El femicidio de Agustina Cruz era «prevenible», indicó Simesen de Bielke

La fiscala penal se refirió al crimen de la adolescente en Coronel Moldes como un hecho «prevenible y previsible». También sostiene la necesidad de cambiar la perspectiva de las medidas judiciales y apuntó: «No puede ser que una víctima tenga que estar con un policía en la puerta».

Para la fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Verónica Simesen de Bielke, el femicidio de Agustina Cruz en la localidad de Coronel Moldes se podría haber evitado.

«La verdad que es un hecho no solo lamentable, sino que es un hecho prevenible y previsible«, consideró Simesen de Bielke en declaraciones al programa Sapo de Otro Pozo (FM Noticias 88.1).

Vale recordar que la adolescente de 17 años fue asesinada por su ex pareja cuando se dirigía a la escuela. Tras el hecho, se supo que el imputado ya tenía una denuncia por violencia de género.

A raíz del hecho, que conmocionó a Salta, se ha generado un debate en torno a las medidas que se aplican en casos de violencia machista. La consigna policial estuvo en el centro de la escena ya que también se conoció la denuncia de una mujer que habría sido abusada por el efectivo que debía protegerla.

«Hace mucho tiempo lo vengo diciendo: no puede ser que una víctima, que ya ha sufrido esa violencia, tenga que estar con un policía en la puerta o que ocurra una situación de que un policía la abuse presuntamente«, cuestionó Simesen de Bielke.

Siguiendo esa línea, la fiscala penal indicó: «Lo que hay que hacer es monitorear, claramente, al agresor. Qué está haciendo ese agresor desde la primera noticia que tiene el Ministerio Público Fiscal o la Justicia de ese hecho».

En rigor, sostiene que «de nada sirve que pongamos un custodio en la puerta si la víctima se tiene que desplazar». «La víctima necesita hacer su vida normal«, añadió Simesen de Bielke, al tiempo que cuestionó las prohibiciones de acercamiento recíproco porque «la víctima no es quien agrede ni quien se acerca».

«Las leyes están; lo único que hay que hacer es cambiar la perspectiva e implementar lo que se llaman las Buenas Prácticas, que nos dan pautas que aconsejan de qué manera tratar estos casos, sobre todo la violencia contra la mujer«, consideró respecto a la normativa vigente.

En los últimos días la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a una modificación de la ley 7.888 para que las consignas policías puedan aplicarse ya no sólo a las víctimas, sino también y principalmente a los denunciados.

Dicho proyecto de actualización normativa llegó al recinto con un dictamen favorable de la Comisión de la Mujer. Ahora pasó al Senado para su tratamiento, cuerpo institucional integrado por una sola mujer.

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Salta se encuentra entre las provincias que presentan mayores números respecto a la tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres: 1,53 contra la media nacional de 1,09 para el año 2020, según el registro que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El podio está liderado por Jujuy (2,82), Tucumán (2,10) y Chaco (1,97).

De acuerdo a registros periodísticos, en lo que va del 2021 se produjeron 13 femicidios en la provincia. El último de ellos fue el de Agustina Cruz. Tras el mismo, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, presentó su renuncia.

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Sin embargo, existen otros ejemplos para dilucidar las fallas del sistema judicial y de la Policía en materia de violencia de género. Simesen de Bielke habló del caso que tiene como imputado al abogado Matías Sanz Navamuel por múltiples denuncias en su contra y de la denuncia por presunto abuso a un policía que cumplía consigna en la casa de una mujer que había denunciado a su ex pareja.

En cuanto al primero de ellos, Sanz Navamuel ha sido denunciado por al menos tres mujeres. «Tiene 3 legajos y en uno de ellos tiene más de 30 denuncias», explicó la fiscal. Y para dimensionar la situación de las víctimas, añadió: «He tenido la oportunidad de charlar con el hijo de una de las víctimas que fue quien me puso en conocimiento de esta situación y me decía ‘mi mamá tiene que tener un policía en la puerta, nos viven dejando cosas’. He visto cuchillos clavados en los árboles, pedazos de carne podrida que decían ‘así vas a terminar’. Estos son claramente actos de amedrentamiento».

«¿Y qué hacemos con esa víctima, le ponemos 9 policías por día? Entonces, quien tiene que estar custodiado y estar vedado el uso de las redes sociales y del teléfono, etcétera, es el agresor. Las pulseras electrónicas se la tienen que poner el agresor; las medidas cautelares tienen que ir contra el agresor«, continuó.

En los últimos días BUUFO informó que una mujer denunció abusos por parte de un policía que cumplía consigna por disposición judicial; es decir, que se suponía debería haber cuidado a la víctima. Al respecto fue consultada la fiscala de la UGAP: dijo haberse enterado por las noticias de que el efectivo acusado tendría denuncias por violencia en su contra con anterioridad.

