Comunidades indígenas marchan kilómetros para exigir mejores condiciones de vida

Partieron hoy desde Santa Victoria Este hasta la Capital salteña. Quieren que el gobernador Gustavo Sáenz cree una Mesa de Diálogo Intercultural. Expusieron 20 demandas que tienen que ver con la educación, la salud, el trabajo, los recursos naturales, el servicio de justicia, entre otras temáticas.

«Una marcha histórica de unidad, dignidad y autodeterminación». Así definieron las comunidades indígenas de Salta a la movilización que comenzó hoy, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, y que terminará en la Casa de Gobierno, en la Capital provincial.

Los pueblos originarios Wichi, Chorote, Chulupí, Tapiete, Qom, Guaraní, Chané, Kolla y Diaguita reclaman una Mesa de Diálogo Intercultural al gobernador Gustavo Sáenz, a quien le exigen que cumpla con sus derechos constitucionales en la elaboración de las políticas públicas.

Marchamos ante la ausencia de políticas reales e interculturales, que solucionen la profunda crisis sanitaria y social en nuestras comunidades, agravada por el COVID”, señalaron los originarios.

Según difundieron en un documento, esta movilización sumará unas 4.000 personas en el camino. “La pandemia dejó al descubierto la realidad que vivimos hace tiempo: la ausencia de recursos sanitarios, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, la falta de agua y de asistencia médica intercultural, el saqueo de nuestro territorio, la quema intencional y la tala de monte nativo sin control, la contaminación de los ríos que afecta nuestra soberanía alimentaria, la falta de educación intercultural de calidad, la violencia de las fuerzas de seguridad, la precariedad jurídica y la ausencia de diálogo político”, indicaron.

Entre las demandas que exponen a lo largo de 20 puntos, los Pueblos Originarios exigen: un modelo de intervención sanitaria y social para la pandemia adecuado a las realidades y respetuoso de las culturas (“tenemos otras lenguas y otras concepciones de la salud y la enfermedad”); que se nombre personal de salud de las comunidades, como así también auxiliares bilingües en los hospitales (“para una visión integral de la salud”); que se realicen los pozos de agua para tener este bien esencial; el otorgamiento de personería jurídica a las comunidades que aún no lo tienen; que cese la violencia policial de desalojo ilegítimo contra su territorio ancestral; que haya controles ambientales efectivos en las rutas y en los papeles para la eliminación de la tala y quema del monte nativo; que se otorgue DNI a las personas indocumentadas; que distribuyan bolsones alimentarios para las familias; acceso a una justicia intercultural; el reconocimiento del Consejo de Ancianas y Ancianos de las comunidades como asesores y mediadores de conflictos; la normalización del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas que está intervenido; acceso a vivienda digna, etcétera.

Asimismo, en el texto difundido mencionan que Salta es la provincia con mayor diversidad cultural del país, «pero aún no cuenta con una política de estado intercultural». De igual forma señalan que sus derechos están protegidos no sólo por la Constitución Nacional sino también por Convenios y Tratados Internacionales, como el artículo 169 de la OIT y la Convención de la UNESCO.

La misiva lleva la firma de más de 20 caciques de distintas comunidades originarias del interior provincial: Misión La Paz, Misión El Cruce, Comunidad Anglicana, San Rafael, Com. San Martín, Comunidad Toba, Comunidad Guaraní, Misión Chaqueña, Carboncito, entre otras, además de representantes de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio Para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de la Argentina.

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