El Bajo: imputaron a dos mujeres por trata de personas con fines de explotación sexual

El fiscal Eduardo José Villalba y la jueza Mariela Giménez formalizaron la imputación contra Rita Vaca y Cándida Isabel Martínez por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por el número de víctimas.

Vaca y Martínez eran parte de un grupo de mujeres que fueron rescatadas tiempo atrás en el mismo inmueble de calle Astigueta al 600 luego de allanamientos por denuncias de trata. Si bien la mayoría había emigrado, ambas se quedaron en lo que se convirtió en un albergue diciendo que no pudieron conseguir otra vivienda.

En su momento firmaron un acta por la cual “se comprometieron a no incurrir en esta clase de actividades delictivas”, es decir la prostitución. Pero Villalba señalo que eso no sucedió pues las dos acusadas, en realidad, tenían la tarea de “recaudar”. Así lo señalo una de las víctimas.

El caso cobro notoriedad cuando se supo que el prostíbulo funcionaba en un lugar donde, además, se encuentra la organización “Volviendo a Casa”, una fundación que lleva adelante talleres y actividades de concientización sobre el delito de trata de personas.

La Fiscalía se encargó de explicar que la denuncia fue “verbal”. La titular de la organización Isabel Soria, también funcionaria del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, sostuvo en la prensa: “sabíamos que había chicas en situación de explotación sexual antes de que se inaugure la Fundación”. Pero dijo que no pudo dimensionar que se cometían delitos de trata de personas.

“No estoy avanzando en contra del ejercicio de la prostitución, sino del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el que realmente estaba cometiéndose en dichos inmuebles”, explicó el fiscal, quien no descartó que las acusadas estén siendo regenteadas por otras personas implicadas.

Villalba describió los elementos secuestrados en ambas viviendas -los mismos accesorios utilizados para los servicios sexuales que allí se llevaban cabo- y citó algunos dichos de las víctimas, quienes apuntaron a una de las acusadas como la “encargada” de una de las habitaciones.

El fiscal señaló que el daño causado por el accionar de las acusadas en el bien jurídico protegido “es nada menos que la libertad [de las víctimas], la que pierden al quedar sometidas a esta clase de delitos, en el que ya no se ven cadenas ni se comete en un sótano”.

“Ahora, las cadenas son invisibles, como la pérdida de la libertad que sufren las víctimas, quienes son tan aisladas que, en muchas ocasiones, no salen nunca de los claustros donde son explotadas para el beneficio económico de otras personas”, agregó.

La investigación estuvo a cargo de personal de la División de Trata de la Policía local cuya coordinación comandaron la auxiliar fiscal Nazarena Guzmán Alsina en colaboración con la psicóloga de la Unidad Fiscal de Salta, Verónica Olguín, y la directora general de Abordaje Integral de la Violencia por Motivos degenero, María Laura López Ahanduni.

Villalba desistió, por el momento, de pedir que ambas mujeres permanezcan privadas de su libertad, pues no descarta que también sean víctimas. No obstante, solicitó que se les impongan medidas restrictivas, entre ellas someterse al proceso, no obstaculizar la investigación, la prohibición de salir del país y no acercarse al inmueble decomisado, que quedó recuperado y puesto a disposición de la cartera social provincial.