Cazón plantea dudas sobre la imparcialidad de Jueces/as de la Corte salteña

El fiscal penal de Salvador Mazza opinó sobre la reforma a la Constitución que impulsó Sáenz y consideró que se debería elegir a miembros del máximo tribunal provincial por concurso. Para ello, propone un Consejo de la Magistratura «diferente al actual».

Si el interés sobre la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Salta forma parte de la vida cotidiana de la ciudadanía en general o no, algo se sabrá con los resultados del próximo 4 de julio, cuando se elijan convencionales constituyentes. Mientras tanto, referentes del mundillo político-judicial hacen conocer lo que piensan respecto a los temas que se propone debatir. Armando Cazzón fue uno de ellos.

El fiscal penal de Salvador Mazza consideró que la propuesta del titular del Ejecutivo, Gustavo Sáenz, «se pudo haber enriquecido con otras temáticas que son necesarias para adecuar algunos tópicos». Y si bien coincidió con el oficialismo en destacar la limitación de mandatos en cargos legislativos y ejecutivos, el caballo de troya del saenzismo, Cazón se refirió al funcionamiento de la Justicia para proponer modificaciones que cree sustanciales.

«Creo que, ante todo, se debe considerar la forma de elección de los magistrados de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, porque es absolutamente necesario e imprescindible dar un contundente mensaje institucional a la sociedad, tanto en la provincia como en la nación. Los miembros de la Corte deberían ser elegidos por concurso, como el resto de los jueces, fiscales y demás magistrados«, señaló el funcionario del Ministerio Público Fiscal en una entrevista con El Tribuno.

Actualmente el mecanismo para designación de miembros de la Corte de Justicia es el siguiente: el Ejecutivo envía a la Cámara de Senadores las propuestas, allí se analiza las sugerencias y fundamentos, y luego se vota en sesión. Duran seis años en sus funciones pudiendo ser nombrados nuevamente, según el artículo 156º de la CP.  Los demás Jueces son designados de la misma manera previa selección de postulantes por el Consejo de la Magistratura y son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta y desempeño. Este artículo figura como uno de los que el oficialismo pretende cambiar.

El también ex asesor en la reforma constitucional de 1998 y ex concejal de Tartagal dijo que tal elección se debería dar ante un Consejo de la Magistratura «diferente al actual, que es solo para magistrados inferiores, jueces, fiscales, defensores y asesores de menores». Al ser consultado por el impacto en la sociedad de la actual forma de designación de Jueces/as de la Corte de Justicia, Cazón sostuvo que «como un ciudadano más, las experiencias a nivel nacional y provincial no son buenas en cuanto a la credibilidad de los miembros elegidos para ocupar tan dignos cargos».

«La gente, en general, percibe que la elección de un miembro de la Corte significa necesariamente que responderá al funcionario que lo designó. Por esta razón, los fallos que se resuelven a favor de cualquier gobierno de turno son severamente cuestionados, por más que los fundamentos jurídicos sean ajustados a derecho. Los concursos para los miembros de la Corte serían, sin duda, una fuerte apuesta a la institucionalidad e independencia del Poder Judicial», se explayó el fiscal del norte provincial.

Cazón dijo que «es un dato de la realidad» que existen sospechas sobre la imparcialidad de los jueces de la Corte debido a «la impronta, el estigma de origen de la selección por parte del presidente o el gobernador de turno, hace sospechosa toda designación, aunque no lo sea».

El fiscal, es cierto, no habló específicamente de la credibilidad de quienes conforman hoy por hoy la Corte de Justicia de Salta. Pero lo dejó tácito. Con la llegada de Gustavo Sáenz a Finca las Costas vino la ampliación de la cantidad de miembros del Tribunal de siete a nueve y, más adelante, se produjo la designación de dos nuevas personas para ocupar dichos cargos. Fueron Alejandra Gauffín, Horacio Aguilar y Adriana Rodríguez Faraldo a quienes propuso designar Sáenz, siendo avalados sus pliegos en el Senado.

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Por otro lado, se puede abonar la versión de Cazón sobre la poca credibilidad del Poder Judicial. Las consultoras de opinión suelen preguntar a la ciudadanía su percepción de ese Poder Público y comúnmente los números que arrojan no son buenos. Los sondeos de Opina Argentina Management & Fit en 2017, publicados en La Nación, revelaron que para un 78% de los encuestados la imagen es “algo” o “muy negativa” y que el nivel de confianza es “poco” y “nada” para el 82,1%, según cada una de ellas, respectivamente. Más actual es el estudio de Inteligencia Analítica, con datos recolectados telefónicamente entre el 13 y el 19 de enero de 2020, cuyo resultado arrojó un 64,8% de imagen “mala” y “muy mala” en universo de casi 9 mil personas.

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