El CELS advirtió por la ley anti-piquetes salteña: “Es la antesala para la persecución”

“En un contexto de manifestaciones y de represión estatal hacia reclamos sociales, la Cámara de Diputados salteña dio media sanción a un proyecto que propone limitar la protesta social”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A  través de un comunicado difundido por redes sociales, el organismo nacional anticipa que la aprobación en el Senado de la ley anti-piquetes “implicaría una regresión para el ejercicio de la protesta”.

Como se explicó, el proyecto que obtuvo media sanción ayer busca “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión” con “la libre circulación” y la “preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada”.

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Para realizar dicho reclamo, el proyecto pretende que se informe 24 horas antes a la Comisaría de la zona dejando datos sobre quiénes estarán a cargo de la movilización, que calles recorrerán, cuánto tiempo durará y cuáles son los motivos que la originan.

“Esto ha funcionado, en muchos casos, como antesala para la persecución y criminalización de referentes”, apunta el CELS sobre ello. Asimismo, resalta la falta de un mecanismo que establezca la prohibición de armas de fuego o la regulación de armas menos letales, “como sí lo hacen los protocolos de las fuerzas federales”.

Finalmente, el organismo que ha promovido los juicios por la verdad señala que la ley anti piquetes salteña “establece lineamientos contrarios a los estándares interamericanos”. “Si se aprueba será un grave retroceso para les salteños y una amenaza para el resto del país”, concluyó el CELS.

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En un contexto de manifestaciones y de represión estatal hacia reclamos sociales, la Cámara de Diputados salteña dio media sanción a un proyecto que propone limitar la protesta social.

Su aprobación implicaría una regresión para el ejercicio de la protesta.

— CELS (@CELS_Argentina) May 31, 2023

¿De qué trata el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y pasó en revisión al Senado?

El proyecto habilita al Ministerio de Seguridad a establecer medidas para garantizar «el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos» y «la circulación de personas y/o vehículos» por un carril.

Si lo antedicho no se cumple, la iniciativa señala que las protestas «no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada» la manifestación y «será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justica». Tras ello, se propone la intervención del Poder Judicial.

En definitiva, busca modificar el inciso c) del artículo 77 de la Ley 7135 – Código Contravencional de la Provincia que establece arresto de hasta 20 días o multa de hasta 20 días a:

• “c) El que impida, altere u obstaculice la circulación de personas y vehículos por la vía pública o espacios públicos; o facilite o proporcione, de manera onerosa o gratuita, los medios necesarios para la comisión de dichas conductas.
• La sanción se elevará al doble cuando las conductas precedentes afectaren el tránsito por puentes, vías de acceso y vías selectivas del transporte público o sean cometidas por funcionarios públicos.
• El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.

La iniciativa, de autoría de las diputadas Cristina Fiore y Socorro Villamayor, quienes promovieron el texto en abril del año pasado, fue presentada sobre tablas por el presidente de la Cámara baja Esteban “Tuty” Amat Lacroix.

El legislador por el departamento La Viña bajó al recinto y tomó la palabra para garantizar los votos luego de que varios legisladores oficialistas anticiparan su abstención. Cuando lo hizo, Amat Lacroix, que también preside la Cámara del Tabaco, planteó argumentos en defensa del sector agro.

El reclamo de trabajadores de la educación y de la salud hizo que diputados que están de acuerdo con regular las protestas no quisieran dar su voto a favor. Es decir, hubo voces que advirtieron nada más que el contexto, pese a que se trata de una suerte de legalización a la represión de las manifestaciones.

SOBRE EL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES

El CELS es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional, dice la presentación en la web.

Durante sus primeros años, llevó adelante la lucha por la verdad y la justicia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. A fines de los años ochenta, amplió su agenda a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en democracia, a sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social.

Las acciones del CELS se dirigen a la consolidación del Estado democrático, la incidencia en políticas públicas, la ampliación del ejercicio efectivo de los derechos, el acompañamiento a las víctimas y la búsqueda de justicia.