniendo en cuenta que Salta no solo limita con Bolivia, sino también con Paraguay.
«¿Cómo es que los camiones van en sentido contrario en lugar de ir hacia el Sur, hacia los puertos? Para sacarlos van hacia el Norte donde no hay puerto. Evidentemente van camino hacia el contrabando, eso es muy fácil de detectar. No se detecta porque hay un grado altísimo de corrupción«, advirtió el ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti.
En declaraciones a Radio Nacional Tartagal, Peretti, consideró tiempo atrás que «las provincias tienen que cumplir un rol más activo, no solo tiene que quedar en manos de las fuerzas federales esto, deben colaborar y ayudar».
El comercio ilegal de cereales vulnera el Código Aduanero y demás normativas de mercantilización de granos, al tiempo que produce un perjuicio a las arcas públicas producto de la evasión impositiva y la subfacturación, entre otras consecuencias en la economía.
Como explicó BUUFO, del total de operativos de incautación de granos realizados en 2020, Salta lidera el podio con un 41%; le siguen Corrientes con el 24% y Misiones con el 18%, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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Vale recordar que, en diciembre de 2022, luego de una investigación llevada a cabo por Marcos Romero y Rafael Lamas de la Fiscalía de Tartagal por hechos vinculados al encubrimiento de contrabando, y con la autorización de la jueza federal Ivanna Hernández, se realizaron seis allanamientos en Salvador Mazza y otros dos en Tucumán.
Como resultado de los procedimientos realizados en el municipio fronterizo de Salta se obtuvo el secuestro de 1.080 toneladas de granos, entre maíz, soja y trigo, que presuntamente iba a ser contrabandeada a Bolivia. Por otra parte, se logró incautar una suma de 57 mil dólares, 1.600.000 pesos argentinos y 4.280, bolivianos.

Además, se incautó una máquina quebradora de granos, vehículos y otro tipo de maquinaria agrícola, como así también una gran cantidad de teléfonos celulares, diversos dispositivos de almacenamiento informático, máquinas contadoras de billetes y cuatro camiones con cargas de granos, a lo que se suman gran cantidad de documentación vinculada al caso.
Por lo pronto fueron detenidas tres personas, pero en la Fiscalía no descartan que existan más involucrados en esta actividad de comercialización de granos de forma ilegal, una problemática que perjudica al Estado por cuanto deja de percibir los ingresos por los derechos de exportación, entre otros factores.
Según la hipótesis de la fiscalía, la banda operaba a partir de cartas de porte adulteradas o iniciadas a nombre de empresas que se la sede fiscal llevó adelante tareas de campo e inteligencias que permitieron identificar a los presuntos responsables, como así también el secuestro de los granos y otros elementos que prueban el accionar ilícito.

De forma previa, en mayo del 2022, la fiscalía federal expuso una serie de pruebas de que gendarmes del Escuadrón Aguaray habrían participado del contrabando de miles de toneladas de granos. La maniobra consistía en liberar la ruta para que pasen los camiones llenos de granos hacia Bolivia, algo que se concretaba gracias al finquero Alberto Martín Crossa, propietario de tierras fronterizas.
Por ese «favor», los gendarmes recibían coimas de 150 mil pesos, cifra que aumentó a 250 mil pesos por semana. Si bien la actividad delictiva fue detectada en noviembre del 2020, desde diciembre de ese año hasta marzo de 2021 se profundizó con la llegada del comandante principal Marciano Alberto Páez en la dirección de la organización. En la causa también fueron acusados por contrabando de granos el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, delito agravado por la cantidad de personas y por ser funcionarios de una fuerza pública.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que con Ayala como referente, el flujo de camiones oscilaba entre los 5 y 6 camiones por semana. Utilizaban la ruta 34 hasta el cruce con la 54 para luego ir hacia la finca de Crossa en Campo Durán y pasar a Bolivia.

Los involucrados habían estipulado que a Páez debían pasarle fotos de las patentes de los camiones que iban a pasar, los cuales pagaban la coima. En tanto, el comandante, a través de Radaelli, definía una franja horaria para el paso de los camiones.
De esta manera, el flujo del contrabando se incrementó notablemente, incluso hasta 25 rodados por día. Crossa llegó a disponer castigos para los camiones que no querían arreglar, a los cuales delataba con Páez, a quien le pedía que enviara patrullas a interceptarlos.
En el caso de Crossa se advirtió el manejo de millones de pesos, lo cual utilizó para comprar un equipo electrógeno de primera marca, ganancias que compartía con sus hijos, que quedaron registradas en un grupo de WhatsApp familiar. “Para ellos 250 mil por semana y para mí lo mismo”, se escuchó decir al finquero en uno de sus mensajes, tras una renegociación en torno al pago de los sobornos.