Conflicto, adaptación política y nuevas formas de representación: las exigencias populares de la pospandemia

paro docente

Marcha docente en la Capital de Salta - Foto: Agustín Ochoa

El reclamo docente es un reclamo ciudadano a ser escuchados por sus representantes. Reconocer esto es fundamental: la lucha docente es una lucha por mejorar nuestra calidad democrática.

Por Shagira Cortez

El conflicto es parte constitutiva de nuestra sociedad. A veces los conceptos no nos permiten ser conscientes de que en ellos se engloban heterogeneidades. Hablar de una sociedad implica pensar una multiplicidad de colectivos, grupos o movimientos que pujan por obtener una parte de los recursos disponibles que, además, son escasos. Si a eso le añadimos que no todos los grupos están en igualdad de condiciones para pelear por lo que consideran justo, podemos comprender que el conflicto, en definitiva, es parte constitutiva de la sociedad y que su ausencia implica pensar en que hay sectores de la sociedad probablemente adormecidos.

La Política es el ordenamiento de la vida en sociedad. La Política es la gestión del conflicto, que es además inherente a la sociedad.

Desde ese lugar, más allá de los intentos estatales por encuadrar los devenires sociales en un marco institucional, de orden, por buscar la pacificación o el consenso social, por negociar con representantes, la sociedad no se estabiliza para siempre. Lo que hay es la construcción de un momento de equilibrio. Pero en política no hay gestión acabada de nada porque la sociedad misma constantemente se mueve, evoluciona y resignifica las luchas, renueva los reclamos y reformula las formas de expresarse.

Quienes ocupan cargos en la función pública, deben aprender el fino arte de la adaptación. A fin de cuentas, su rol es responder a los reclamos y las preguntas que la sociedad realiza.

Ya asistimos a la cuarta semana de conflicto docente y se sumó el reclamo de los trabajadores de salud. El conflicto forma parte nuclear de la sociedad, pero la prolongación del mismo no habla de la intransigencia de los sectores en lucha sino de la incapacidad o de la resistencia de las superestructuras -encarnadas en las instituciones estatales- a escuchar y atender la realidad. “Una vez en el cargo, el funcionario tiene que gestionar lo que le toca“.

Lo que se plantea de fondo con el conflicto docente, que lo llamamos conflicto docente porque lo que se ve en las calles son docentes, pero que en realidad es un conflicto que nos atraviesa a muchos como trabajadores, es la revalorización del trabajo.

El trabajo es un ordenador social: una persona ocupa un porcentaje de su tiempo, es decir de su vida realizando algo y ello le debe generar una retribución de base económica. Pero no se puede perder de vista que todo ello debe estar enmarcado en un cuadro humanístico: trabajar en condiciones dignas y cobrar un sueldo digno. La frase “el trabajo dignifica” es lo que buscan hacer realidad los docentes que están hace 30 días poniendo el cuerpo en las calles. El trabajo es un medio para generar ingresos y poder vivir medianamente bien, pero los docentes prestan su servicio que es fundamental para cualquier sociedad que quiera crecer y desarrollarse y lo hacen en condiciones indignas. Y además, su salario constantemente fluctúa de manera tangencial a la línea de pobreza.

Los reclamos que estamos viendo ilustran de manera emergente un proceso de tensión en el que subyace de fondo, un proceso de redefinición en lo que respecta a las fronteras tradicionales de las competencias del Estado –provincial en este caso- y las competencias de la sociedad –o más específicamente de la ciudadanía-. Lo que se lee detrás del conflicto social que hoy se visibiliza con el reclamo docente, pero que no se agota solamente en los docentes, es un rechazo hacia las formas tradicionales de delegación del poder popular. Hoy la ciudadanía quiere hablar más, quiere involucrarse más, quiere discutir, pero lo quiere hacer de par a par con las instancias de decisión que se enfundan en personas que deberían responder al pueblo. Pero resulta que las instituciones no están preparadas para esa interpelación ciudadana. Son años de arrastre de desinterés, de decepción, de defraudación, de disociación institucional, que forjaron instituciones distantes de la base ciudadana que se cristalizan en una clase de dirigentes expertos en institucionalizar o normalizar la precarización y que son posponedores seriales de las urgencias de base. Pero hoy eso está cambiando.

Quieran o no los funcionarios en ejercicio, se está produciendo una ruptura en lo vinculado a la participación ciudadana: la delegación y la representatividad, que son base de nuestro sistema democrático, no tienen por qué ser sinónimos de pasividad y esto la docencia lo tiene muy claro. Cuando hay que salir a la calle, se sale. Cuando hay que gritar, se grita.

