¿Cómo se llegó hasta acá? La construcción de poder (a fuego) de Gerardo Morales en Jujuy

“El pueblo jujeño ha votado para que no haya violencia, para que logremos la unión, para que entre los jujeños logremos el encuentro (…). Le vamos a garantizar los derechos a cada uno de los jujeños, no venimos a perseguir, vine a unir, a devolver la dignidad y la libertad de nuestras familias y de muchas personas«.

Con esas palabras Gerardo Morales asumió como gobernador de Jujuy en 2015, cuando Juntos por el Cambio llegó a la Presidencia de la mano de Mauricio Macri. Un eje central de su campaña fue la detención de Milagro Sala, la dirigente de la organización Tupac Amaru. La detención de Sala fue una promesa que se cumplió a mediados de enero de 2016 gracias a una serie de medidas de colonización del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo que se cristalizan en lo que sucede por estas horas: represión a mansalva.

Antes de la detención de Sala, Morales impulsó la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia de cinco a nueve integrantes. Dos de los nuevos jueces, Beatriz Altamirano y Pablo Baca, votaron la reforma horas antes ya que eran legisladores de la Unión Cívica Radical. Otros dos, Federico Otaola y Laura Nilda Lamas, también fueron designados durante el gobierno de Morales; y Clara de Langhe de Falcone adhiere a la UCR desde hace años. De esta forma, en apenas unos meses Morales construyó una Corte a su medida.

El mandatario jujeño contaba también con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Por ejemplo, la entonces ministra de Seguridad ordenó el traslado de gendarmes desde Santiago del Estero para reprimir las protestas de la oposición, pero un colectivo reventó un neumático sobre el puente del arroyo Balboa, en la localidad salteña Rosario de la Frontera, y el vehículo cayó al barranco. Murieron 43 personas y sobrevivieron apenas 7.

ANTES: «Bullrich dijo que nos iba a dar solución y se borró»: juicio por la muerte de los 43 gendarmes

La cooptación del Poder Judicial y el apoyo político de la cúpula nacional de JxC le permitieron a Morales darle un fuerte impulso a la minería de litio y a la producción de cannabis. Dos actividades que, por supuesto, se llevan delante según el esquema que digita Morales, uno de los férreos opositores a la regulación de este mineral estratégico. Tanto es así que la producción de la marihuana quedó en manos de Gastón Morales, el hijo del gobernador que ahora lidera un negocio millonario a costas de la salud.

Pero esa suma del poder público tenía repercusiones en la política local: poco a poco Morales fue cooptando también al Partido Justicialista, lo que le ha permitido sancionar leyes claves en la Legislatura. Ya en 2022, mientras preparaba su candidatura nacional, Morales lanzó una ofensiva contra esos mismos jueces que le sirvieron por varios años y promovió el juicio político de Clara De Langhe de Falcone, Sergio González y Beatriz Altamirano.

Se trataba de una jugada en tándem con Rubén Rivarola, el presidente del PJ jujeño y dueño del diario El Tribuno. Ocho años después de su asunción y luego de una serie de medidas tendientes a consolidar el status quo, Morales y Rivarola logran sancionar una Reforma de la Constitución de Jujuy que avanza sobre derechos garantizados por la Carta Magna Nacional y por Tratados Internacionales con rango constitucional.

SOBRE EL TEMA: Piden intervenir el Poder Judicial jujeño y denuncian tropelías de Morales

Dicha reforma constitucional fue avalada por ese PJ aliado de la UCR, mientras convencionales del Frente de Izquierda y del Frente Justicialista renunciaron a sus bancas. El debate fue corto, unidireccionado y se dio en pleno reclamo docente por mejoras salariales. Tras la aprobación se multiplicaron las protestas en el territorio jujeño por parte de pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones sociales que alzaron la voz contra los artículos que buscaban criminalizar la protesta social y avanzar sobre las tierras fiscales.

Luego de ello Morales dijo que dejaría atrás algunos artículos y la Convención Constituyente decidió sesionar en el Día de la Bandera para concretar la jura. Al enterarse de ese avance, las manifestaciones se radicalizaron y la Policía jujeña comenzó una fuerte represión con balas, gases lacrimógenos y hasta piedras. Hay más de 30 personas detenidas y un sinnúmero de heridos, inclusive jóvenes que perdieron un ojo por las balas de la policía. Mientras familiares buscan el paradero de sus seres queridos, como Juan Manuel Ferrero, cineasta salteño reprimido y detenido en San Salvador de Jujuy. 

ANTECEDENTES 

Por la represión en Jujuy se reabrió un viejo debate: la intervención del Estado Nacional. Muchas fueron las voces que le pidieron al presidente Alberto Hernández que indulte a Milagro Sala habida cuenta las irregularidades en el proceso judicial. Tantas otras que advirtieron por el funcionamiento del Poder Judicial como un ariete político y pidieron su intervención. No hubo acuerdo por ninguna de las iniciativas.

Cabe recordar que el senador nacional Guillermo Snopek (Frente de Todos-Jujuy) ya había presentado un proyecto para intervenir el Poder Judicial jujeño. Snopek, que además es hermano de la actual esposa del gobernador Morales, Tulia Snopek, fundamentó su iniciativa porque se utiliza a la justicia «como herramienta de disciplinamiento político». Pero la medida no avanzó.

Morales y sus socios intentan acallarnos.

Hoy fuimos notificados de la impugnación de mi candidatura a Gobernador por parte de los apoderados del Partido Justicialista de Jujuy.

Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/SCjqD6sWmP

— Guillermo Snopek (@guillermosnopek) April 4, 2023

En mayo de 2022 un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que promueve la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy. «El objetivo de la iniciativa es garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático«, justificaron sus autores, al tiempo que señalaron la necesidad de «hacer frente a las prácticas autoritarias» del gobernador Gerardo Morales.

La iniciativa lleva las firmas de Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho– quienes integran el Frente Patria Grande que conduce el dirigente social Juan Grabois-; de Leonardo Grosso del Movimiento Evita; y de Eduardo Toniolli del PJ-Santa Fe. Tampoco fue aprobado.

Desde el sector del Frente de Todos apuntaron que se trata de un régimen con tres ejes:

1. El primero es el narco Estado. En Jujuy no se está sembrando cannabis medicinal, hay una pantalla para el narcotráfico. La gendarmería ya incautó varios cargamentos con droga de los aportantes de campaña.
2. El segundo elemento es el saqueo y la entrega del litio, que es un recurso estratégico. Y los inversores necesitan seguridad jurídica y por eso la purga.
3. El tercer elemento es que Jujuy es un laboratorio del neofascismo. Para eso necesita garantizarse su reelección y un Superior Tribunal de Justicia que lo avale»

Morales fue funcionario de Fernando De la Rúa, el expresidente de la Primera Alianza que se tuvo que ir de la Casa Rosada en helicóptero  luego de declarar el Estado de Sitio y dejar un tendal de fallecidos. En esa Administración también coincidieron con Bullrich, la entonces ministra de Trabajo que recorto 13% el salario a estatales y los haberes a los jubilados.

Así las cosas, podríamos decir que el programa de gobierno de Juntos por el Cambio se pueden resumir en tres grandes ejes: precarización laboral y concentración económica; cooptación del Poder Judicial para convertirlo en un ariete político y represión a la protesta social ante cualquier reclamo en defensa de derechos colectivos. 

El tuit de Cristina Hernández de Kirchner sobre el pasado de Morales:

Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe.

Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2023

Por: Emiliano Frascaroli