Anta: abogado de Dantur dice que Simesen de Bielke mintió para hacerse del celular

El procurador Abel Cornejo y la fiscal Simesen de Bielke - Foto Archivo

También respaldó a los jueces Martini y Guzmán. La fiscal penal de Derechos Humanos redobló apuestas y sostuvo que en Anta hay obstáculos para investigar el narcotráfico porque «el poder lo tienen el cura, el comisario, el intendente».

El abogado Ricardo Albornoz, defensor del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, aseguró que la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke «mintió» para hacerse del teléfono celular privado como si fuera uno oficial. El contenido hallado en el aparato derivó en el desplazamiento de Dantur al frente de la Delegación del Ministerio Público Fiscal de ese municipio de Anta y un sumario: le sindicaron filtrar información al comisario Walter Mamaní, imputado por privación ilegítica de la libertad en contra de Luciano Diez, un joven del sur provincial.

Al ser consultado por El Tribuno acerca de si considera que «se trató de una treta para sacarle el teléfono privado a Dantur» por parte de la fiscal, Albornoz dijo: «No solamente nosotros, sino también el juez de garantías de Anta Héctor Sebastián Guzmán, primero, y después el juez del Tribunal de Impugnación Luciano Martini«. Estos magistrados, dijo, habían resuelto días atrás la anulación a la imputación «por estar basada en correspondencia confidencial» (Guzmán) y el pedido de apartamiento de Simesen de Bielke por posibles delitos (Martini). La fiscal Mónica Poma archivó estas últimas actuaciones.

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«Si el juez Martini no hubiera rechazado y actuado como actuó se hubiera sentado un gravísimo precedente. Martini rechazó una pretensión ilegal en el marco de una investigación porque hizo primar una garantía que es constitucional. Si Martini no la rechazaba el día de mañana un fiscal, sin orden judicial, puede intervenir los teléfonos de cualquier ciudadano sin orden judicial. Esa potestad en manos de un órgano acusador es peligrosísima», subrayó Albornoz.

Por su parte, Simesen de Bielke dijo a La Nación: «En esta zona del departamento de Anta nos cuesta muchísimo investigar. En la causa de Mamaní tuvimos un montón de trabas, de presiones políticas. Me amenazaron y dijeron que algo iba a pasar. Sufrimos una serie de embates a los que les debimos hacerle frente. Esta es la situación actual».

«En esta zona circulan muchos camiones desde Paraguay y Bolivia, y es fuerte la presunción del tránsito de droga. Es difícil investigar allí porque el poder lo tienen el cura, el comisario, el intendente. Creo que con la apertura de los teléfonos se encontrarían otros elementos. Este caso es la punta de un ovillo. Hay cosas que podemos encontrar e involucrar otras situaciones. Esto sucede cuando la política se mete en el sistema judicial y no tenemos independencia para investigar con las garantías necesarias», agregó la fiscal en la nota titulada «Drogas. Investigan el vínculo de un comisario con bandas que acopian cocaína«.

Mientras que el Procurador General, Abel Cornejo, denunció días atrás posible connivencia entre Dantur y Martini «por la repercusión en la investigación y dilucidación del caso concreto» y pidió que se investigue la posible comisión de los delitos obstrucción a la justicia y de violencia institucional de género, amenazas o coacción agravada, en perjuicio de la fiscal Simesen de Bielke.

Cornejo sostiene que «hubo una suerte de andanada tendiente a generar confusión en la opinión pública y a intentar plantear el asunto como u conflicto de poderes, cuando en realidad de lo que se trata de es una investigación penal por delitos graves, en la cual, uno de los eventuales responsables, valiéndose de su función pública, intenta desestabilizar la pesquisa, a quien la llevó a cabo y a la institución a la que pertenece”.

El caso

La causa original se inició la madrugada del 28 de junio cuando Walter Mamaní y otros efectivos policiales a su mando persiguieron a los tiros a Luciano Diez, lo arrestaron y le propinaron un trato hostil, denunció el joven ante la Fiscalía de Derechos Humanos.

Más adelante, los policías intentaron fraguar la investigación doblando la chapa patente de la camioneta de Diez, lo cual quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda. Las hipótesis que podrían surgir son dos: que quiso manipular la patente para respaldar sus declaraciones de un supuesto choque para evadir un control policial y, con ello, asentar las huellas de “su gente”; o bien fabricar una excusa para la alocada persecución que desató aquélla madrugada.

Como sea, a raíz de ello se supo que Dantur habría filtrado información de la causa a Mamaní a través de mensajes. El nick name del teléfono que sería del auxiliar fiscal, dijeron desde el Ministerio Público, era «Aurelio Casillas», un símil del narcotraficante conocido como «El Señor de los Cielos» y que dialogaba con el contacto «Com.Mamani».

“Walter como estás, me estoy yendo a Salta, bueno lo veré el domingo, cualquier cosa que pase avísame, te encargo, y si querés venir a ver las actuaciones, yo las tengo en mi escritorio, decile a Seba que te de la llave y a la mierda, quédate tranquilo, compulsa como quieras, sino ya nos vemos el lunes o el domingo a la noche”, fue uno de los mensajes hallados en el teléfono de Dantur.

Antecedentes

El oficial Mamaní, hoy apartado de la fuerza, fue quien «encontró» los proyectiles con los que supuestamente se asesinó a las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en 2011, halladas en la Quebrada de San Lorenzo.

El por entonces jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía, Néstor Píccolo, sugirió en un informe que esos proyectiles podrían haber sido colocados en el lugar. El abogado Marcelo Arancibia, defensor de Daniel Vilte Laxi, leyó el estudio en Tribunales, pero Mamaní adujo que no tenía conocimientos de ese informe. Píccolo se suicidó apenas tiempo después, según su pareja, por las presiones del poder político.

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