Se están cuestionando los canales tradicionales que existen para poder acceder nada menos que a nuestros representantes. Cuando la democracia deja de ser cercanía, la crisis social comienza a ser norma. Y el cambio se torna inevitable.

Estos reclamos dejan entrever que la gestión democrática del conflicto, en los términos en que se presenta hoy, no es eficiente porque no es transparente y no es directa, sino todo lo contrario: hay cierta turbiedad. La tensión que hoy se ve en definitiva se plasma en el rechazo docente al exceso de intermediarios: a la revalorización del trabajo, se le suma la revalorización del protagonismo ciudadano en una democracia que viene siendo muy distante, que tiene una suerte de delay para tratar ciertas temáticas y que juega con el limite temporal. El reclamo docente es un reclamo ciudadano a ser escuchados por sus representantes. Reconocer esto es fundamental: la lucha docente es una lucha por mejorar nuestra calidad democrática. Pero la tensión se prolonga por los intentos de la clase política por eyectar o mantener lo más afuera posible nada menos que al soberano y dueño último del poder: el pueblo. Uno puede leer que “hace 4 semanas los docentes están de paro”, pero también puede leer que “hace 4 semanas el gobierno no quiere dialogar con los docentes” o que “hace 4 semanas los funcionarios buscan mantener la participación popular, lo más afuera posible del proceso de construcción y decisión política”.

Hay un nuevo contexto, la pandemia-pospandemia. Y es indispensable reconocer que este evento no es una cuestión puntualmente sanitaria cuyo tratamiento se circunscribe al Ministerio de Salud, los comités de emergencia, los hospitales, clínicas y centros de salud. La pandemia-pospandemia revolucionó todos los campos que atraviesan a la sociedad. Las estructuras sociales se están movilizando: se están replanteando las tareas hacia dentro del Estado, con el consecuente replanteo de las relaciones con la sociedad. Los Autoconvocados tienen más fuerza que los gremios y ello no es casual. Las sociedades se mueven y los canales de presunta representación que no se mueven con ellas, pierden apoyo. Lo que antes tenía legitimidad, hoy no y ello no está mal.

Lo que está mal es la lectura política que realizan los funcionarios: el ministro de Educación quiere discutir con los gremios, pero no con los autoconvocados. Los que están en la calle son los autoconvocados y no los gremios. Hay un esfuerzo deliberado por parte del Gobierno en mantener ese status quo que probablemente les significa una zona de confort para pensar políticamente. Pero justamente lo que complejiza un estadio de ebullición social es querer abordarlo con herramientas y discursos que hoy ya no funcionan.

En el reclamo docente se esconden entonces expresiones de rechazo, la docencia nos enseña el derecho a rechazar, en este caso a rechazar la subrepresentación, que es esa representación discursiva y no efectiva.

El ejercicio político hoy esta yendo a contramano de lo que sucede en la realidad: la política busca simplificar, reducir, generalizar y la realidad por el contrario afina y se complejiza cada vez más. La evolución social no está siendo acompañada por una evolución política en materia de respuestas.

Simplificar la política es ignorar la conflictividad que es inherente a toda sociedad o grupo humano. La aplicación mecánica de políticas o de instrumentos, sin contemplar la especificidad o los matices que la coyuntura le imprime a la sociedad, conduce a profundizar la crisis que en definitiva es el rechazo de sectores populares a decisiones, omisiones o ausencias gubernamentales. El reclamo es una expresión de rechazo. Y rechazar, es un instrumento ciudadano que también ilustra el ejercicio democrático. El problema es que los gobiernos planifican desde la estabilidad y desde la idea errónea de que ganar una elección conlleva la anulación de las disidencias.

Defender una causa, salir del adormecimiento, implica un costo. Reclamar es costoso. Hoy lo vemos en la docencia: que le cuesta el cuerpo, la salud, el descanso, el tiempo. Involucrarse, reclamar, es un desgaste, es resignar cuestiones personales para salir a marchar. Pero cuando se nos atraviesa la injusticia y las instituciones se pueblan de indiferencia, las calles se transforman en el cable conductor del coraje y la valentía para defender lo justo sin importar lo que cueste.

Como re-encantar a la sociedad cuando hace 4 semanas una parte del pueblo reclama diálogo y no se lo dan. Cuál es el alcance real o la motivación de fondo de la planta política del Grand Bourg y las intendencias, de los 60 diputados, los 23 senadores, los más de 300 concejales que debieran ser representantes del pueblo, pero hoy no son suficientes para poder ofrecer un marco de diálogo, algo tan sano y tan esencial para la democracia.

Como decía Paulo Freire: “Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar del humanismo y negar a los hombres es una mentira”.

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