Bettina le pide la renuncia a Cristian Gribaudo, procesado por tala ilegal de palo santo
Funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Gribaudo, y concejales recorrieron el Relleno Sanitario San Javier - 2020
La intendenta capitalina le soltó la mano al Subsecretario de Política y Control Ambiental procesado por la Justicia Federal. Es por la causa de tala ilegal e intento de contrabando que alcanza a otros ex funcionarios y empresarios. Los detalles de la causa.
La intendenta de Salta Capital, Bettina Romero, le pidió la renuncia al Subsecretario de Política y Control Ambiental de la comuna Cristian Gribaudo, según confiaron fuentes oficiales a BUUFO.
Gribaudo es uno de los procesados por el juez federal Sebastián Casanello en la causa por tala ilegal y contrabando de palo santo y otras maderas (lapacho rosado, urundel, petiribi y más). Una actividad realizada mediante la explotación laboral de miembros de las comunidades originarias del interior salteño: según consta en la resolución judicial, les pagaban con alimentos a cambio del trabajo.
El expediente permanecía dormido desde 2014 y Casanello reactivó la causa, que ahora repercute en los pasillos del Centro Cívico Municipal.
Fuentes de la Municipalidad explicaron a este medio que Gribaudo es un funcionario heredado de la gestión anterior, a cargo del hoy gobernador Gustavo Sáenz, y que desconocían las fechorías en las que habría estado involucrado.
Tras los procesamientos, Gribaudo había solicitado una reunión con la intendenta Romero y la jefa de gabinete Agustina Gallo. Fue tras ese encuentro que la titular del Ejecutivo le pidió la renuncia, según pudo reconstruir este medio.
La causa
Días atrás se conoció que el juez federal Sebastián Casanello procesó a ex funcionarios de Medio Ambiente de la Nación y de la Provincia de Salta como así también a empresarios forestales por la tala ilegal de bosques para exportar palo santo. Actividades que se realizaron a través de la explotación laboral de integrantes de los pueblos originarios. El magistrado les trabó un embargo de 430 millones de pesos. La causa data al 2014 y permanecía «cajoneada».
El magistrado encontró evidencias de “acción coordinada entre privados y funcionarios para obtener y utilizar la documentación relativa al desmonte autorizado con el objeto de comercializar e intentar exportar una exorbitante cantidad de madera de ´palo santo´ proveniente de la tala clandestina”.
Fuentes judiciales detallaron que los empresarios exhibieron una autorización legal para ejecutar el desmonte para siembra y pasturas de una finca en Orán, la cual incluía la exportación en el mercado internacional de palo santo. Sin embargo, el desmonte nunca se realizó. Al menos en esa hacienda. Es que con esa misma documentación se intentó sacar la madera que había sido talada de un lugar desconocido y que, por lo tanto, se hizo en total clandestinidad.
El valor de la exportación que intentaron los empresarios procesados supera los 20 millones de pesos.
La empresa Tierra Vasca SA había sido autorizada, en mayo de 2013, a cambiar el uso del suelo en una superficie total de 4.555 hectáreas de la Finca Las Colmenas. Pero los empresarios talaron otros bosques, lo cual fue corroborado por imágenes satelitales. La carga era de 1.282,30 toneladas de madera de palo santo.
«No se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio. A través de la maniobra desplegada se habría buscado otorgarle cobertura legal, por medio de la utilización de un permiso de desmonte emitido por la autoridad gubernamental, a la actividad de tala y extracción de palo santo desarrollada en sitios no autorizados, con el fin de proceder a su posterior comercialización en el mercado exterior», precisa la resolución de Casanello.
Además de los delitos mencionados, se detectaron maniobras referidas al pago de sobornos. Información extraída de los correos electrónicos que circularon entre los procesados.
El procesamiento de la Justicia Federal por intento de contrabando alcanza a los empresarios Claudio Domínguez y Elvio Ciganotto (de las firmas Regional Wood SA y Tropical Bushes SRL); a Zhang Yanchao y Silvana Logiudice (de la firma Winner International SRL); a Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corveto y Melisa Esperanza Piceda (de la firma Entrecomex Global Service SRL).
También deberán enfrentar cargos los ex funcionarios Gustavo Paul (Secretario de Ambiente de Salta), Natalia Rangeon (directora de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta y ex integrante de la firma Tierra Vasca), y Eduardo Álvarez (coordinador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la Nación). Y completan la lista Jorge Pocovi, Hugo Rolando Girón, Pablo Gabriel Isa y el mencionado Cristian Gribaudo.
Según publica el medio internacional CNN, varias de las defensas de los procesados esperan que la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revoque la decisión del juez Casanello, tras apelar el fallo.
Gustavo Paul se había desempeñado como ingeniero forestal en Tierra Vasca SA. en 2007 y luego fue funcionario de Ambiente de la Provincia. Quien se presentó como apoderado de la empresa ante el Gobierno fue Gribaudo, quien en 2007 había sido funcionario de Ambiente de Salta y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos.
Ni Gribaudo ni Rangeon, quienes se desempeñaron de los dos lados del mostrador (en la empresa involucrada y luego en el Estado), se excusaron de participar en la aprobación de los documentos para talar los árboles.
