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Diputados tramitan intervención de Aguaray tras el robo millonario del Gasoducto del NEA

Diputados tramitan intervención de Aguaray tras el robo millonario del Gasoducto del NEA

Legisladores avanzan en la intervención del municipio que lidera Jorge Enrique Prado, quien sería destituido. Fiscalía investiga extracción de unos 2.500 caños cuyo valor ronda los 1.500 dólares.

La intervención del municipio Aguaray es inminente: la Cámara de Diputados avanza con un proyecto para desplazar a su jefe comunal, Jorge Enrique Prado, y encomendar la elección de un nuevo intendente para el 2021.

En concreto, el pedido, presentado por el legislador Ramón Villa, es una respuesta al escándalo por el robo millonario originado por la extracción de unos 2.500 caños- 35 kilómetros aproximadamente- correspondientes al Gasoducto del NEA en la jurisdicción municipal.

La presentación del jefe del bloque FpV es también un mensaje político de reprimenda al intento de Prado de querer vincular a Nación, vía La Cámpora, en la maniobra denunciada y así salpicar al ministro de Medioambiente, Juan Cabandié. La desmentida no tardó en llegar; y ahora redoblaron la apuesta contra quien fuera ungido por el mismo espacio.

Por el momento, se sabe que el fiscal federal a cargo, José Luis Bruno, investiga el presunto delito de Prado para beneficiar a una empresa de Mendoza. El patrimonio estatal afectado a Nación, propietaria de los caños, rondaría los 3 millones y medio de dólares.

De hecho, el presidente del Concejo Deliberante de la localidad norteña, Guillermo Aleman, sostuvo que faltan unas diez resoluciones que ni siquiera fueron publicadas en el Boletín Oficial pero que eran exhibidas por el chófer y su ayudante en los controles de la Policía Federal. Se trata de una resolución firmada por Prado que autorizaba el retiro y posterior traslado de los caños a favor de la empresa OSYP S.A., cuyo titular es Diego Andrés Alos.

El transporte de los caños fue detectado por Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana en el Gobierno, quien sospechó y fotografió al camión mientras circulaba por la ruta nacional 34 en sentido norte-sur, a la altura de la localidad jujeña de San Pedro de Jujuy. Cuando llegó a Capital, se lo comunicó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y al titular de la empresa Vertúa, firma que radicó la denuncia en el fuero federal.

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