De chofer a “dueño”, el caso que abrió una disputa por la propiedad de AHYNARCA
La empresa a cargo del corredor 8 (A, B, C y Transversal) atraviesa una crisis interna por una serie de irregularidades detectadas en torno a la titularidad. Mientras tanto, se espera la elevación a juicio de una causa contra el supuesto propietario Walter Pérez, sobre quien pesa un fallo judicial adverso.
Apenas un año y medio después de que SAETA se hiciera cargo del transporte público de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta, en enero de 2007, la empresa AHYNARCA S.A. quedó a cargo del corredor 8 (8A, 8B, 8C, Transversal) que antes ejercía mediante la UTE SAN CAYETANO. Nadie pudo imaginar que este acto marcaría el principio de una disputa interna que, más pronto que tarde, terminará por definirse en el Poder Judicial.
Sucede que diez años después, en 2017, el chofer de colectivos devenido en «presidente» de la firma Walter Pérez junto con Benito Cisneros, Héctor Díaz, Jorge Vay, José Ortiz y Juan Moreira “usurparon y desplazaron a Héctor Rodríguez de la dirección y administración de la empresa, de su oficina privada, de la documentación personal, profesional y societaria (…) abusando de la simulada investidura jerárquico-societaria que investían en la documentación societaria”, según explica el abogado de Rodríguez, Raymundo Sosa.
La mencionada usurpación edilicia fue confirmada por un fallo judicial que ordenó a los demandados restituir y entregar a Rodríguez “libre de ocupantes y/o cosas puestas por ellos” la parte del edificio de Ahynarca S.A. donde funcionaba su oficina en el B° Intersindical de la zona sur capitalina. Fue el primer triunfo de una batalla librada para recuperar las acciones de la empresa que, tras tomarla por la fuerza, fueron adquiridas por Pérez en complicidad de los restantes testaferros.
En el caso hay suficiente material probatorio como para iniciar el juicio: en el pedido de elevación de la causa solicitado a la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, Sosa expone que tanto la pericia caligráfica– a las firmas de distintos documentos- como la sentencia en el interdicto “pulverizan” las afirmaciones de Pérez acerca de que es legítimo presidente y propietario del paquete accionario de la empresa desde 2004, tiempo en el que se desempeñaba como chofer.
BUUFO pudo acceder a los estudios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre la relación de Pérez con Ahynarca que confirman que, durante el periodo 01/2007 a 05/2018, percibió haberes en relación de dependencia de la empresa AHYNARCA SA en su categoría de personal “Administrativo” y desde el 06/2018 hasta el 10/2021 lo hizo como “Gerente General”.
El informe, que fue suscripto por la contadora Ana Gabriela Fabbroni de la UDEC, echa por tierra las afirmaciones de Pérez en otro documento que forma parte del expediente y en el cual asegura haber sido presidente de la firma incluso desde antes de su conformación. La demanda de Rodríguez sostiene que nunca un presidente podía ser empleado a la vez, ni viceversa. De hecho, la doble condición (empleado y presidente) abrió un interrogante en torno al salario percibido y posibles delitos, pues las remuneraciones a los trabajadores son afrontadas por una empresa que recibe subsidios estatales.
Con la pericia caligráfica, una sentencia a favor e informes de AFIP, ha quedado demostrada «la mendacidad e inexactitud” de las declaraciones de Pérez sobre Rodríguez, “exponiendo al imputado como lo que es, un recurrente mentiroso, usurpador y estafador», apuntó el escrito al que accedió este medio.
En el pedido de elevación a juicio se advierte que Pérez y sus secuaces sabían que “los contradocumentos que habían suscrito” y que demuestran la falsedad de lo vertido por el denunciado “ya no se encontraban en poder del denunciante, por haberlos robado ellos mismos” por lo cual “accedieron y entregaron las acciones que no le pertenecían al imputado, a precio vil».
«Walter Pérez es un personaje que se considera capaz de torcer la realidad, la historia y el destino, con la simple acción de falsear la verdad, tal vez tenga derecho a creerlo, usurpó con violencia y clandestinidad una empresa millonaria, negó su propia firma, la reconoció, usufructuó los beneficios de tal reconocimiento y posteriormente la volvió a negar, motivando una pericia del CIF, incumplió compromisos asumidos en escritura pública, amenazó testigos en esta fiscalía, negó su calidad de empleado, percibió durante 20 años beneficios de empleado, de un día para otro autentico el cargo de presidente ficticio de la empresa y por la fuerza lo convirtió en real, asegura que lo es desde el 2004″, concluye Sosa.
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