Caso Liliana Ledesma: piden juicio contra el magistrado Edgardo Laurenci

El jefe de fiscales Pedro García Castiella presentó una denuncia en contra de Edgardo Laurenci, el juez que está a cargo del juicio al “Clan Castedo” por el crimen de la productora rural Liliana Ledesma, la mujer asesinada en 2006 tras revelar el avance del narcotráfico en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.

La presentación del titular del Ministerio Publico Fiscal se debe al desempeño de Laurenci “en el incidente de Ejecución de Sentencia” de Lino Moreno, el sicario condenado a prisión perpetua que se fugó en una salida transitoria. En la misma causa fueron condenados, en 2010, Aníbal Tárraga, Casimiro Torres y María Gabriela Aparicio.

El pedido de García Castiella deberá resolverse en el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, una instancia de la cual participan representantes de distintos organismos. La novedad fue comunicada por el titular de la Cámara de Diputados, Esteban “Tuty” Amat, al legislador Daniel Sansone, quien había adelantado el pedido de juicio contra Laurenci.

Laurenci quedó en el centro de la polémica luego de que Moreno se fugara del penal de Orán durante una salida concedida por el Juzgado. Dicho beneficio fue otorgado a pesar de los antecedentes previos y de la gravedad de los hechos por los cuales fue condenado. Tras la ventilación del caso se produjo un debate público que replico en el Poder Ejecutivo.

Así, el ministro de seguridad y justicia Marcelo Domínguez expuso en Mitre 550 los pormenores del caso Ledesma por la fuga de Moreno. Luego de las consultas en la Legislatura, se comenzó a preparar el pedido de enjuiciamiento a Laurenci. La iniciativa despertó el interés en la Procuración General, que recién allí decidió impulsarla a través de su titular García Castiella.

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El Tribunal está integrado por los jueces Edgardo Laurenci (presidente), Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi (vocales). Por su parte, la fiscal penal interviniente es Claudia Carreras, quien recusó al Tribunal por parcialidad “debido a que se la limitó a la formulación de preguntas, impidiéndole la acreditación debida de los hechos por los que acusa a los hermanos Castedo”, explicaron desde el Ministerio Publico Fiscal.

EL CASO

Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo se encuentran imputados por el crimen de Liliana Ledesma, la mujer que denunció el avance del narcotráfico y cuyo cuerpo apareció en septiembre de 2006 en el puente de la ciudad norteña de Salvador Mazza con varias puñaladas y cortes en los labios en señal de “silencio”.

Los Castedo, sindicados como los “capos” del narcotráfico en el norte de Salta, enfrentan cargos por homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento. Participan del proceso de forma remota desde el Penal Federal de Ezeiza, Buenos Aires, donde se encuentran alojados.

Durante la primera jornada los Castedo se abstuvieron de declarar, tras lo cual inició la ronda de testimoniales: declararon el hermano de Ledesma y una abogada que la acompañó en un reclamo que hizo ante el Poder Judicial contra los acusados.

En julio la dirección de la Unidad Regional N° 3 de Orán ejecutó el permiso del Juzgado interviniente otorgado a Moreno para las salidas transitorias, beneficio que fue dispuesto pese a la peligrosidad de Moreno y a no tener los estudios psicosociales aprobados.

La fuga de Moreno ha generado un tembladeral en el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En el primero de ellos se deberá tratar al menos un pedido de recusación contra el Tribunal y, según pudo saber BUUFO, en Mitre 550 analizan la convocatoria al ministro de Seguridad y Justicia, el exjuez Marcelo Domínguez, quien no habría actuado con celeridad en el caso en cuestión.

Sucede que Domínguez fue consultado por la prensa acerca de la búsqueda de Moreno: la respuesta ambigua dio a entender que ni siquiera estaba informado sobre el tema. “No hay ninguna responsabilidad del Servicio Penitenciario, que es auxiliar de la Justicia. Él debía regresar al establecimiento”, dijo el funcionario, reconstruye Opinorte. 

A su vez, el responsable del Servicio de Emergencias 911, Víctor Hugo Claros, negó ante los micrófonos de Cadena Infinito 96.5 que le ordenaran buscar por las cámaras de videovigilancia que tiene la Provincia al detenido que permanece prófugo.

