Buenos soldados en Diputados: polémica tras bloqueo oficial a proyectos

El saencismo despertó sendas críticas al rechazar el tratamiento de un proyecto para realizar estudios PCR a personal de salud y tuvo que remediar el Senado. Los antecedentes, que suman la ley de emergencia cultural y el robo de caños del NEA. Una brújula para el oficialismo.

Por Carlos Córdoba

A media semana el termómetro social levantó temperatura: el oficialismo en la Cámara de Diputados no avaló el tratamiento de un proyecto para que se garantice la realización de estudios PCR al personal de la salud y su incorporación a planta permanente y rechazó tratar una ley de emergencia cultural.

En cambio, la Cámara baja sí aprobó la declaración de interés provincial al conocido ovnipuerto en Cachi, el reconocimiento a peregrinos religiosos en vísperas del Milagro y la adhesión a conmemorar el Día del Inmigrante Italiano.

La lista de 38 diputados y diputadas que impidieron el avance de la norma, ya que el sector que responde políticamente al gobernador Gustavo Sáenz tiene la mayoría de los votos, comenzó a circular por redes y medios, y la indignación ganaba terreno.

El oficialismo en la Legislatura impuso ya en varios temas la mayoría con la que cuentan para evitar que la oposición le muerda las botas al titular del Ejecutivo Provincial y, en consecuencia, le endilgan falta de rumbo y soberbia.

Antecedentes

Sobre el proyecto que busca declarar la emergencia en el sector de la cultura, uno de los afectados desde el inicio de la pandemia que no pudo retomar actividad siquiera, el diputado Javier Diez Villa dijo que “es imposible financiarlo porque no hay plata”, que sólo “juega con la necesidad de la gente” y lo(s) tildó de “una locura”. Ojo: habló en plural, por lo que podría haber estado dirigido también al de los testeos.

Esos proyectos no van a ser tratados, porque son inviables, porque le están tomando el pelo a la gente”, desafió el titular del bloque Salta Tiene Futuro. Y luego dijo que “es absurdo” que haya quienes “hacen política con la pandemia”.

No es una novedad que artistas mantienen reclamos al gobierno para que genere una política pública de contención al sector. Hicieron desde semaforazos hasta críticas a la Secretaria de Cultura, Sabrina Sansone, quien para colmo cada vez que intenta atajar los cuestionamientos la termina complicando aún más.

La negativa del saencismo a tratar proyectos que generan debate o marcan un corrimiento a la agenda oficial es de larga data. Uno de los casos emblemáticos es el blindaje al intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, quien se encuentra imputado en la causa por el robo millonario al gasoducto del NEA.

El pedido de intervención al municipio norteño, realizada por el Frente de Todos, nunca avanzó. Allí jugó un rol importante la diputada Socorro Villamayor, que preside la Comisión de Legislación General.

Para el oficialismo no hay gravedad institucional en tamaña estafa que perjudicó a los vecinos que aún compran garrafas y que inviabiliza el crecimiento industrial.

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Sin embargo, la polémica se desató en torno al proyecto de testeo masivo a personal de salud y el pase a planta permanente. Diez Villa dijo en DNI que “es absolutamente falso que desde el oficialismo no se pretenda cuidar al sector de la salud” y que el proyecto de testeos masivos “no respondían a ningún criterio epidemiológico”.

La modalidad clínica epidemiológica, es cierto, fue validada como una ampliación de criterio para registrar los casos positivos de coronavirus. Sucede que el problema es de fondo: versiones de colapso del sistema en el interior y demoras o suspensiones imprevistas de reuniones ampliadas de legisladores con el Comité Operativo de Emergencia completan el panorama. Los estudios PCR son un tiro por elevación.

Gustavo Orozco, que no cumplió su palabra de tomar licencia para enfrentar el juicio por torturas y apremios ilegales que tiene en su contra tras su paso por la Policía, dijo que el proyecto abarcaba una parte que merecía ser tratada en profundidad. El diputado de Rosario de la Frontera olvidó que se podían constituir en Comisión y excluir ese artículo.

