Con críticas a Gerardo Morales, Jujuy se moviliza a 47 años de la Noche del Apagón
En 1976, luego de un corte de luz generalizado que dejo a oscuras a las localidades de Libertador San Martin y Calilegua, secuestraron a decenas de trabajadores, estudiantes y profesionales. Hubo responsabilidad empresarial del ingenio Ledesma, que hoy sostiene la precandidatura a vicepresidente de Morales.
Marcha por el Apagon de Ledesma en 2016 - Archivo
Como todos los años el pueblo de Jujuy realizará una movilización para recordar el aniversario número 47 de “La Noche del Apagón”. Este año la jornada se lleva a cabo, además, a un mes de la feroz represión policial a quienes se manifestaron en contra de la Reforma Constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, quien además es precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.
En la medianoche del 20 de julio de 1976, poco tiempo después de que se consumara el Golpe de Estado, se produjo un corte de luz generalizado en las localidades jujeñas de Libertador General San Martin y Calilegua. A oscuras, militares con apoyo del ingenio Ledesma secuestraron a trabajadores sindicalistas, estudiantes y profesionales, muchos de los cuales todavía permanecen desaparecidos. La misma situación se repitió durante una semana.
De hecho, también fue secuestrado el intendente de la localidad de Ledesma, Luis Ramón Aredez, quien todavía permanece desaparecido. Por los secuestros de Aredez y de unas 400 personas fueron procesados el CEO de la agroindustrial Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su capataz Alberto Lemos. Blaquier y Lemos proveyeron vehículos, información de inteligencia y personal del ingenio azucarero para que los militares ejecuten el plan sistemático de represión.
Actualmente el ingenio Ledesma sostiene la precandidatura de Morales, cuyo gobierno ha sido denunciado por violar los derechos humanos, tratados internacionales y la propia Constitución Nacional. Muchas de las detenciones que se realizaron el 20 de junio en torno a la legislatura jujeña estuvieron a cargo de camionetas sin identificación y de civiles que irrumpieron en hogares sin orden judicial alguna.
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También habrá movilizaciones en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, la cual finalizará en las oficinas de la empresa Ledesma. El secretario de derechos humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, anunció que participará de la marcha que ira desde Calilegua hasta Libertador General San Martin.
En 2012 el juez Fernando Poviña dictó procesamientos contra Blaquier y Lemos, los cuales fueron confirmados por la Cámara Federal de Salta al año siguiente. Pero luego la causa quedó paralizada gracias a la corporación judicial.
Así, recién el 8 del 2022 la Corte Suprema dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación que, en 2015, dictó la falta de mérito a favor de Blaquier y Lemos, y ordenó una nueva sentencia. Luego, el 5 de agosto, la sala IV de la Casación resolvió declarar «inadmisibles» los recursos interpuestos por los imputados y la causa regresó al Juzgado de origen en Jujuy.
No obstante, la investigación y el impulso de organismos de derechos humanos, Blaquier se fue impune, sin ser juzgado. Se le llama la impunidad biológica, pero con el repudio del pueblo, como señaló la agrupación HIJOS-CAPITAL.
El caso Blaquier-Ledesma forma parte de un informe que ha elaborado recientemente la Secretaría de Derechos Humanos titulado “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”.
En ese trabajo se retoma una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Verdad y Justicia sobre el rol de importantes firmas en el terrorismo de Estado.
Como se informó anteriormente, el Golpe de Estado materializado el 24 de marzo de 1976 fue ejecutado por mandos militares que se alzaron contra el Gobierno Constitucional y tuvo como objetivo principal aplicar políticas económicas a favor del capital extranjero y de parte del empresariado argentino.
Se inició así un ciclo de privatización de empresas estatales, de endeudamiento externo y de estatización de la deuda privada, de recorte al gasto público y la eliminación del control de precios, entre otras medidas económicas anti-populares.
El trabajo reconstruye un denominador común y particularidades sobre el rol de 25 empresas de seis regiones del territorio durante el terrorismo de Estado. Se destacan la confección y entrega de documentación sobre trabajadores a los militares, la provisión de recursos logísticos para ejecutar la represión ilegal o la presencia de altos funcionarios corporativos en los operativos.
