Diputados aprobó ley de Economía del Conocimiento: ¿De qué trata?

Comprende incentivos fiscales a empresas y emprendedores en la industria del software y servicios tecnológicos. Hay especiales beneficios para empresas que incorporen personas con discapacidades, profesionales de ciertas ramas científicas, mujeres que logren su primer empleo registrado y para quienes vivan en zonas desfavorables.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Economía de Conocimiento que promueve el diseño, la adaptación y el desarrollo productivo de software y servicios tecnológicos. Será a través de incentivos fiscales, con foco en grupos en situación de desventaja laboral, para quienes viven en “zonas desfavorables” y para profesionales de carreras vinculadas a la ingeniería, las ciencias exactas y naturales.

El proyecto que venía del Senado, donde tuvo algunas modificaciones al texto original, fue aprobado con 133 votos por el Frente de Todos y los interbloques provinciales Unidad Para el Desarrollo, Federal y Movimiento Popular Neuquino.

Por su parte, 88 diputados y diputadas de Juntos por el Cambio se abstuvieron. Mientras que los dos diputados de la Izquierda, dos del PRO y Graciela Caamaño, de Consenso Federal, votaron en contra.

El régimen tendrá vigencia desde el 1º de enero de 2020 para las empresas adherentes y hasta el 31 de diciembre de 2029. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo y se crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.

El punto álgido de discusión fue el volumen de escalonamiento para los beneficios de las empresas según su porte que plasmó el Senado; es decir, que los incentivos se adecúen a las grandes, medianas o pequeñas.

«No se trata de una cuestión discriminatoria sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan, y por eso se orientó esa masa de recursos en ese sentido», explicó al respecto Carlos Heller presidente de la comisión de Presupuesto.

Del otro lado, la diputada Silvia Lospennato del PRO-Juntos por el Cambio criticó la readecuación de los beneficios fiscales mencionada y dijo que el oficialismo trabajó el proyecto “a espaldas del sector privado” porque hay “una mirada antiempresa«.

Al respecto, el diputado Pablo Carro del Frente de Todos retrucó: “No escuché ninguna Cámara que se quiera ir del país por el contenido de este proyecto. Celebro los cambios hechos por el Senado y le pido a la oposición que reconsidere su posición y acompañe este proyecto”.

«Las grandes empresas van a recibir estímulos, pero no pueden recibir lo mismo que el resto. Si tratamos a todos por igual se van todos los incentivos fiscales para los más grandes», consideró el mendocino José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

La ley promueve la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología; bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear; entre otros rubros.

Podrán acogerse a los beneficios aquellas empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país, con documentación en regla y que acrediten que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades en cuestión.

Para los nuevos emprendimientos, se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas. Además, se tendrá que acreditar la realización de mejores continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleadosun 1% para microempresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.

Cuando la inversión sea destinada a la capacitación de desocupados menores de 25 años y mayores de 25 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.

Asimismo, se deberá acreditar las exportaciones de bienes que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas en un porcentaje respecto a la facturación total del último año. Será de al menos 4% para las Micro Empresas, de 10% para las Pymes y de 13% para las grandes empresas.

Las entidades beneficiarias de la ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. Esos bonos podrán ser utilizados por el término de veinticuatro meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales, en particular el impuesto al valor agregado, pero no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la incorporación de la empresa al régimen de la ley.

El texto señala que el beneficio ascenderá al 80% de las contribuciones patronales cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales debidamente registradas de mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad o personas residentes en “zonas desfavorables”.

La ley va en sintonía a la mirada expuesta por el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando señaló que la economía del conocimiento es uno de los sectores que permitirá no sólo reactivar la industria nacional generando empleo, sino y complementariamente exportar valor agregado y generar divisas.

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