Causa IFE: 16 imputados pidieron resolver el conflicto ofreciendo donaciones

El fiscal Toranzos explicó que 25 concejales se sentaron en el banquillo y el juicio fue autorizado. La mayoría solicitó la figura «probation», que permite aceptar responsabilidad (no penal) y ofrecer reparación del daño.

Ayer se realizó una nueva audiencia de la denominada «Causa IFE», la investigación federal que se lleva adelante para determinar la responsabilidad penal de funcionarios salteños que han tramitado el beneficio de la ANSES a pesar de que no les correspondía.

Estuvieron presentes los 25 concejales imputados, de los cuales 9 lo hicieron de manera presencial y el resto se conectó de forma virtual. En la mayoría de los casos han sido imputados por defraudación a la administración pública.

El informe preliminar fue leído por el juez federal Ricardo Toranzos y la audiencia fue presidida por la jueza Mariana Catalano. 

“La audiencia que se trató hoy día es sobre una parte de la investigación que se lleva de los concejales que habían cobrado el IFE. Está en una etapa intermedia», explicó Toranzos al recordar que anteriormente se presentaron las pruebas y el Juzgado dio luz verde para llegar a juicio.

En diálogo con «Moisés divide las aguas» (FM Noticias 88.1), el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la provincia añadió que 16 de los imputados solicitaron una resolución de conflicto anticipada, más conocido como probation.

Algunos ofrecieron indemnizaciones o donaciones a entidades de bien público para reparar el daño y todos los que efectivamente cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia se auto-inhabilitaron por dos procesos electorales, en el que cuenta el proceso de este año.

Este instituto (la probation) que está previsto en el código no admite responsabilidad penal. Esto no implica una confesión, es una forma de resolver el conflicto con predisposición de reparar el daño. Si cumplen con las pautas prometidas, quedan sobreseídos”, indicó Toranzos.

El resto de los concejales tienen la posibilidad hasta el momento que se fije la fecha de juicio de solicitar una probation “lógica y razonable”, con una propuesta que se condiciona a las realidades individuales de cada sujeto. En caso de no solicitarlo, los 9 irán a un juicio oral y público.

Toranzos recordó que a lo largo de la investigación, los imputados totales– que son 53– fueron divididos en grupos y formalizando las acusaciones en distintos tiempos, habida cuenta la complejidad de los casos particulares.

El fiscal remarcó que en el grupo que tuvo su audiencia ayer hay varios tipos de imputados que se dividen en: los que cobraron efectivamente, quienes pidieron el IFE, se les autorizó pero no cobraron; y los que solicitaron pero el sistema los rechazó.

Además, existe el grupo que tuvo un depósito automático por ser beneficiarios de otros programas, a quienes se los imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por defraudación.

En cuanto al intendente electo de Aguaray, Guillermo Aleman, quien también solicitó el IFE pero fue rechazado por el sistema y la justicia lo sobreseyó. Toranzos indicó que cuestionó el sobreseimiento y en estos momentos se encuentra en revisión, según reconstruyó la agencia DDN.

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