Economía circular: Diputados oficialistas dieron luz verde a la Ley de Envases

El proyecto del Ejecutivo promueve la protección del ecosistema desde la gestión integral de envases y contempla la participación de recicladores. Juntos por el Cambio lo rechaza porque se cobra una tasa a las empresas para invertir lo recaudado en programas ambientales. Sostienen que hay 5.000 basurales a cielo abierto en el país.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), dio luz verde al proyecto de ley de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado que envió el Poder Ejecutivo. Ya contaba con dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

“Este proyecto es importante porque da cuenta de un problema que tiene la Argentina pero que en realidad es un problema a nivel global, que tiene que ver con la gestión de los residuos en una sociedad donde los patrones de consumo se han modificado mucho en las últimas décadas. Y sobretodo donde las tendencias y formas de consumo generan un gran descarte de varios tipos, lo que trajo obviamente un problema ambiental que es hora que empecemos a trabajar y a tratar con un marco normativo que nos permita resolverlo”, comenzó diciendo el diputado Itaí Hagman.

El legislador del Frente de Todos explicó que la propuesta incorpora conceptos e instituciones relevantes, como el de responsabilidad extendida del productor y la creación del sistema integral de residuos «asumiendo que esto es un problema que si bien los sistemas de recolección de residuos tienen competencia municipal, se trata de un problema de orden nacional».

La Argentina hoy tiene, según el Ministerio de Ambiente de la Nación, aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto «que expresan de alguna manera las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de los residuos», sostuvo Hagman. De allí que se busque desincentivar el uso de envases contaminantes e impulsar un sistema de depósito, devolución, retorno y utilización de los residuos.

Asimismo el proyecto establece la creación de puestos de trabajo o la formalización de ellos mediante un sistema integral de reciclados que sería coordinado con las provincias y municipios. En rigor, además de la cuestión ambiental «tiene componentes económicos porque ayuda a la sustitución de importaciones» ya que «las industrias demandan insumos que el mercado no satisface y hoy se importa basura de otros países para la producción«, añadió el diputado oficialista.

Si bien la iniciativa fue apoyada por 27 legisladores del Frente de Todos, desde Juntos por el Cambio presentaron un dictamen de minoría porque cuestionan la tasa que se les cobraría a las empresas para invertir en programas de gestión ambiental de residuos. La oposición adelantó que votaría en contra.

Es que la norma crea el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) que será financiado en un 80% con la tasa ambiental de responsabilidad extendida, que será de hasta un 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. La administración quedará en manos de la banca pública y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases a partir del fomento a la economía circular.

El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.

“Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso«, manifestó Luciano Laspina (PRO-Santa Fe), quien dijo que sumaría «una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores».

Y según reconstruye el sitio Parlamentario, Laspina continuó: “Es un impuesto en una tasa porque se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación, sin una estimación de los costos de los servicios que va a prestar que generalmente se prevén. No hay plan de gestión, no hay costos, no hay contraprestación que va a pagar el productor y el servicio que va a recibir”.

El radical Luis Pastori (UCR-Misiones) dijo que «sería bueno» contemplar «incentivos que se podrían dar a los comportamientos positivos» a los productores que incorporen materiales reciclables en sus productos ya que la iniciativa «castiga la externalidad negativa con la tasa, que es el envase en la vía pública». También dijo que se podría tener en cuenta a pequeñas y medianas empresas para que sean excluidas de las tasas «para no castigar de la misma manera» con las grandes firmas.

«Las que piden no pagar las tasas son las empresas multinacionales, que las abonan en otros países«, había cuestionado el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) días atrás.

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