Demanda privada contra Huergo podría reactivar la megacausa por facturas truchas

La fiscal Simesen de Bielke sostiene que el empresario Matías Huergo desvió fondos a partir de su múltiple rol en empresas. Es por una denuncia que excluye los delitos a las arcas públicas, cuya causa está cajoneada en Provincia y demorada en Nación.

Por Emiliano Frascaroli

Este viernes la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió el juicio contra Matías Huergo, empresario imputado por desviar fondos en su favor a partir de la utilización de firmas en las cuales ejerció múltiples funciones: Lusal, Mantelectric I.C.I.S.A e Ilubaires S.A.

Huergo es acusado privadamente por administración fraudulenta puesto que, entiende Simesen de Bielke, aprovechó su condición de Director de Lusal y dispuso girar fondos a otra empresa de la cual también tenía participación (formal hasta 2015), Arcadio Obras Eléctricas. La investigación condujo que también utilizó personal laboral para realización de concesiones y publicitó una firma en el diario El Tribuno facturando a nombre de otra, contrariando posiciones asumidas en la constitución de las mismas.

La acusación del Ministerio Público Fiscal de Salta por delitos del ámbito privado podría derivar en la reactivación de la megacausa por facturas apócrifas, la cual está cajoneada y hasta el momento no se conocen avances. Esto es, que la demanda particular, cuyo fin empresarial podría ser la posibilidad de participar de licitaciones públicas sin que pese en los antecedentes un cobijo a un presunto delincuente, dé impulso a la investigación que reveló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la cual Huergo fue el único que cayó preso, luego excarcelado, y en donde está involucrada, entre otras firmas, Arcadio.

Doble camino

La decisión de desdoblar la investigación en el ámbito nacional y el provincial fue de la Cámara Federal de Casación Penal, competencia solicitada por el juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, y ratificada entonces por los magistrados Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci. El fiscal Ricardo Toranzos en su apelación sostuvo “hay un hilo conductor” entre los delitos a las distintas jurisdicciones estatales. Sin embargo, la megacausa tomó un doble camino.

Desde el fuero federal señalan que la cantidad de cuerpos del expediente y la feria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de la pandemia impide avanzar en las investigaciones que tienen a Huergo como a otras personalidades del establishment político-empresarial local en la mira.

Mientras tanto, el diputado nacional Martín Grande Durand manifestó su descontento con Huergo, su amigo, y a quien fue a visitar en la cárcel y recomendó que se acogiera al programa de testigos arrepentidos y diera detalles de la red de la cual sería sólo un mero engranaje. El salame de un sanguchote, en la metáfora del legislador macrista.

No obstante el desatino, el periodista devenido en parlamentario dejó entrever en Radio 10 que podría conocer algo más de lo que dijo públicamente y que por su condición de funcionario, tal vez amerita a ser citado a prestar declaración. No por lo que dijo, sino por lo que no. “Cuando yo lo fui a visitar lo que pedí que haga es que diga la verdad y que se transforme en un testigo arrepentido, para dilucidar rápidamente, quienes son los que robaban”, rememoró Grande Durand en el programa que conduce Jorge Calvo.

Del actual pedido a juicio contra Huergo no se especifica el monto de las transacciones ni las obras que estaban a cargo de tal o cual empresa. Tampoco se sabe por qué sí hubo avances en esta demanda y no así en la que compete a dinero público. Sólo puede haber conjeturas.

El alumbramiento a los sótanos de la democracia en la era Mauricio Macri devela una estructura de espionaje ilegal, aprietes, amenazas y un sinfín de operaciones que involucra a políticos, periodistas, narcotraficantes, fiscales, jueces y empresarios, según investigan los poderes estatales. Puede que el contexto, entonces, dé envión a las causas que permanecen o cajoneadas o demoradas y se empiece a conocer el entramado provincial.