Comunicación en cárceles de Salta: “Hay un teléfono público por cada 170 internos”

Entrevista al juez Eduardo Barrionuevo, quien hizo lugar a un amparo para que las personas privadas de su libertad pudieran utilizar celulares. La medida es cuestionada por el Gobierno. “Para que haya reinserción social se tienen que mantener los vínculos afectivos”, sostiene el magistrado.

La pandemia de la Covid-19 modificó hábitos de vida, relaciones interpersonales, formas de trabajo, etcétera. Entre esas situaciones, afectó el régimen de visitas y la comunicación de las Personas Privadas de su Libertad (en adelante PPL). Ya sea por falta de transporte o por ser grupo en riesgo por el coronavirus, familiares se han visto obligados a disminuir el contacto con sus seres queridos en las cárceles del país.

Así fue que la Asociación de Pensamiento Penal (APP), encabezada por su director ejecutivo Mario Juliano, presentó un hábeas corpus correctivo y colectivo a favor de las PPL de la Alcaldía General y las Unidades Carcelarias de Salta “en razón del agravamiento de las condiciones de detención” en contexto de pandemia “lo que impide el derecho humano esencial a la comunicación y contacto con familiares y allegados de forma accesible y asidua” según la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Anteriormente Juliano ya había logrado avanzar en tal sentido en dos cárceles de Buenos Aires.

El juez Eduardo Barrionuevo hizo lugar a la medida señalando que “al derecho humano básico de mantener contactos sociales, de sostener los afectos, se le suma un derecho humano subsiguiente, emergente del contexto de pandemia, a tener medios de comunicación alternativos que satisfagan suficientemente la imposibilidad de contacto físico”. Decidió que se habilite por 8 horas semanales el uso de celulares y que el Poder Ejecutivo de la Provincia establezca un protocolo para tales casos. El fallo se dio a conocer en octubre, a horas de la muerte de Juliano, abogado reconocido por su incansable lucha por los derechos humanos y por la construcción de una agenda progresista en el derecho penal.

BUUFO entrevistó al magistrado salteño de la Sala II del Tribunal de Impugnación que falló a favor de la presentación de la APP y, por ende, de las PPL. “La privación de libertad tiene por finalidad constitucional la seguridad y no el castigo. Eso implica que las restricciones tienen que ser a la libertad ambulatoria y no al resto de las relaciones humanas y familiares o proyectos educativos”, comienza explicando Barrionuevo al otro lado del teléfono.

En sintonía con el argumento de Juliano acerca de que mejorar las condiciones de detención en las cárceles (inclusive con el uso de celulares) contribuye a la rehabilitación de las PPL y disminuye la conflictividad, el Juez señaló: “Para que haya reinserción social se tiene que mantener los vínculos afectivos” ya que es lo que “permite a uno plantearse un proyecto de vida sano”. Allí citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, este medio publicó una nota tras los motines en Villa Las Rosas y la Alcaldía General donde se abordó, también, el hacinamiento en las cárceles y la aplicación indebida de la prisión preventiva.

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Cuando se presentó el amparo, Barrionuevo pidió a la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias un informe detallado sobre los internos y los medios de comunicación vigentes en los distintos centros de detención. “En algunas situaciones no se contaba con teléfonos públicos funcionando y en promedio el cálculo daba un teléfono público por cada 150 o 170 internos”, detalló el magistrado a este medio. Asimismo, la situación se agrava toda vez que para hacer una llamada, existen horarios específicos donde la demanda sobrepasa la disponibilidad de teléfonos, con lo cual es aún más acotada la posibilidad de comunicación. Así, Barrionuevo también calculó que cada interno tenía unos 30 minutos por semana para hablar en el mejor de los casos. “A esto se le suma que ése teléfono no es gratuito, es un teléfono con tarjeta prepaga y usted sabe que los minutos son siempre más caros”, redondeó.

Para que haya reinserción social se tiene que mantener los vínculos afectivos

Además, el magistrado hizo referencia a las estafas telefónicas que hubo en pandemia y la supuesta relación con el uso de celulares por parte de los reos. Se trata de un argumento de los detractores a la medida. Barrionuevo dijo que “los presos no tenían celulares permitidos” y sostuvo que su temor era, coloquialmente hablando, “que el preso débil tuviera que prestarle su celular al kapanga del pabellón, al más pesado, y terminara con su celular haciendo lo que no correspondía; en todo caso pagándole la llamada a otro”. “A mí me interesaba (facilitar la comunicación) para prevención tanto de la población con esta posibilidad que se hicieran irregularidades desde adentro como la protección de los mismos presos de garantizar que el teléfono lo iban a usar exclusivamente ellos para contacto con sus familiares y que no iban a ser apretados por otros presos”, refutó. Por tal motivo es que estableció que la utilización sea supervisada por personal penitenciario, lo cual “no es lo mismo que intervenir”.

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El Juez se manifestó también en contra de la interpretación que hizo el Poder Ejecutivo respecto a su sentencia. Considera que se tergiversó el fallo. “Una de esas modificaciones es que en el protocolo habían tergiversado la sentencia diciendo que se autorizaba la utilización de telefonía celular sólo mientras estuvieran las visitas restringidas. Y la sentencia no establece eso; establece que sea mientras estemos en situación de pandemia”, indicó Barrionuevo tras mencionar situaciones de fallecimientos por Covid-19 sin que las PPL pudieran despedirse.

Por su parte, el funcionario judicial explicó que hizo lugar a una objeción de la APP por la pérdida del derecho al uso del teléfono “por sanciones” y estableció que sea sólo en casos desanciones graves” conforme al reglamento carcelario.

La sentencia tampoco hizo lugar a la prohibición del uso de la aplicación de mensajería WhatsApp que dispuso el Gobierno. “No encontré ninguna razón de peso para esta prohibición. El argumento que daba la Provincia era una cuestión de seguridad y evitar que circularan vídeos o fotos que pudieran poner en riesgo el sistema de seguridad de los centros de detención. Esto es fácilmente controlable porque si el uso es supervisado, si hacemos pasar a la persona a una oficina y ahí le damos el uso del celular, no va a estar filmando dispositivos de seguridad ni algo que no corresponda porque está en una oficina cerrada”, fundamentó.

Al ser una sentencia ejecutoria sin efectos suspensivos, lo dispuesto por Eduardo Barrionuevo está vigente hasta tanto la Corte de Justicia la revoque o no sea confirmada luego de la apelación que hizo la Provincia. O bien hasta que termine la emergencia sanitaria. Mientras tanto, recientemente se aprobó el protocolo para el uso de celulares en las cárceles que ordenó el juez al Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con lo establecido (ver aparte), el reglamento estipula que la persona privada de su libertad debe pedir autorización por escrito y el/la juez/a de ejecución evaluará si es compatible con la sentencia judicial que dispone la detención. Son los familiares quienes deben proveer el aparato y pagar la línea, que serán registrados en el sistema. El Servicio Penitenciario lo mantendrá en custodia hasta que llegue el momento de su uso habiendo para ello una lista con las personas a las que puede llamar (que son quienes están autorizadas para visitas) y estando vedada la posibilidad de borrar el registro.

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