Desmontes: las topadoras están listas, aunque el Gobierno diga lo contrario

La deforestación no tuvo cuarentena en Salta - Imagen Ilustrativa, Greenpeace

Hay más de 28 mil hectáreas en la mira para deforestar en Salta. Mientras se realizan audiencias públicas no vinculantes, desde Grand Bourg intentan poner paños fríos asegurando una evaluación de los pedidos. El ordenamiento territorial está vencido y se promoverá uno nuevo.

El gobierno de Gustavo Sáenz convocó a diversas audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas del territorio provincial, las cuales totalizan 28.311 hectáreas. «Salta busca autorizar en un mes más de lo que desmontó durante todo el año pasado«, denunció al respecto GreenPeace. Al mismo tiempo, la organización ecologista indicó que tras un monitoreo satelital revelaron que en la provincia se desmontaron 20.962 hectáreas durante 2020, en plena pandemia.

La noticia de los desmontes en la provincia replicó a nivel país a punto tal que desde Grand Bourg intentan contener las críticas. Así, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Social, Alejandro Aldazabal, sostuvo que «en este momento los proyecto están en proceso de evaluación poniéndose a consideración». «No quiere decir (que) automáticamente vayan a ser aprobados«, agregó el ingeniero en diálogo con RePerfilAr ayer.

Si bien Aldazabal dijo que hay una participación «prácticamente normal» de comunidad en las audiencias, la coordinadora de la campaña de Bosques de GreenPeace, Noemí Cruz, consideró que «con las actuales restricciones de circulación no (se) garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario».

En igual sentido, es decir para aplacar los cuestionamientos, el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia Martín De Los Ríos recibió a la legisladora salteña Alcira Figueroa y le adelantó que «no se autorizarán desmontes en la provincia hasta que esté aprobado el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos«. «El compromiso se dio de manera verbal en la reunión que mantuvo el funcionario con la diputada nacional del Frente de Todos el lunes último», agrega Página 12.

Recategorizar es pasión

Sucede que la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos venció en 2014 y desde entonces, ya con la gestión Juan Manuel Urtubey, se han desmontado miles de hectáreas. La maniobra para obtener autorizaciones de desmontes fue muy simple: cambiar el color del área para bajarle la rigurosidad en la protección según la categoría.

El famoso proceso de «recategorización» que apasiona a tantos. En este marco, la categoría verde indica un bajo nivel de conservación (propietarios pueden solicitar desmontes); la categoría amarilla es de mediano valor y la categoría de color rojo, es de alto valor de protección, esto es que en ambas rige la prohibición de tala.

Sobre el tema: En el gobierno nacional a veces pasan cosas raras…

Un caso emblemático fue el de la finca Cuchuy, al norte de Tartagal, ciudad cabecera del departamento General San Martín, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del por entonces jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. El empresario pidió recategorizar miles de hectáreas de bosques para talar, puesto que se encontraban en las zonas donde está prohibido hacerlo (rojo y amarillo). El Gobierno de Urtubey y el Poder Judicial avalaron la solicitud en 2018 a pesar de que fueron afectadas comunidades indígenas, tal como lo describió una columna de opinión de este medio.

Este medio pudo saber que la nueva administración de gobierno pretende un cambio en el ordenamiento territorial. Aunque todavía no haya circulado ningún proyecto oficial al respecto, sí hubo declaraciones que permiten conjeturar que tal modificación será regresiva desde el punto de vista medioambiental. Una de ellas la brindó De Los Ríos. «El ordenamiento territorial fue un canto a la pobreza en Salta», declaró a El Tribuno en septiembre del año pasado. Y agregó: «Cuando se habla de ordenamiento se habla desde el fanatismo y se piensa de un lado que es desmontar y del otro lado se supone que es prohibir el desarrollo. Y no… no es ni una cosa ni la otra».

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De manera tal que, vencido el ordenamiento territorial o aprobado uno nuevo, los desmontes continuarán. ¿Por qué, si no, han talado tantas hectáreas en los últimos años? ¿Por qué, si no, se ha deforestado de igual forma en plena emergencia sanitaria? ¿Por qué, si no, se emitió una resolución para eliminar la instancia de audiencias públicas (la cual luego se derogó por las críticas)? Las promesas de un funcionario provincial militante de un gobierno afín a las patronales agropecuarias como lo es el PRO a una legisladora nacional pueden irse con el viento, mientras comunidades indígenas y campesinas y la sociedad en general ve esfumar sus reclamos con el tiempo.

Los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar según denunció GreenPeace son:

  • 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal, solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
  • 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
  • 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L.
  • 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud, solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
  • 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
  • 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
  • 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.

De momento, las audiencias públicas para cada caso seguirán su rumbo. Es lo que manda la ley. Sin embargo, no hay garantías de que las topadoras, listas para cumplir su función, no enciendan motores.

“La destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Noemi Cruz de GreenPeace días atrás.

Como publicó este medio, “La deforestación del Chaco Salteño 2004-2015”, un informe elaborado por Andrés Leake, Omar Enrique López y María Cecilia Leake para la Fundación Refugio en base a la convocatoria de audiencias públicas, señaló que la superficie deforestada a causa de proyectos para el cambio del uso del suelo (PCUS) alcanzó a 1.252.978 hectáreas de las cuales un 36% se concentró en Anta, un 24% en San Martín y un 20% en Rivadavia.

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