Economía del Conocimiento: Gobierno reduce al 0% exportaciones para alentar inversiones

La ley revierte el esquema de 2018 y “alienta la inversión, la agregación de valor y la creación de trabajo”. Los puntos clave.

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento 27.570 (a través del Decreto 1034/2020) aprobada en el Congreso en octubre pasado. La medida alienta la industria del software, la nanotecnología, la biotecnología, las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades.

Uno de los puntos más importantes de la normativa es la reducción al 0% de la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios. “Este nuevo marco normativo alienta la inversión, la agregación de valor y la creación de trabajo”, aseguró el ministro de Economía Martín Guzmán al explicar que se revierte el esquema adoptado en el año 2018, con retenciones en torno al 5%.

El crecimiento de las exportaciones y la agregación de valor son indispensables para una dinámica económica virtuosa de mediano y largo plazo”, subrayó Guzmán. Además, el titular de la cartera económica sostuvo que la ley “también tiene que ver con el compromiso de Argentina con la educación pública de calidad”.

Antes: Diputados aprobó ley de Economía del Conocimiento: ¿De qué trata?

Según la subsecretaría del área, María Apólito, el marco impositivo “genera divisas, empleo de calidad, es federal, inclusiva y especialmente aportan valor a otras actividades llamadas tradicionales”. Es que, entre otros puntos, hay beneficios en las contribuciones patronales para las empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad, residentes en zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales. También se reduce el impuesto a las ganancias según tamaño de la empresa.

De esta manera, el Gobierno avanzará en la convocatoria a empresas de los rubros alcanzados para conformar una mesa de diálogo y elaborar un Registro. Allí las empresas deberán demostrar que el 70% de facturación es por la actividad promovida; en caso de no poder hacerlo, se establecen criterios como el carácter estratégico de la firma, el porcentaje de personal afectado, el grado de investigación y desarrollo, entre otros parámetros.

El titular del Sindicato Unión Informática, Ignacio Lonziame, celebró la reglamentación de la ley y que “permite continuar con una política de Estado que se sostiene desde la ley de software”. Según dijo a Télam el sindicalista, esperan llegar a unos 500.000 empleos directos en 2030, aunque se podría llegar antes debido al interés del sector.

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