Sobre el tema: El diputado Orozco pedirá licencia para enfrentar juicio por torturas y apremios ilegales

Desde la oposición achacaron una falta de conducción del presidente del cuerpo Esteban “Tuty” Amat Lacroix e insistieron en que deben acudir al diálogo con los bloques para adoptar medidas que tengan respaldo efectivo de la población y los distintos actores. Ponen de ejemplo el apoyo al pedido de créditos a Nación que acompañaron días atrás.

Además, huelga decir que los legisladores no están muy contentos con la ministra Josefina Medrano. La exposición que realizó la titular de la cartera sanitaria fue calificada de “pobrísima” y los pedidos de informe habrían llegado en las últimas horas a manos de diputados.

Antes: “Pobrísima intervención”: Diputados criticaron la exposición de la ministra de Salud

Por último, el avance de proyectos en que se instituyeron el Día del Peregrino (15 de septiembre) y el del Inmigrante Italiano (3 de junio) coronó la escenografía: legisladores de una provincia esquivando al debate en materia de crisis sanitaria, laboral y económica y avalando medidas de ese calibre. Las burlas llegaron a medios nacionales.

La diputada Valeria Fernández (dpto. San Martín) consideró que no era momento de dedicar tanto tiempo a proyectos que en definitiva no son los que demanda la gente ya que “necesita otro papel de los legisladores. En Radio Nacional calificó la sesión como “frustrante”, justo cuando en el interior se apresta a incorporar el tratamiento (no curativo) a pacientes con Covid-19.

Recalculando

No se sabe cómo tomó Gustavo Sáenz el impacto de la posición que tuvieron en Diputados sus soldados. Pero rápidamente anunció una “conferencia de prensa”- informada a la prensa 20 minutos antes- en la cual dispuso la equiparación salarial de trabajadores de la salud con contratos precarios y sin estabilidad.

La medida fue celebrada por cierto espacio de ATE, que consideraron fue un importante paso en la lucha que mantienen hace varios años. No obstante, hay quienes señalan que son solamente parches que además de llegar tardíamente no solucionan la cuestión estructural. Como sea, sí fue una medida aliciente entre tanta malaria.

De igual forma el Senado tuvo que remediar las críticas al oficialismo por su rol en la Cámara baja. Así fue que aprobó un proyecto de declaración para solicitarle al Ejecutivo que realice testeos masivos a personal de salud y de seguridad.

Además, la Cámara Alta resolvió girar a legisladores nacionales un pedido para que intervenga la Administración Nacional ante el recorte de cobertura de las obras sociales respecto al coronavirus. El Ejecutivo provincial lo hizo recién ahora, cuando ya se cuentan muertes que podrían haber sido evitadas.

Otro intento de «autocrítica» provino de la ex titular de la ANSES durante el macrismo, la diputada Laura Cartuccia. “Entiendo que sí, que la Cámara debe tener otro tipo de perspectiva y otro tipo de rumbo, distinto. Estamos ante una situación sanitaria grave y en una crisis económica y social, por lo cual creo que obviamente hay proyectos que tienen que tratarse de otra manera”, dijo en Aries.

Pirulo de cierre

Si la actividad parlamentaria venía siendo cuestionada “bajo poncho”, sin muchos revuelos, la escaramuza por el posicionamiento en Diputados sobre el proyecto de testeos masivos levantó polvareda. Y puso en la lupa de la ciudadanía el rol de tantas personalidades que llegaron a sus bancas prometiendo trabajo arduo y vislumbrando una participación que no está a la altura de las circunstancias en épocas de crisis superpuestas.

Hasta ahora no se sabe siquiera el plan económico, productivo, ambiental, tecnológico, social, educativo y cultural que piensan en Finca las Costas. Sólo se dejó entrever un compromiso para pagar deudas de la gestión Juan Manuel Urtubey con tasas que llaman la atención su benevolencia en comparación con otras provincias (rondan el 9%). Por supuesto que, con las cuentas alicaídas, lo hicieron con pedidos de más préstamos. También se coló un pedido del Ejecutivo por USD 20 millones para refaccionar el hospital San Bernardo que, aunque racional sea tomar deuda para invertir en salud generando trabajo, encendió el reclamo de legisladores del interior profundo, allí donde la pobreza es estructural.