Deuda FMI: exigen «terminar con la indigencia en la niñez y la adolescencia»

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La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes pidió al Gobierno nacional que en la negociación con el FMI se priorice «el reparto de la riqueza» para mejorar «la calidad de vida» de ese grupo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabeza la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París. Ayer se reunió con funcionarios de Alemania, un país que apoya a la Argentina en el proceso.

Fue en ese marco que Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, exhortó al Gobierno Nacional que los acuerdos que se firmen deben considerar «de forma indeclinable que el reparto de la riqueza generada debe priorizar la calidad de vida de la niñez y adolescencia contra cualquier otro interés que ponga en riesgo tal garantía«.

Graham envió la solicitada al Poder Ejecutivo en la cual detalló puntos críticos identificados por el organismo en 2020: «el abandono escolar (particularmente en la secundaria), el acceso al cuidado y la educación inicial en la primera infancia, en particular en 4 y 5 años (enseñanza obligatoria), la inseguridad alimentaria (y dentro de esta, aspectos como la malnutrición y el hambre) y la necesidad de evitar la pérdida de ingresos de las familias con niñas, niños y adolescentes».

Según los datos del INDEC, a fines del año pasado más del 57% de las niñas, los niños y adolescentes de hasta 14 años se ubicó por debajo de la línea de la pobreza.

La defensora de los derechos de ese grupo etario en vulnerabilidad sostuvo, entonces, que es necesario «sumar a la agenda económica y política, en momentos de discusión sobre el pago de la deuda externa, lo urgente de la deuda interna que tenemos con la niñez y adolescencia a lo largo del territorio nacional«.

Así, la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescencia remarcó que el Estado debe priorizar el presupuesto para políticas sociales que asistan a «las familias donde habitan la niñez y adolescencia», incluyendo «política de trabajo, de educación, de acceso a la salud, de garantía de previsión social, de viviendas, y alimentarias».

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