Aprueban el protocolo para uso de celulares en las cárceles de Salta

Lo elevó el Ministerio de Seguridad tras la orden judicial. Teléfonos y chips registrados, listado de contactos y monitoreo de llamadas: los detalles de la medida.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad de Salta presentó el protocolo para uso de teléfonos celulares en las unidades de detención de la provincia. Estará vigente mientras dure la pandemia de Covid-19 o hasta que la Corte de Justicia revoque la sentencia del juez Eduardo Barrionuevo que así lo dispuso.

Si bien el fallo judicial tuvo lugar en octubre del 2020 tras un hábeas corpus correctivo y colectivo presentado por el abogado Mario Juliano de la Asociación de Pensamiento Penal, el protocolo se hizo efectivo el viernes último. Antes, la Provincia apeló el fallo judicial e intentó «tergiversar» al mismo, según dijo a este medio el propio juez Barrionuevo. Sin embargo, las personas privadas de su libertad ya podían solicitar el permiso para ingresar los aparatos.

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El fallo judicial autorizó a quienes se encuentran alojados/as en el sistema carcelario provincial a utilizar celulares por al menos 8 horas semanales para comunicarse con familiares. Se distribuirán en cuatro días y por un lapso no mayor a dos horas diarias. Y si hay casos de indisciplina grave se le puede vedar temporalmente el ejercicio a este derecho, siguiendo las pautas del sistema carcelario.

Cada persona debe elevar pedido por escrito, el cual es evaluado por el Juzgado de Ejecución, y también cotejar un listado con los contactos avalados para establecer la comunicación (nombre, apellido y teléfono). No podrá eliminar el registro de llamadas y personal del Servicio Penitenciario debe mantener en custodia el aparato hasta que llegue el momento de su uso. La utilización se llevará adelante en un lugar cerrado para evitar posibles filmaciones al sistema de seguridad. Las familias son las que deben proveer el celular a las PPL y pagar la línea. Se hará un registro del chip y de la línea. Además, el protocolo no permite el uso de la cámara ni el uso de memorias externas, adaptadores, “pendrive” y otros dispositivos de almacenamiento.

BUUFO entrevistó al magistrado salteño de la Sala II del Tribunal de Impugnación que falló a favor de la presentación de la APP y, por ende, de las PPL. “La privación de libertad tiene por finalidad constitucional la seguridad y no el castigo. Eso implica que las restricciones tienen que ser a la libertad ambulatoria y no al resto de las relaciones humanas y familiares o proyectos educativos”, comienza explicando Barrionuevo al otro lado del teléfono.

En algunas situaciones no se contaba con teléfonos públicos funcionando y en promedio el cálculo daba un teléfono público por cada 150 o 170 internos”, detalló el magistrado a este medio. Y luego citó algunos de sus fundamentos para autorizar el acceso a la comunicación de presos y presas con sus familiares (ver aparte).

Instagram did not return a 200.