Conflicto docente: ¿Qué piden los gremios que rechazaron la oferta de Grand Bourg?

• Al menos tres gremios no firmaron el acuerdo paritario con Grand Bourg. Los “autoconvocados” piden ser parte de la mesa y ATE llamó a un paro para el viernes 1/8. 
• Crece el malestar con la ministra Cristina Fiore por las amenazas de descuentos por paro. El antecedente de la “Ley Finocchiaro”, un anticipo de BUUFO.

Si bien el Gobierno de la Provincia anunció el pasado martes 29/7 un acuerdo paritario con los gremios estatales, las principales entidades que representan a la docencia salteña rechazaron la oferta y la negociación sigue abierta.

Los gremios que no aceptaron el aumento del 14% para el segundo semestre y el bono de $50.000 son la Asociación Docente Provincial (ADP), el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (SITEPSA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

De hecho, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Salta llamó a un paro en toda la provincia para este viernes 1° de agosto. “Esta medida se toma ante la grave crisis económica que atraviesan los trabajadores, cuyos salarios quedan por debajo de la línea de la indigencia”, explicó el gremio.

Asimismo, el sector denominado “docentes autoconvocados” ratificó la continuidad del paro de actividades, pese a las amenazas de descuentos que realizó la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales.

Como se informó, la oferta salarial del 14% para el segundo semestre que hizo Grand Bourg se distribuirá de la siguiente forma: 4% en agosto; 5% en octubre y 5% en diciembre. Con este porcentaje se llegaría al 23% de incremento anual, precisaron fuentes gubernamentales.

El Gobierno propuso que el salario de un docente que recién inicia, con jornada simple, quedara en $715.000; ratificó el pago de la Compensación Transitoria Docente (ex Incentivo Docente eliminado por Nación) hasta diciembre de este año; y dispuso un incremento adicional del 15% en el ítem transporte.

Sin embargo, los gremios docentes que no suscribieron la paritaria piden el blanqueamiento del Código N° 690, un ítem que forma parte del recibo de sueldo y que alcanza a toda la docencia de la provincia, sin exclusiones, tal como explicaron desde la ADP. 

FACTOR ECONÓMICO

Si con el 14% de aumento para el segundo semestre se llega al 23% de recomposición anual, esto quiere decir que para los primeros seis meses del 2025 la suba salarial para los estatales salteños fue del 9%. Para el mismo periodo, el INDEC informó que la inflación acumulada trepó al 15,1%, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de por lo más de seis puntos porcentuales.

A la par, docentes cuestionan que la base de cálculo para las actualizaciones porcentuales es el salario de diciembre del 2024. Esto deriva en ajustes que, traducidos en pesos constantes y sonantes, resulten insignificantes respecto al coste de vida.

Para colmo, hay quienes ponen en dudas la inflación que comunica el INDEC, toda vez que la metodología está desactualizada: se utiliza el patrón de consumo del año 2004. Sucede que el gobierno de Javier Milei ha decidido seguir postergando la actualización de la canasta que determina qué porcentaje del total de los gastos promedio se destina a cada rubro.

A principios de año más de 30 sindicatos emitieron un comunicado para cuestionar la medición oficial de la inflación que elabora el INDEC y advirtieron que «para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos».

En un texto firmado por ATE, La Bancaria, los Aceiteros, entre otros, los sindicatos señalaron que  “la mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024”.

“¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados con incrementos “libres” cada tres meses?”, se preguntaron los gremios, para luego afirmar que «el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años». 

SOBRE EL TEMA: 

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CINTURA POLÍTICA

La negociación paritaria salteña se lleva adelante en un clima de creciente malestar, en particular contra la ministra Cristina Fiore Viñuales. Recientemente el gremio SITEPSA denunció que docentes están siendo coaccionados por parte de la cartera educativa para evitar que ejerzan su derecho a huelga.

Desde el gremio que conduce Victoria Cervera advirtieron que el Gobierno «ha remitido a todas las escuelas una planilla en la cual los directivos deben comunicar a los supervisores quienes son los docentes que adhieren al paro», razón por la cual tildaron la medida de ilegítima y coactiva.

La postura de Fiore Viñuales coincide con la bajada de línea de la Casa Rosada para limitar el derecho a huelga. Por caso, vale recordar el proyecto bautizado como «Ley Finocchiaro» presentado por el legislador Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Mauricio Macri, por el cual se declara a la educación como servicio estratégico esencial, una definición que obligaría a los docentes y no docentes a brindar guardias mínimas y abrir las escuelas los días de paro.

La diputada nacional salteña Pamela Calletti argumentó su voto positivo a tal proyecto y rechazó las afirmaciones del secretario general de la ADP Fernando Mazzone acerca de que podría ser un paso previo al arancelamiento educativo debido a que se transforma un derecho en un servicio.

“No, no es así (…). La idea es que el derecho a huelga, que tiene que ser reconocido- y que no puede ser cercenado porque está en la Constitución- se compatibilice con el derecho a estudiar de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Calletti en diálogo con «Sapo De Otro Pozo», el programa radial de BUUFO.

 

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