Denuncian que los desmontes aumentan el riesgo de enfermedades

«Sáenz, la deforestación nos enferma», manifestaron activistas en un cartel. Con la deforestación generamos condiciones como el cambio climático, la menor humedad, mayor temperatura «para que los patógenos se multipliquen», advirtieron desde GreenPeace.

En el marco del Día Internacional de los Bosques, celebrado el pasado domingo, Greenpeace alertó sobre el avance de los desmontes en Salta. Agrupados al frente del Cabildo de la Capital provincial, activistas denunciaron el impacto de la deforestación en la salud de la población y señalaron que es responsabilidad del gobernador Gustavo Sáenz la autorización o no de nuevos desmontes.

Los ecologistas desplegaron un cartel con la leyenda “Sáenz: la deforestación nos enferma”, junto a la foto del mandatario con los ojos tapados por un barbijo, ilustrando la actitud de indiferencia o complicidad del gobierno salteño frente a la destrucción de los bosques nativos y sus consecuencias en la vida en sociedad.

“Más desmonte significa más enfermedades; más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más cambio climático, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Hernán Giardini (@hernangiardini) | Twitter

El mes pasado Greenpeace presentó un informe anual de deforestación en el cual se denunció que la pérdida de bosques nativos en el norte de Argentina en 2020 fue de 114.716 hectáreas y que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19, fue superior al año anterior.

Según datos de la organización ecologista, Salta desmontó más de 20 mil hectáreas durante 2020 y en lo que va del año se están gestionando autorizaciones para destruir 28 mil hectáreas más.

La actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo no deja dudas: con la deforestación nos acercamos cada vez más a los patógenos. A la vez, generamos condiciones -cambio climático, menor humedad, mayor temperatura- para que los patógenos se multipliquen», explicó Cruz.

La destrucción de la naturaleza es un crimen. Proteger los bosques es clave para mantener el derecho a la salud pública.

Desde GreenPeace sostienen que después de los desmontes y con «la agroindustria intensiva que se desarrolla» estamos creando «patógenos mega resistentes debido al uso de agrotóxicos y antibióticos». «La destrucción de la naturaleza es un crimen. Proteger los bosques es clave para mantener el derecho a la salud pública. Los desmontes deben ser considerados un delito penal, como así también los incendios, que este año en Río Negro y Chubut arrasaron 30.000 hectáreas. Una superficie similar se quemó en Jujuy el año pasado”, indicaron en un comunicado oficial.

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Como explicó BUUFO, la noticia de los desmontes en la provincia replicó a nivel país a punto tal que desde Grand Bourg intentaron contener las críticas. Así, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Social, Alejandro Aldazabal, sostuvo que «los proyecto están en proceso de evaluación poniéndose a consideración». «No quiere decir (que) automáticamente vayan a ser aprobados«, agregó el ingeniero en diálogo con RePerfilAr.

De momento no hubo resoluciones al respecto, o al menos no se difundieron públicamente. Sí hay pedidos al gobernador Sáenz de no autorizar los desmontes solicitados. No es para menos: la superficie de árboles que buscan tumbar supera las veinte mil hectáreas deforestadas en el 2020.

El Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia Martín De Los Ríos recibió a la diputada nacional por Salta, Alcira Figueroa, semanas atrás y le aseguró que «no se autorizarán desmontes en la provincia hasta que esté aprobado el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos«.

Sucede que la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos venció en 2014 y desde entonces, ya con la gestión Juan Manuel Urtubey, se han desmontado miles de hectáreas. La maniobra para obtener autorizaciones de desmontes fue muy simple: cambiar el color del área para bajarle la rigurosidad en la protección, según la categoría dispuesta oficialmente.

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En este marco, la categoría verde indica un bajo nivel de conservación (propietarios pueden solicitar desmontes); la categoría amarilla es de mediano valor y la categoría de color rojo, es de alto valor de protección, esto es que en ambas rige la prohibición de tala.

Un caso emblemático fue el de la finca Cuchuy, al norte de Tartagal, ciudad cabecera del departamento General San Martín, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del por entonces jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. El empresario pidió recategorizar miles de hectáreas de bosques para talar, puesto que se encontraban en las zonas donde está prohibido hacerlo (rojo y amarillo).

La gestión Urtubey y el Poder Judicial avalaron la solicitud en 2018 a pesar de que fueron afectadas comunidades indígenas, tal como lo describió una columna de opinión de este medio.

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Este medio pudo saber que la nueva administración de gobierno pretende un cambio en el ordenamiento territorial. Pero todavía no circuló ningún proyecto oficial al respecto.

Los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar según denunció GreenPeace son:

  • 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal, solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
  • 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
  • 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L.
  • 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud, solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
  • 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
  • 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
  • 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente.

Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al respecto. Cada vez que se celebra el Día Internacional de los Bosques, se alienta a los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas con los bosques.

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