Elida Romero, la madre de Liliana Ledesma, dio una entrevista a la emisora Cadena Infinito 96.5 para recordar como fueron los hechos y cuestionar el rol de miembros de la política y del Poder Judicial por las vinculaciones. “A mi hija la asesinaron porque le cerraron el camino y ella dijo que ellos son narcos. El camino ese iba al campo de nosotros. Tenía que llegar a la finca de los Castedo y de ahí pasaba (…). Siempre ellos han trabajado con la droga, y todavía tienen la cara para negarlo”, sostuvo.

Además, la mujer agregó datos sobre el posible paradero del sicario de Ledesma que se fugó: “Lino Moreno está en Bolivia. A mi hijo le contó un amigo que lo ha visto en Bolivia, anda con dos más. En Pocitos boliviano lo han visto».

Finalmente, Elida Romero dijo que teme por la integridad de sus hijos ya que «uno no sabe los pensamientos de cada persona y qué puede hacer». «Y Laurenci está muy pancho (…) No sé qué tengo que hacer. Antes de que le dé la salida a Lino Moreno yo vine a hablar con él y me dijo que él no puede hablar conmigo. Está de testigo el doctor Maldonado (el fiscal Mario Maldonado), que estaba conmigo”, añadió al referirse al juez que preside el Tribunal.

En diciembre del 2022, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a Reynaldo Delfín Castedo a 16 años de prisión por ser el responsable de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico, al lavado de activos y a la simulación inmobiliaria. También aplicaron una multa de 90 mil pesos y el decomiso de una finca de 19.954 hectáreas ubicada en el norte de Salta.

La sentencia alcanza al hermano del capo narco del norte salteño Raúl Amadeo Castedo y al martillero publico Eduardo Torino, condenados a 9 años de prisión. En tanto que los comerciantes Alberto y Luis Yudi recibieron 7 años de prisión; la exmujer del líder del clan Melba del Carmen Araujo, 5 años, y Mario Alberto Yudi, 3 años por lavado de activos.

Castedo es considerado uno de los narcotraficantes más importantes del país en los últimos años: la organización que lideraba operó entre 1999 y julio de 2016, cuando fue detenido luego de permanecer 10 años prófugo por el homicidio de Liliana Ledesma.

“Para efectuar todas estas maniobras (Castedo) ha necesitado la colaboración de distintos personajes e integrantes de la asociación ilícita” aunque hay “otras personas y profesionales que no han sido imputados en este juicio, pero que todavía hay una etapa investigativa en instrucción”, explicó la abogada querellante María Emilia Figueroa.

En diálogo con BUUFO, la representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) dijo que la mecánica de la organización liderada por Castedo comprendía varios delitos que iban desde narcotráfico, lavado de activos, simulaciones inmobiliarias, entre otros. De hecho, también estuvo involucrado el exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien finalmente fue sobreseído por fallecimiento.

Respecto a los bienes que se hizo Castedo, y siguiendo el pedido del Ministerio Publico Fiscal, se determinó el decomiso de la Finca El Aybal y el diferimiento de la cuestión de la finca El Pajeal cuya titularidad estaba en manos de Aparicio. Las tierras decomisadas- que abarcan los lotes Caricate, Nupiau y Quebracho Ladeao- son colindantes con Bolivia, razón por la cual eran utilizadas para el paso de droga.

Desde la UIF se manifestaron de acuerdo con la pena resuelta por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek y ahora esperan los fundamentos del fallo, previstos para marzo del año próximo. En principio la investigación estuvo a cargo de los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA y luego siguieron las tareas el fiscal general Carlos Amad y el auxiliar fiscal Jorge Vites Monier.

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Castedo, además, fue absuelto por la acusación de “uso de documento público falso o adulterado, pasaporte”, por el beneficio de la duda. Pero suma a su condena los delitos de «falsificación material de documento público» y coautor de «falsedad ideológica de documento público agravada, por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos».

Durante el juicio el fiscal Amad y Vites Monier detallaron los vínculos de los imputados con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores judiciales.

Finalmente, el Tribunal dispuso el decomiso de un automóvil VW Cross Fox en el que se movilizaba Araujo- ex mujer de Castedo- y ordenaron que quedara a disposición del Gobierno de Salta para ser destinado a los Ministerios de Salud o Educación.