Diputados aprobó Ley de Protección Integral al VIH, TBC e ITS

Con 241 votos a favor, 8 negativos y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la normativa que impulsa un tratamiento íntegro al VIH, las hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Los detalles.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ley para establecer una respuesta integral e intersectorial al virus de inmuno deficiencia humana (VIH), las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como así también para la tuberculosis.

El texto, impulsado por la diputada entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) a instancias de las organizaciones civiles, cosechó los 241 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. De esta manera resta la aprobación del Senado para actualizar la Ley 23.798 sancionada hace más de dos décadas.

La diputada socialista Mónica Fein (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Salud, indicó: «Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público».

Fein explicó que la norma garantiza derechos laborales sin discriminación, ni despido, ni suspensiones, ni hostigamientos y prohíbe además las pruebas de diagnóstico compulsivos en exámenes preocupacionales. “Esta ley garantiza un derecho humano con perspectiva de género”, sintetizó la legisladora rosarina.

A su vez, el diputado kirchnerista Daniel Gollán (Buenos Aires) sostuvo que la normativa «viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina, de lo legal y de lo previsional».

Según números expuestos ante la Cámara baja, en Argentina unas 140 mil personas viven con VIH, a las que se suman cada año 4.500 personas que contraen la infección por VIH; de las cuales mueren aproximadamente 13 por día. En tanto que alrededor de 500 mil personas tienen hepatitis B o C en el país.

Celebran en los palcos la aprobación de la ley – Foto: Parlamentario

Cuando tuvo que defender el proyecto, la diputada Gaillard explicó: «Este proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos».

El texto plantea que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. También promueve la capacitación, la investigación y la difusión de campañas preventivas y la conformación de una Comisión Nacional integrada por diversos actores (del Estado, sociedades científicas, organizaciones civiles).

Asimismo se propone la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. Dicho observatorio funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Por su parte, el proyecto plantea un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Siguiendo este último punto, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad. ANSES estima que serían unas 50 jubilaciones anuales y mil pensiones, de modo que el impacto económico es ínfimo. Este punto había sido cuestionado por Juntos por el Cambio, que se proponía limitar el acceso.

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