Denuncian al empresario Elsztain y al Banco Santander por deforestación de miles de hectáreas en Salta

• Se trata del dueño de la empresa agropecuaria CRESUD y amigo del presidente Javier Milei que tiene intereses en el interior salteño.
• El banco de capitales españoles financió a la firma de Elsztain mediante la compra de bonos, advirtió un informe global. ¿Qué rol le cabe al Gobierno de la Provincia en las audiencias públicas?

La organización internacional Global Witness denunció que el Banco Santender “ha contribuido a financiar a una de las mayores empresas responsables por la deforestación” en Salta y otros bosques nativos de Brasil, Bolivia y Paraguay.

Se trata de CRESUD, el gigante de la agroindustria que controla Eduardo Elsztain, dueño de shoppings, supermercados, financieras, empresas energéticas y hoteles como el Libertador, donde Javier Milei se alojó durante la campaña presidencial.

El informe señala la contradicción del banco de capitales españoles porque en 2018 y en 2021 adoptó políticas para “limitar” la deforestación pero, al mismo tiempo, apoyó a Cresud a “acelerar su expansión geográfica” durante las últimas dos décadas mediante “un financiamiento por 1.300 millones de dólares” para la firma con intereses en Salta.

Según los datos revelados, “esto ha ocurrido a pesar de la deforestación llevada a cabo por el gigante agrícola de 170.000 hectáreas en sus campos desde inicios de este siglo”. “La magnitud de esta deforestación equivale a tres veces el tamaño de Madrid, la capital española”, graficó Global Witness.

“El año pasado, Santander fue el mayor acreedor de la UE de empresas relacionadas con riesgos forestales que estuvieron directamente implicadas en cadenas de suministro de carne vacuna, aceite de palma, soya y otros productos agrícolas que impulsan la mayor parte de la deforestación tropical”, señala GW.

A partir de datos satelitales, la organización internacional advierte que los bosques afectados incluyen a las regiones del Chaco en Argentina y Paraguay, el Chiquitano en Bolivia y el Cerrado en Brasil. La peor parte de la destrucción de una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo, y donde viven numerosos pueblos indígenas y comunidades locales, se la llevó la Argentina.

“Cresud les vende con frecuencia terrenos a otras empresas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la deforestación en propiedades actualmente en manos de la empresa, lo que significa que las verdaderas cifras de deforestación pudieran ser muy superiores”, aclara el reporte al reconocer que el método de recolección de datos (imágenes satelitales) “no es infalible y que los cálculos resultantes contienen pequeños márgenes de error”.

EL CASO DE SALTA

“En Argentina, más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos en la provincia de Salta, desde que fuera adquirida en 1997”. La información está acompañada por la siguiente imagen:

Seguidamente el informe de GW cita las declaraciones de Sergio Rojas, activista indígena de la comunidad Qom del norte argentino, y de un referente del pueblo Wichí que prefirió el anonimato. “Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas, el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, dijo Rojas.

“Antes [de la deforestación], podíamos ir descalzos al río sin quemarnos. Hoy en día, no podemos caminar descalzos ni 20 metros para visitar la casa de nuestro tío, porque el calor es insoportable, quema nuestros pies”, declaró el dirigente indígena wichi.

Con respecto a las maniobras empresariales para sortear las protestas, con el aparente aval de la Provincia, GW dice: “Al analizar una selección de las audiencias públicas de Cresud en Salta durante los últimos años, vemos que con frecuencia se realizan por las mañanas durante los días laborales normales, lo que puede resultar difícil para que las personas locales asistan”.

Y sigue: “A pesar de esto, en 2021, una sala presuntamente llena protestó contra el plan propuesto por Cresud para deforestar 3.383 hectáreas. Un representante electo de la provincia de Salta acudió para respaldar los planes de Cresud”. La convocatoria fue autorizada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el ingeniero Alejandro Aldazábal.

En tal encuentro, realizado en la localidad de Joaquín V. González, departamento Anta, estuvo el diputado nacional Carlos Zapata (La Libertad Avanza). Zapata bregó por la autorización a los desmontes con el argumento acerca del “desarrollo”. A su vez, por parte del Gobierno provincial estuvo María Antonella Pereyra, jefa del programa de Audiencias Públicas.

Cuando la organización Global Witness le preguntó al activista ambiental Hernán Giardini por el rol de los Gobiernos Provinciales como el de Salta en torno a las audiencias públicas, el referente de Greenpeace Argentina respondió: “Con frecuencia se organizan a kilómetros de distancia de las comunidades. Las comunidades a veces no tienen dinero para llegar hasta allí. En el caso de las comunidades indígenas, no traducen [la audiencia] al idioma de la comunidad”.

“La realidad es que la audiencia pública no puede considerarse un consentimiento libre, previo e informado. Por otra parte, estas consultas no son vinculantes, son solo audiencias”, agregó Giardini en alusión a la normativa internacional que establece la consulta previa a los pueblos indígenas.

La periodista Emilia Delfino de elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.