«Si esto es así y se comprueba, no hay solamente responsabilidad de quien abusó sino también de los superiores. Cómo van a mandar a una persona que tiene denuncias de violencia, aunque no esté juzgado y no tenga condena, la denuncia está. Entonces, tenemos que partir de creerle a la víctima; después podemos descartar el relato de la víctima, pero tenemos que partir en creerle», sostuvo.

Finalmente, la fiscala penal reflexionó: «Como mujer, se nos pone la piel de gallina porque pensamos: a ver, qué confianza si quienes tienen custodiarnos, nos dan miedo. Y estamos en algo que no está funcionando, las instituciones no están funcionando claramente. Y obviamente también está la falta de seguimiento de policías en lo que significa los test psicológicos. El otro día veía un informe en una causa donde el Ministerio de Seguridad me contestó que se hace un informe cada vez que el efectivo tiene que ascender de rango o cuando ocurre un hecho como el caso que yo tenía, que ya se había consumado».

Línea 144 atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género.

Estadísticas

Volviendo al último informe de la Oficina de la Mujer de la CSJN para 2020, también se informó que fueron 11 las mujeres cis víctimas directas de femicidio y 1 víctima de femicidio vinculado, quienes tenían a su cargo a 16 niñas, niños y adolescentes. Además, especificaron que hay 20 sujetos activos en 11 causas judiciales.

En su mayoría, las víctimas tenían entre 25 y 44 años de edad al momento del hecho con 7 casos; luego, le siguen las que tenían 60 años y más con 2 casos. Al menos dos de ellas solicitaron medidas judiciales de protección que se encontraban vigentes al momento del hecho.

«En la localidad de Salta (zona urbana) ocurrieron 4 femicidios directos. Luego, en el departamento de General José de San Martín ocurrieron otros 4 femicidios
directos: 3 en zona urbana (2 en la localidad de Profesor Salvador Mazza y 1 en la localidad de Tartagal) y 1 en zona rural (localidad de Hickman). Finalmente, en cada una de las localidades de El Bordo, La Merced y Joaquín V. González tuvo lugar 1 femicidio directo, todos ellos en zonas urbanas», detalla el informe de la Oficina de la Mujer.

Bajo el apartado «Interseccionalidad en las víctimas directas de femicidio» se explica que una de las víctimas directas de femicidio tenía algún tipo de discapacidad, otra era migrante internacional y una tercera era indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios.

Respecto a los vínculos entre las 11 víctimas directas de femicidio y los 20 sujetos activos, en 3 casos se trataba de vínculos de pareja y en 4 de ex pareja. En otros 6 casos, la víctima directa de femicidio y los sujetos activos mantenían “otro tipo de vínculo”, eran amigos. Luego, eran familiares en 2 vínculos (un sobrino y nieto). Por último, en 4 casos se trató de sujetos activos desconocidos para las víctimas directas de femicidio.

Por lo tanto, al menos en 15 casos existía vínculo previo entre la víctima directa de femicidio y el sujeto activo y solo en 4 eran desconocidos; mientras que  3 convivían al momento del hecho, mientras que no hay datos al respecto para 1 vínculo, puesto que el sujeto activo permanecía desconocido a la fecha de corte del presente informe.

«Con relación a los hechos previos de violencia de género, surge que al menos 2 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra los sujetos activos. Además, en al menos 1 vínculo se relevaron hechos previos de violencia que surgen por otros medios a partir de la revisión de las causas judiciales. No hubo hechos previos de violencia notificados en 3 casos. Es importante no perder de vista que no se pudo obtener información sobre hechos previos de violencia para 14 casos», agrega.

Sobre la situación procesal de los acusados, 12 sujetos activos se encontraban privados de la libertad alojados en unidad carcelaria: 8 en etapa de investigación y 4 en etapa de juicio. Luego, 6 sujetos activos se encontraban en libertad con causa en etapa de investigación.

«Si se tiene en cuenta solo las cantidades en números absolutos, el año pasado el 37 por ciento de los femicidios directos de Argentina ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguido por el 10 por ciento de los casos en la provincia de Santa Fe, ambas con una amplia población femenina», subrayó la agencia estatal de noticias Télam.

Por su parte, el 74 por ciento de las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas en viviendas, esto es, casi 3 de 4 víctimas: el 40 por ciento en la vivienda que compartían con el sujeto activo (agresor), el 23 en su propia vivienda, el 7 en la vivienda del sujeto activo, y el 4 en otro inmueble.

Además, de acuerdo al informe de la Corte, al menos 7 sujetos activos pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 a la Policía provincial, 1 al Ejército, y 1 sin datos sobre la fuerza a la que pertenecía.
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