Argentina legaliza el aborto voluntario: así votaron representantes por Salta

Se aprobó con 38 votos positivos y 29 negativos. “Los celestes” anuncian judicialización, mientras el Gobierno celebra triunfo político.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención de Carlos Snopek y cuatro ausentes: Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, Jorge Alperovich y Clara Vega.

La votación fue de madrugada, tras 12 horas de discusión. Si bien las proyecciones previas a la sesión marcaban un virtual empate o mínimas diferencias a favor de una postura u otra, el resultado terminó siendo más holgado.

De las tres bancas nacionales por Salta, 2 de ellas se inclinaron a favor y una en contra. En el primer grupo se anotan Sergio “Oso” Leavy y Nora Del Valle Giménez, ambos del Frente de Todos; mientras que la negativa fue de Juan Carlos Romero de Juntos por el Cambio.

Quizás la sorpresa haya sido Leavy, quien votó en contra hace dos años, cuando era diputado nacional, y ahora figuraba como “dubitativo”. Finalmente, la reunión con el presidente Alberto Fernández terminó logrando que el salteño acompañe la medida.

Además, las senadoras Stella Olalla (Entre Ríos) y Lucila Crexell (Neuquén) optaron por apoyar el proyecto de ley, siendo que no habían definido su postura públicamente antes de la sesión. De igual manera lo hicieron Alberto Weretilneck (Río Negro) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), otros que sembraron incertidumbre.

Hubo semanas de negociaciones y acuerdos para modificar un aspecto de la ley cuando el Ejecutivo la reglamente que permitieron la victoria parlamentaria con mayor diferencia. Por lo tanto, se podría decir que es un triunfo del oficialismo que envió la ley y cosechó los votos necesarios para su aprobación, con lo cual cumplió una promesa de campaña electoral.

A través de su cuenta de Twitter, Alberto Fernández señaló: “Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”.

“Era una demanda histórica del movimiento de mujeres, y luego de que en 2018 nos habíamos quedado con un sabor amargo por no haber conquistado la ley, lo que vivimos esta madrugada fue una gran revancha histórica, porque más temprano que tarde, era un derecho que íbamos a conquistar”, celebró Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

De igual manera se manifestó la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien sostuvo: “Es un logro de muchas décadas, de muchas mujeres, y hoy la política se hizo cargo de esta demanda”.

En cambio, desde el sector “celeste” se anunció que intentarán voltear la ley por la vía judicial. “A lo largo y ancho de la Argentina se presentarán recursos hasta que un juez la declare inconstitucional”, anticipó la radical Silvia Elías de Pérez.

Los principales puntos de la ley, resumidos por Télam

  • Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
  • La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos
  • El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.
  • Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
  • En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.
  • Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».
  • Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
  • Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
  • El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.
  • En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.
  • El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.
  • Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.
  • En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito.
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