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Bettina apunta contra Aguas del Norte y el Ente Regulador por la prestación del servicio

Bettina apunta contra Aguas del Norte y el Ente Regulador por la prestación del servicio

La Municipalidad presentó un amparo colectivo con el objetivo de que el Poder Judicial ordene medidas para garantizar el acceso al agua potable de la ciudadanía. Que dice la demanda contra AdN y el Enresp a la que accedió BUUFO.

Aguas del Norte tuvo que enviar camiones cisterna a los barrios por la crisis hídrica - Archivo

La Municipalidad de Salta ha presentado un amparo colectivo en contra de Aguas del Norte y del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) “por lesionar el derecho convencional y constitucional del acceso al agua como derecho de incidencia colectiva y el derecho a la salud y un medio ambiente sano”.

El reclamo fue impulsado por la intendenta Bettina Romero a instancias del procurador general Ramiro Angulo y con el patrocinio de las abogadas María Soledad Zambrano Achaval y María Emilia Calmenaje, subsecretaria de Defensa del Consumidor.

La presentación señala que están involucrados derechos individuales homogéneos afectados a un conjunto poblacional y aclara que no se persigue como objeto una indemnización por daños. Recayó ante el juez en lo civil y comercial Marcelo Domínguez, quien hizo lugar al amparo.

Con la demanda buscan una medida cautelar que intime a la prestataria del servicio a elaborar- en 5 días hábiles- un protocolo de asistencia. Dicho protocolo debería comprender algunos puntos tales como:

  • Reparto de agua en camión cisterna- sistema convencional- o bidones de agua potable o en su defecto agua envasada en sachet – sistema no convencional-, cuya calidad sea  compatible a disposiciones del Art. 982 del Código Alimentario Nacional. Todo, en la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades básicas de consumo, higiene personal, limpieza y cocción de alimentos, en una ración no inferior a doscientos (200) litros por día y por casa;
  • Diseñe e implemente, en un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, un protocolo de actuación para responder, ágil y eficientemente, a la emergencia producida por la falta total de prestación del servicio de cloacas a los barrios que todavía no cuentan con este servicio, decretando se destinen camiones atmosféricos de la empresa, con capacidad suficiente para vaciar la totalidad de pozos ciegos existentes donde se vuelca la materia fecal, como así, para el desagote de Cámaras sépticas;
  • Se implemente en el plazo de cinco (5) días hábiles, una campaña de información para la concientización de las y los vecinos que, de manera inmediata, veraz, suficiente y adecuada, informe a los habitantes del barrio, las consecuencias y riesgos, principalmente en niñas, niños y adolescentes y mujeres adultas mayores, a las que se encuentran expuestos por enfermedades hídricas, consecuencia de la toma y uso para distintos usos de agua no apta para consumo humano;

Asimismo, el amparo solicita que se le ordene a la empresa la realización de obras estructurales de extensión de redes para proveer el servicio a los barrios que no cuentan con agua potable y también por el recambio de cañerías y desagües cloacales “dentro de un plazo razonable, a su costa y cargo a la totalidad de los usuarios”.

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En otro punto de la presentación a la que accedió BUUFO se pide que el Gobierno de la Provincia “destine las partidas presupuestarias suficientes” para realizar “las obras necesarias para cumplimentar la cobertura 100% de servicio de agua y cloaca”. Y que la empresa rinda cuentas de los montos presupuestarios que se hayan cobrado a vecinos detallando las inversiones.

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La demanda justifica la intervención citando jurisprudencia de la Corte Suprema y señalando que la normativa local legitima a la Municipalidad “para representar al grupo” como “garante de los intereses individuales homogéneos de todos los vecinos en sus mas de 300 barrios, como usuarios del servicio de agua potable y de cloacas”.

Sobre la empresa que preside Luis María García Salado el amparo señala que la “deficiente y mala prestación” del servicio “lesiona el derecho de acceso al agua, que es un derecho humano” lo que pone en riesgo “la salud publica y el medio ambiente”. Ya a mediados del 2021 el exjefe de gabinete municipal habia admitido que «el 55% del agua que ingresa a las redes se pierde» por la precariedad del sistema.

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A lo largo del escrito menciona reclamos concretos de vecinos de distintos barrios e incluye, además, una cita de cuando el Concejo Deliberante «con el Intendente de la Ciudad de Salta Dr. Gustavo Saenz solicitó el 11 de octubre del año 2017 al Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta que sugiera al gobernador Juan Manuel Urtubey la rescisión de la concesión otorgada a la empresa CoSAySa por la mala prestación del servicio».

En tanto que el involucramiento al Enresp se fundamenta “en responsabilidad solidaria” por “omisión al cumplimiento de sus deberes de control y tutela efectiva”. De manera tal que solicitan que el organismo a cargo de Carlos Saravia presente las sentencias que hubieran recaído contra la demandada y si se realizó un control efectivo del cumplimiento.

Siguiendo esa linea, también la Municipalidad recuerda que «se han elevado oportunamente las actuaciones administrativas derivadas de las audiencias conciliatorias» para que el Enresp se expidiera «pero tales presentaciones solo fueron respondidas de manera evasiva a los usuarios, limitándose a respuestas generales, sin arbitrar medidas necesarias para garantizar de manera efectiva y directa una solución a la grave y deficiente prestación del servicio de la que resulta también responsable por recaer en tal organismo el deber de verificar los motivos por los cuales el servicio resulta deficiente».

La presente acción se plantea en resguardo del derecho humano de acceso al agua como derecho de incidencia colectiva, a la salud y a un ambiente sano, como consumidores y usuarios principales del servicio público de aguas y cloacas, ello debido a que la mala prestación del servicio que reviste el carácter de “crónica” implica un riesgo sanitario que afecta los derechos que se deben tutelar y la salud pública”, se advierte en el escrito de 31 paginas.

Angulo explicó: «Habíamos agotado las instancias de dialogo y también las multas que le hemos impuesto desde el Tribunal de Faltas sin ningún tipo de respuestas. Entonces, en defensa de los ciudadanos se decidió interponer esta acción de amparo colectivo a la cual ha hecho lugar el Juez fijando un precedente muy importante porque nunca antes a un Municipio se le dio lugar para que pueda representar al conjunto de vecinos que están sufriendo el deterioro de sus derechos o de la inacción por parte de algún órgano estatal”.

En cuanto al proceso judicial, el Procurador General de la Municipalidad dijo que se ha corrido traslado al jefe de fiscales Pedro García Castiella para que determine el alcance de representatividad del amparo; en el Centro Cívico Municipal consideran que representan a la totalidad de la ciudadanía.

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