Cartelización en publicidad turística: Procesaron a los salteños Ovejero y García Soria
El exministro de Turismo de Salta en la era Urtubey y el actual secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Capital están involucrados en irregularidades por la contratación directa de una empresa de marketing. Se les impuso, además, un embargo por $50.500.000.
La jueza María Servini procesó a exfuncionarios del área de Turismo del gobierno de Mauricio Macri y, además, a dos empresarios que están involucrados en la causa que investiga maniobras de corrupción en torno a la adjudicación presupuestaria para la realización de campañas de marketing.
En concreto, en 2016 el Consejo Federal de Turismo (CFT)- que está integrado por el Ministerio de Turismo y Deportes y representantes provinciales- decidió hacer una campaña en radio para publicitar distintas localidades de todo el país y para ello contrató a una empresa de forma directa para que distribuyera los fondos en los medios de comunicación.
De la licitación participaron “Team Media”, “Publicidad 10” y “80/20 Marketing & Publicidad”. En la investigación se pudo determinar que las firmas estaban relacionadas entre sí, de manera tal que para el fiscal Federico Delgado no hubo una real competencia, pues se habría direccionado la contratación, que en la jerga se conoce como “cartelización”.
El ministro de Turismo y Deportes de la Nación al momento de los hechos investigados era el cordobés Gustavo Santos y el subsecretario de Promoción Turística de la Nación era el salteño Fernando García Soria, actual secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Salta que conduce Bettina Romero.
A cargo del CFT estaba Cesar Mariano Ovejero, ministro de Turismo de Salta del gobierno de Juan Manuel Urtubey, y el coordinador de ese organismo era Claudio Massetti. La directora de asuntos jurídicos del ministerio de Turismo era Ana Inés Gradin, quien se mantiene en su cargo.
Los empresarios involucrados son Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen. En la contratación de la que se vieron favorecidos no se explica por qué Ovejero eligió a sus empresas y no a otras, ni tampoco surge el medio por el cual se les solicitó que informaran el presupuesto, según reconstruye Infobae a partir del expediente.
Además, las propuestas empresariales presentaban similitudes en la redacción, inclusive con errores de ortografía. Solo se diferenciaban en el monto final del presupuesto. El empresario Barrientos dijo desconocer a los funcionarios y sostuvo que las dos firmas bajo su control se dedicaban a distintas actividades. Jörgensen admitió conocer a dos de los exfuncionarios y señaló que tenía relación comercial con las otras empresas.
La jueza Servini sostiene que los exfuncionarios “omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas, con el único fin de que se celebre y se concrete el contratar por parte del Consejo Federal de Turismo a la empresa ‘Team Media S.A.’ en la persona de Marcelo Rafael Barrientos” por la suma de $10.072.983,80.
De esta forma, Santos, Massetti, Ovejero, García Soria y demás funcionarios fueron procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública; los empresarios serán juzgados por el ultimo delito de ellos. A todos se les impuso un embargo de $50.500.000.
El matutino porteño que difundió el caso preciso que el procesamiento dictado por la jueza Servini fue apelado por los imputados. Dicha apelación será resuelta por la Sala II de la Chamara Federal porteña, donde permanecen jueces alineados al macrismo, por lo cual hay incertidumbre por el futuro de la causa.
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