Coronavirus: Más de 500 detenidos en Salta cumplirán penas en sus casas
Fiscalía explicó el procedimiento policial para frenar la pandemia. Los detenidos no van ni al sistema penitenciario ni se quedan en comisarías.
En los dos primeros días del aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno de la Nación para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, la Policía detuvo a más de 500 personas en Salta.
Benjamín Cruz, secretario de Seguridad, informó de los operativos realizados para resguardar la salud pública de la ciudadanía y precisó que las detenciones tuvieron lugar en Capital, Tartagal, Orán, Salvador Mazza, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate y Joaquín V. González.
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“La mayoría de las personas no supo justificar su permanencia en la vía pública como lo indica la normativa sobre el Aislamiento Preventivo Obligatorio por lo cual al detectar esta situación la policía da intervención a los fiscales federales de las distintas jurisdicciones”, detalló el Ministerio de Seguridad.
A raíz de las dudas en torno al procedimiento para monitorear el estricto cumplimiento de la emergencia sanitaria, el fiscal penal Pablo Rivero explicó las medidas dispuestas en el DNU y brindó detalles al respecto.
“Los efectivos primero deben preguntar el motivo de salida (para descartar excepciones contempladas en el DNU), luego intimar el regreso a los hogares y si hay posible comisión de delito, recién concretar una detención”, detalló el coordonador de los fiscales penales.
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Además, Rivero precisó que luego de la intervención de los Juzgados en turno, los infractores “cumplen detención domiciliaria, se dicta luego una prórroga y finalmente la prisión preventiva. Sobre el listado de intimados se cumple un control efectivo y diario del cumplimiento”.
Cabe recordar que el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ exceptúa sólo a quienes se desplacen indispensablemente para comprar medicamentos, alimentos y artículos de limpieza.
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De igual forma la normativa estipula controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determinen las autoridades competentes.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad podrá detener a vehículos que circulen en infracción y retendrá a sus conductores.
Por su parte, Rivero explicó la cuestión de competencia al momento de intervención del Poder Judicial, y señaló: “Los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el COVID-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal. En esos casos, hablamos de aeropuertos, rutas nacionales y cruces migratorios (legales e ilegales) entre otros espacios de jurisdicción federal”.
Esta última cita publicada por el MPF trae a colación el caso del primer infectado del nuevo coronavirus en Salta: la Jueza de Garantías, Edith Rodríguez, declaró la incompetencia de su Tribunal y pasó la causa (en la que también hay otros cuatro ciudadanos que regresaron de Alemania) al fuero federal por entender que el delito se habría cometido, en principio, en Buenos Aires, cuando el salteño arribó al aeropuerto de Ezeiza y no cumplió con el aislamiento obligatorio que rige para quienes provienen de las zonas declaradas como peligrosas por el PEN.