Desnutrición y muerte de wichís en el norte salteño: imputan a 6 funcionarios más
Imagen ilustrativa
Las acusaciones se dan en el marco de la investigación por las sucesivas muertes de niñas y niños, en su mayoría de la etnia wichí. Suman 7 y no se descarta alcance a la estructura jerárquica, además del médico, agente sanitario, coordinadores zonales y el nutricionista.
El escándalo por el abandono a las comunidades del norte salteño y las sucesivas muertes de niños y niñas, en su mayoría de la etnia wichí, suma otro capítulo. Resulta que el Ministerio Público Fiscal avanzó en nuevas imputaciones a funcionarios, aún del llano, y advirtió que podría alcanzar a cargos jerárquicos tanto a nivel provincial como nacional.
La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó provisionalmente al agente sanitario Nelson Américo Andrada; a los supervisores de zona, Mateo Tallimpe y Víctor Rubén Palomo; al encargado de atención primaria de la salud Gregorio Moreno; al licenciado en nutrición César Adrián Murillo y al médico Edgar Machicao, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Estas seis imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, Coordinadora de la Niñez en Santa Victoria Este, departamenteo Rivadavia.
La intervención en cuestión de la fiscalía busca determinar responsabilidades específicamente en la muerte de dos hermanitos del paraje Vertientes Chicas, a treinta kilómetros del pueblo de Santa Victoria. Sin embargo, podrían sentar un precedente para futuras decisiones judiciales.
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Según especifican, la coordinadora de niñez Ávila y el agente sanitario Andrada fueron hasta la casa por el fallecimiento de un niño de un año de edad. Allí se encontraba su hermanita, de cinco años de edad, postrada en una cama en grave estado, por el cual requería asistencia inmediata.
BUUFO recibió dos vídeos filmados en aquélla oportunidad por el Secretario de Obras Públicas del municipio SVE, Pedro Lozano, quien mostró a la nena postrada en un colchón. El padre, que estaba sentado a la par, todavía con la tristeza en su rostro, respondió que ni agentes sanitarios ni médicos habían asistido al lugar, que no atendieron a su familia.
No obstante esto, los funcionarios “no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este”. Posteriormente, la chiquita murió. En el certificado de defunción se consignó como causa un “shock séptico”.
Además, surge que el nutricionista Murillo, el encargado de Atención Primaria de la Salud Gregorio Moreno y el supervisor de zona Rubén Palomo “no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los menores mencionados”.
En tanto, el médico Edgar Machicao radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del menor, de un año, fue “gastroenteritis con deshidratación severa”, sin que ese diagnóstico le constara debidamente.
Cuatro de las personas imputadas se negaron a declarar y otras tres lo hicieron con defensa oficial.
Entre la información brindada por los tres imputados que declararon este viernes; Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron, estaba calificada como de “Prioridad 3”, según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dicha normativa, según el acusado, fija que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3, tres veces en tres meses.
Murillo dijo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias (unos 13 mil habitantes) de los cuales, unos 2500 son menores de 6 años y que la mayoría de ellos, son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad; que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menor y no estaba en el lugar, para llegar al domicilio de Las Vertientes para verificar la situación de la niña; y que solicitó a la policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades. Primero le dijeron que el móvil debía volver de un operativo y luego, que debían cargar combustible. El móvil partió más tarde con Ávila y Aranda.
El médico dijo que desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por COVID, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de Nación y Fundaciones, volvieron a sus lugares de origen. Agregó que quedó una sola ambulancia disponible para toda el Área Operativa 8 y que la estrategia territorial debió reorganizarse con recursos humanos locales.
En el decreto de imputación, la Fiscalía también hizo constar “que atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional”.
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